Por primera vez en España la contratación pública incluirá como un aspecto básico de valoración el periodo medio del pago a proveedores y los morosos serán penalizados en las licitaciones del Estado. La disposición está orientada a la defensa de las pymes, que son las que trabajan como subcontratistas en muchas de las principales adjudicaciones públicas y que constituyen la parte más débil en la cadena de relaciones con sus clientes, las grandes compañías beneficiarias de los concursos.
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Tiembla Florentino, tiembla
-Una obra sale a licitación.
-La constructora echa cuentas y saca que hacerla cuesta 4000.
-Presenta una licitación por 2800. Obviamente gana, con ese precio tan competitivo.
-Hace la obra y, obviamente se gasta 4000.
-Invoca sobrecostes, y la administración se los reconoce sin que pase nada. La obra acaba costando los 4000 que desde el principio sabían que iba a costar.
-¡Profit para el licitador tramposo!
Tasando los sobrecostes aceptables (accidentes, cambios de condiciones requeridas, información de partida mal suministrada por la propia administración), y los no aceptables (cambios en el mercado de materias primas, errores técnicos del adjudicatario), se acabaría con tanto mamoneo que hay con los costes de las obras.
Déjame que adivine si esta nueva ley dice algo en ese sentido... no, ¿verdad? Me lo imaginaba.