No hay estadísticas oficiales, por lo que con los datos que manejan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las publicaciones de los medios de comunicación aseguran que al menos 55 personas se han suicidado en el Estado Español este año antes de ser desahuciadas. Para la PAH no se trata de suicidios sino de asesinatos, ya que dejar en la calle a una persona o familia sin alternativa habitacional es “abandonarla a su suerte“, puesto que cuando ser pierde la vivienda es imposible recuperarla y la vivienda social es escasa.

El desahucio de este jueves se ha llevado a cabo en medio de un gran despliegue policial, sobre las nueve y media de la mañana. Hace poco más de dos meses, el pasado 8 de marzo, se hizo un primer intento de desahucio en la Chanaz, y el 25 de abril otro, que acabaron deteniéndose. Aparte de los Mossos y un equipo del SEM, ha intervenido la comitiva judicial encargada de sacar adelante el desahucio, así como los servicios de mediación de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

María y David, una pareja joven que vive en Alcorcón, llevan un año con el contrato vencido después de plantarse, junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, ante las "subidas abusivas" del la renta de más del 30% que les impone la compañía.

Teniendo su contrato en vigor y pagado su alquiler durante años a una empresa quebrada cuyas propiedades han sido absorbidas por el banco malo, ni el juzgado, ni Sareb reconocen como inquilinas legítimas a las familias del bloque San José 54.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece un caso en el que no se puede desahuciar una vivienda que haya sido previamente ocupada de manera irregular. Esta resolución anula así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que autorizó el desahucio de una familia vulnerable con dos menores de edad, al considerar que no se comprobó "de forma previa y fehaciente las medidas de cautela necesarias para asegurar la debida protección de dichos menores".

El pianista James Rhodes se ha ofrecido a pagar dos años de mensualidades, pero la propiedad lo ha rechazado. Blanca Espinosa pagaba un alquiler de 191,8 euros mensuales hasta que se hicieron las obras, en el 2017. Después le incrementó hasta los 280 euros. Resistim al Gòtic acusa a la propiedad, que compró el piso en el 2012, de aprovechar la cuestión de las obras para intentar expulsar a la inquilina, dividir el piso y ponerlo a alquiler de temporada. Lo cierto, sin embargo, es que la propiedad tiene una sentencia judicial que le da la razón.

Respecto del decreto que modifica el subsidio de desempleo, el gobierno no acepta eliminar el recorte de cotización de los desempleados mayores de 52 años, por lo que Podemos no podrá dar su voto favorable