La primera investigación de la Fiscalía fue por los 65 millones de euros que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí como comisión a cambio de que Juan Carlos I mediara para que las empresas españolas que construyeron el AVE a la Meca aceptaran una rebaja substancial en el precio de las obras. Juan Carlos I retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de la cuenta de Corinna Larsen donde acabaron camuflados los 65 millones, para sufragar gastos no declarados de toda la familia real; investigación abocada al archivo por la inviolabilidad.
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Por tanto lo de menos es la delincuencia de Juan Carlos I. Lo verdaderamente grave es que la monarquía es una institución diseñada para secuestrar el gobierno de España y permitir que aniden en él la delincuencia y la corrupción, impidiendo que el pueblo trabajador pueda, a través de unas elecciones democráticas, expulsar de la jefatura del Estado al Borbón ladrón y delincuente en favor de alguien menos ladrón y delincuente, e impidiendo que los tribunales de Justicia obliguen a los Borbón a devolver o compensar lo que pudieran querer robar.