Varios grupos de presión de la industria de la UE están a punto de recibir nuevamente el privilegio de decidir cómo deben utilizarse 9.600 millones de euros de fondos públicos de investigación de la UE (el 10 por ciento del presupuesto total de investigación de la UE para 2021-2027), en áreas de investigación tan esenciales como sanidad, transporte, energía, procesos de fabricación basados en biomasa o infraestructuras de TI. Sin embargo, experiencias anteriores han demostrado que esto permite que las empresas capten los fondos...
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El sector público es el único que paga estos costes y, a veces, dos veces (como en el caso de la joint venture Key Digital Technologies, en la que los estados participantes deben pagar una considerable suma de 1.700 millones de euros además de los 1.800 millones extraídos del presupuesto de la UE).
Instamos a los estados miembros de la UE a enmendar la regulación para detener esta rapiña corporativa de la política y los fondos de investigación de la UE: si bien puede ser legítimo consultar a la industria al desarrollar planes de investigación, otorgar a la industria la principal influencia sobre la programación de estas asociaciones de investigación a un costo casi nulo. para ellos no puede ser una forma inteligente de utilizar valiosos fondos públicos de investigación.