La diputada de JxCat Míriam Nogueras ha respondido este jueves a las críticas Gabriel Rufián por las actuaciones de los Mossos d'Esquadra en desahucios: "Comparar a los Mossos con el ataque de la Policía española durante el referéndum no es solo injusto, sino que hacerlo por puro cálculo electoral es inmoral y miserable". Nogueras ha respondido así a Rufián, que ha pedido en la misma red social que el conseller de Interior, Miquel Buch, dé explicaciones en el Parlament por actuaciones de los Mossos d'Esquadra en desahucios.

Los afectados son un matrimonio con tres hijos al que le pedían un aumento del 30% del alquiler tras el vencimiento del contrato. El desalojo motivó un polémico campaña en la que dirigentes de Podemos señalaban con nombre y apellido a la propietaria de la vivienda. El sindicato de inquilinos denuncia el aumento de desalojos por parte de particulares: "Son los que están manteniendo la burbuja".

El Sindicato de Llogateres lleva meses denunciado que esta mujer «es una multipropietaria que juega con la especulación». Según la información de este colectivo, es dueña de siete inmuebles y varias plazas de garaje.

"Exhumado Franco, ahora a por el patrimonio, a por el de este sucedáneo de realeza y a por el de todos aquellos que hicieron su fortuna al calor de sus crímenes. Hemos comenzado el camino de la dignidad, no vamos a parar ahora".

Soy UTBH y en este vídeo hablo sobre el señalamiento por Redes Sociales, por parte de algunas de las principales cabezas visibles de Unidas Podemos, de una particular que arrendaba una vivienda a una familia en el barrio de Gracia en Barcelona. Sobre la responsabilidad de ostentar un cargo público, el poder, el bullying y esta izquierda estética que nos toca sufrir.

Concejala de vivienda de Podemos en Castellón deshaucia a una persona con problemas. Vídeo de Formación Obrera.

La Fiscalía de Madrid solicita 23 meses de prisión para la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en unos altercados ocurridos durante un desahucio de una vivienda del barrio madrileño de Lavapiés en enero del 2014. El Ministerio Público reclama además a Serra 5.250 euros en concepto de indemnización a dos agentes de la Policía Municipal que resultaron heridos en esos incidentes.

Jordi, el propietario de la vivienda en la que se ha llevado a cabo el desahucio de la familia que defendió Irene Montero, ha entrado por teléfono en 'Espejo Público' para contar su versión y ha asegurado que es mentira que no quisieran negociar con los inquilinos y que además, les ofrecieron otro piso en un barrio diferente.

La titular del juzgado de Primera Instancia nº48 de Barcelona ha suspendido el desahucio de seis familias del bloque Llavors de Barcelona, que estaba previsto para el próximo lunes, 13 de enero, en aplicación del nuevo Decreto Ley 17/2019 de la Generalitat, en el que es el primer caso tras la entrada en vigor de esta nueva normativa el pasado 31 de diciembre.

Iglesias arranca a Sánchez que no haya desahucios a familias por impago de alquiler a "fondos buitre". Ésta es una reivindicación largamente abanderada por la facción morada, ahora en el Ejecutivo, y que causó graves tensiones entre los socios ya en la pasada legislatura. Se acordó en los Presupuestos no natos de 2019, firmados solemnemente en Moncloa por Sánchez e Iglesias, pero luego el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos se negó a atender lo acordado.

Los siete acusados de agredir e insultar a agentes de la Policía durante la ejecución de de un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid han aceptado ser condenados por esos hechos tras alcanzar un pacto con el fiscal. En ese procedimiento también fue imputada Isabel Serra, que, debido a su fuero como diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, fue juzgada por otro órgano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las autoridades policiales del régimen de Cuba desalojaron por la fuerza de una propiedad estatal a una cubana, madre de cuatro menores de edad, uno de ellos de tres meses que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida. Aylín Arjona había decidido ocupar el local deshabitado desde hace varios años en el municipio habanero de La Lisa, pues en medio de la pandemia por coronavirus en la Isla temía por la salud de su familia, además con la crisis de la COVID-19 “no hay alquileres”.

