El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado hoy en el pleno del Congreso que se han denegado ayudas y subvenciones a 46 personas en el marco de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, "por pertenecer al mundo de ETA". Fernández Díaz ha respondido así a una pregunta de la diputada de Amaiur Maite Ariztegi sobre si considera que todas las víctimas son una prioridad para el Gobierno.
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Estado de Derecho lo llaman.
Pero mucho me temo que...
...en ese caso el dinero no iría a las víctimas, sino que se lo queda el estado para si.
...muchos que ni siquiera tengan que ver con ETA también estarán sin indemnización, porque el GAL atacó a mucha gente ajena a ETA.
Y también me temo otra cosa: que para algunos "ser del entorno de ETA" sea cualquier persona que prescinda de votar al PSOE o al PP.
Entonces las 46 víctimas estarán en prisión o en busca y captura ¿no? Porque en caso contrario o está prevaricando por no juzgarlas o está mintiendo por acusarlas de pertenecer a ETA sin pruebas ni sentencia que lo avale
#7 por tener tiene varios nombres, pero quedémosnos con el legal, para evitar palabrotas
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Tras tener conocimiento el pasado año de que el Gobierno español estaba actuando de esta manera, Lehendakaritza encargo un informe al Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la UPV-EHU. Dicho documento, firmado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y por la doctora en Derecho Penal Ana I. Pérez, sostiene que este proceder del Ministerio del Interior «resulta claramente contrario a la tutela judicial, al principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de legalidad desde su perspectiva procesal, así como la división de poderes en que se fundamenta el mismo».
Pero el Instituto Vasco de Criminología va más allá y sostiene que la violación de los derechos fundamentales de estas víctimas son de tal gravedad y resultan tan suficientemente demostrados «que podría ser de aplicación el delito de `prevaricación administrativa'», que prevé una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria».
El Ejecutivo de Lakua tuvo conocimiento de que varias de estas personas se habían puesto en contacto con la Dirección de Víctimas para exponer que se les estaban denegando las indemnizaciones o el abono de la diferencia restante cuando se determinó un aumento de las cuantías. La justificación para ello era la introducción en 2012 de una modificación legal que hace referencia a los convenios europeos.
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Más llamativo resulta el caso de una persona muerta por el BVE en Hernani en 1980, que solo aparece como simpatizante de HB en las crónicas de la época, y que quienes le mataron identificaron en el juicio como «persona de ideología abertzale». Ahora, 32 años después, un informe de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha de 12 de diciembre de 2012 sostiene que «la víctima estuvo vinculada con la organización terrorista ETA». Y contra el recurso se añade que «la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Interior confirma la condición de miembro de ETA». El Instituto Vasco de Criminología considera «absolutamente inadmisible en derecho» y que «rompe gratuitamente la necesaria separación de poderes democráticos» que un mero informe policial pueda sustituir a una sentencia firme.
Por otra parte, sostiene que esta reforma legal en ningún caso puede ser aplicada con carácter retroactivo a personas que ya tenían el reconocimiento oficial de víctimas con anterioridad a 2012."
gerindabaibi.blogspot.com.es/2014/03/interior-estaria-prevaricando-par
Iñaki Iriondo, en GARA
Y nadie quiere ofender a las victimas aunque con ello se ofenda a las victimas del terrorismo.