El Gobierno comprará hasta un 10% del capital de Telefónica y pasará a ser su primer accionista. Una inversión de en torno a 2.000 millones de euros que tiene varios objetivos estratégicos que van mucho más allá de lo económico porque tiene todo tipo de implicaciones políticas, incluso ideológicas. Se trata de esa operación requiere análisis desde varios planos:
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