La crisis económica y social desatada por el Covid19 en España muestra la cruda imagen de la pobreza en la que se han visto sumidos cientos de ciudadanos. Y esto podría empeorar con el paso de los meses, según advierten desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.668 en el primer trimestre, cifra un 20,8% superior la del trimestre anterior y un 9,3% por encima de la del mismo periodo de 2019, registrando así su primer aumento interanual tras 20 trimestres de descensos, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"¿Mami, nos echarán de casa?". Esta es la pregunta que hace cada día Camelia, una niña de 4 años, a su madre Rocío Pérez. Una pregunta que la madre solo sabe responder con sollozos. A pesar de cobrar una prestación y de llevar varios años en lista de espera para una vivienda social en L'Hospitalet de Llobregat, la familia no ha encontrado otra solución para tener un techo que ocupar una vivienda para no quedarse en la calle. Tras la pandemia, creían que su desahucio se suspendería. Pero no.

Este jueves, unos 200 activistas han logrado paralizar el primer desahucio en el área metropolitana de Barcelona en una pequeña victoria que anticipa la vuelta a la lucha para evitar nuevas expulsiones.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ampara a una pareja de okupas que se instaló en un piso de la localidad valenciana de Torrent que no era de su propiedad. Hasta que les identificó la Policía, seis meses después de que estuvieran allí, no tenían comunicación de la dueña de que quería que se marcharan. En definitiva, no se reunían todos los requisitos exigibles para que se considerase que la pareja había cometido un delito de usurpación de vivienda.

Grandes empresas, bancos y la derecha mediática llevan a cabo desde hace meses una agresiva operación contra la ocupación de viviendas, que estigmatizan a través de una campaña que busca infundir inseguridad y miedo en la ciudadanía. Lo hacen desde los medios, como demuestran los reportajes publicados en El Mundo y El Español, o mediante la cobertura alarmista y matutina del programa Espejo Público, de Antena 3.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que "en los próximos días" dictará una instrucción para todos los fiscales que aborde el tratamiento de la okupación, que considera un "fenómeno delictivo" que requiere "una acción específica", tras registrarse 7.540 okupaciones en el primer semestre, según los datos del Ministerio del Interior. Delgado ha añadido que pese a gozar de una respuesta "suficiente en el ordenamiento jurídico", algunos delitos requieren de "una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía".

En 1998 el gobierno de Aznar suprimía el artículo 5 de la Ley y el reglamento hipotecario, otorgando así a la Iglesia el poder de registrarse como propietaria de edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas, si a esto le sumamos que los obispos podían emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos, los populares haciendo gala de su cercanía al Opus ¿Qué consiguieron?

Cuando una persona o una familia es desahuciada porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca el viaje es de no retorno. Quedarse sin techo implica abrazar la exclusión, la pobreza. Si uno no tenía para pagar lo acordado mes a mes en el mercado libre... ¿cómo conseguir ahorros para la fianza y los meses por adelantado? ¿cómo adecentar la vivienda y hacer frente a las facturas? ¿cómo pagar ahora un alquiler con un precio similar al que propició el impago, primero, y la pérdida de la vivienda después?

El primer contrato indefinido que conserva, a nombre de su expareja, es del año 1986, contrato que ella subrogó en 1998. "Pagué siempre. Siempre. Ingresaba el dinero el día 1. Pero el impago de un mes, que yo sí pagué, pero él asegura no haber recibido, un error informático, dicen, veremos, empezó el proceso de desahucio", asegura. "No me puedo creer que me vayan a echar de mi casa por 300 euros. Que haya perdido mi contrato indefinido, que era mi tesoro, por 300 euros", repite incrédula.

Desahucio hoy en Barcelona a una familia con un abuelo con el 65% de discapacidad y un nieto de 7 años. Despliegue policial de 40 Mossos para echarlos a la calle en plena pandemia.

En torno a 4000 personas se han manifestado este sábado por el centro de Barcelona contra los desahucios. La manifestación se había convocado a raíz del desalojo policial violento de la Casa Buenos Aires del barrio de Vallvidrera y ha exigido el fin de todos los desahucios. Las pancartas de cabecera denunciaban: «No son desahucios, es una guerra contra los pobres» y exigía «Paremos todos los desahucios». Los manifestantes han denunciado que «no tolerarán» nuevos desahucios en la ciudad y han clamado contra la gestión de la pandemia.