Según el último barómetro fiscal publicado por el CIS, con datos del pasado verano, el 95% de los ciudadanos piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal. Y esta opinión es refrendada por los diversos informes que desde hace unos años se vienen publicando al respecto, coincidiendo todos en que el volumen de economía sumergida, con el correspondiente fraude fiscal que conlleva, se sitúa en España en una cifra superior al 20% del PIB.
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Los defraudadores tienen poderosos representantes en el Congreso. Asi que, si tal pacto tuviera lugar, no sería más que mero postureo.