El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea. La cifra, que en función del desenlace de litigios aún en curso podría superar holgadamente esa cantidad, equivale a un 4% del PIB y a toda la inversión del Estado para 2022 prevista en los últimos Presupuestos, que este ejercicio se va a situar en una cuantía récord.

"Acogiéndome a mi derecho a oponerse, mi juramento del cargo es a la Constitución de EE.UU., no a una nación extranjera, y no importa cómo de compasiva sea la causa, mi juramento del cargo es a la seguridad nacional de EE.UU.", aseveró Paul en una sesión del Senado convocada para debatir el proyecto. "No podemos salvar a Ucrania condenando a muerte a la economía estadounidense", agregó. "Tenemos una gran inflación y el Congreso parece tener la única intención de aumentar ese dolor tirando más dinero por la puerta tan rápido como pueda"

Alemania asigna 40.000 millones de euros para el programa FCAS (sistema Aéreo de Combate Futuro). Se trata de un proyecto germano-francés destinado a desarrollar una plataforma de sexta generación, según ha informado 'Bloomberg'. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron discutieron la iniciativa germano-francesa, conocida como Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS), el pasado domingo 22 de enero en París.

Xaime da Pena es un abogado y empresario coruñés que acaba de encontrar su pequeña porción de fama como impulsor de la lona que Desokupa ha instalado en el centro de Madrid contra Pedro Sánchez. El logotipo del despacho de abogados que dirige Da Pena en A Coruña ocupa un lugar visible en ese gran cartel, que el PSOE ha llevado ante la Junta Electoral exigiendo su retirada. Según relata a esta redacción, la broma le ha salido por 40.000 euros que, asegura, ha pagado a título personal.

La sentencia deja así sin efecto el reparto de la remuneración de los derechos de autor de más de 40.000 autores y editores de la entidad de gestión que, en virtud de dichos acuerdos, se había efectuado conforme a unas normas de reparto que resultaban nulas. «Como consecuencia de esto —añade Miguel Ángel Ramos Jiménez, abogado de Atresmedia y Mediaset, las empresas demandantes—, la SGAE tendrá que rehacer los repartos de miles de asociados de la entidad que fueron efectuados entre el 2015 y el 2018

Sindicatos y empresarios han retomado las negociaciones sin avances más allá del salario mínimo, tras múltiples intentos infructuosos para llegar a acuerdos en un sector muy precarizado que genera 3.000 millones de euros al año. El empresariado no quiere negociar desde la base de los avances del anterior convenio, sino empezar desde más atrás, desde cero. Negociar desde cero supondría saltarse, por ejemplo, los complementos de antigüedad fijados en el anterior convenio, trienios y quinquenios que, según CCOO, los empresarios se niegan a pagar.

Es una melodía triste que suena con frecuencia en Asturias. Frente a los anuncios de posibles llegadas y la esperanza de nuevos empleos, como los que pueden suponer Amazon en Siero o Ionway en Gijón, los de cierres resultan atronadores.