La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por violar el derecho al ambiente sano. Es por el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que estaba en manos de la empresa estadounidense Doe Run. La sentencia marca un antecedente jurídico importante para otras comunidades y podría aplicarse a todos los países de América Latina y el Caribe.
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