Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.

Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento. La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación".

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial debe dilucidar si los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, concedieron un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta, según el sumario.

En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía , Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros.

Castedo, está imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Con la salida de Castedo, serán 21 los diputados de las Corts Valencianes que han dejado su escaño desde que empezó la legislatura.

Radio Alicante ha tenido acceso a las transcripciones de la grabaciones de 2008 y 2009 sobre el Plan Rabassa dentro del caso Brugal y en las que el empresario alicantino Enrique Ortíz y la alcaldesa de la localidad, Sonia Castedo, abordaban cuestiones relacionadas con el planeamiento urbanístico en la ciudad.

Las conversaciones interceptadas por la Policía recogidas en el sumario del caso Brugal y aportadas a la causa del Plan Rabasa revelan que el constructor Enrique Ortiz confiaba en que el entonces conseller de Bienestar Social en 2009, Juan Cotino –cuya familia tiene intereses en el sector de los geriátricos– le «llenase» las residencias en las que también participaba Ortiz.

La alcaldesa de Alicante, imputada en el 'caso Brugal', asegura que "hubo un momento que me daba vergüenza salir a la calle a pasear". Se muestra en una entrevista a favor del matrimonio gay y dice sobre el aborto: "Cada ser humano es dueño de su vida y de su cuerpo". Sobre el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado: "Tiene buena imagen" y "está bueno".

La situación para la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, es cada día más complicada. Su doble imputación en las piezas separadas del 'caso Brugal' relativas a presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Rabasa han llevado a la primera edil a una gélida soledad dentro del Partido Popular más que evidente.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante ha acordado el sobreseimiento provisional del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi en el marco del 'caso Brugal' y, por otro parte, ha decidido posponer la declaración de la actual primera edil, Sonia Castedo, y otras personas imputadas como el empresario Enrique Ortíz hasta que se resuelvan los recursos presentados.

El pleno de Alicante aprueba por unanimidad una declaración institucional propuesta por UPyD contra la presencia de imputados en las elecciones.La alcaldesa de Alicante espeta a un concejal de Esquerra Unida que la ha calificado de zombie política que "la muerta viviente huele mejor que usted". Castedo está imputada por corrupción en los casos PGOU y Rabasa, derivados de la operación Brugal

1 de cada 5, 70% y 3 de 4. No son las cifras de un problema matemático, sino el triángulo numérico que muestra con mayor claridad el poder omnímodo de Enrique Ortiz en Alicante: 1 de cada 5 euros del dinero público de los alicantinos es destinado a pagar las contratas de Ortiz; el 70 % del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del “Jefe” de la trama Brugal; y 3 de las 4 grandes contratas del ayuntamiento han sido otorgadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario.

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

La jueza del Brugal ha citado a declarar en calidad de imputada a la exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial, Mónica Lorente (PP), por un supuesto delito de tráfico de influencias en el marco de la investigación de las irregularidades en la adj

Diversas obras en Alcoi del empresario imputado en “Brugal” han terminado con sobrecostes o dejando un agujero millonario a las arcas públicas de los alcoyanos.

El alcalde de Alicante, Miquel Valor, ha anunciado este lunes que renuncia a seguir con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "dejar a un lado controversias" a un proyecto que se inició hace 14 años y por cuya tramitación están imputados los ex primeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

El ministerio del Interior ha decidido reducir el personal de una unidad policial que tiene en sus manos 30 tramas de corrupción como el caso Brugal. Esta brigada ahora mismo tendría media docena de agentes, le quitan un inspector, un subinspector y asegura que la cartera de Jorge Fernández Díaz no va a poner a nadie en su lugar.

El Poder Judicial intercedió hace un año para que el entonces comisario jefe de Alicante entregara la documentación que reclamaba el juez del caso Brugal. El magistrado Tejada del Castillo se interesaba por la documentación incautada al empresario Enrique Ortiz en la operación de julio de 2010. El comisario principal José Javier Cuasante es próximo al exdirector general de la Policía Juan Cotino, impu

Entre los fraudes de los que Hacienda acusa a Luis Díaz Alperi está que declarara en 2007 ingresos por 113.000 euros, cuando realmente superó el millón. Además de los tres delitos fiscales, la Fiscalía acusa a Díaz Alperi de un delito de cohecho impropio derivado del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante, una infracción que esta parte atribuye también a Javier Palacio; está también a la espera de un juicio por supuesta corrupción, en el marco de una rama del "caso Brugal" relativa al Plan General de Ordenación Urbana

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) ha recusado a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial designado para juzgar el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, donde está investigada y donde se cree que benefició al promotor Enrique Ortiz. Se trata de una de las 17 piezas separadas de la denominada operación Brugal.

El juez García Castellón ha reactivado la investigación sobre las grabaciones que relacionan a José Manuel Villarejo y María Dolores de Cospedal; ha requerido a MONCLOA.COM las grabaciones que constatan la relación entre Cospedal y Villarejo.También indaga sobre el papel jugado por Ignacio López del Hierro y el comisario José Luis Olivera.El magistrado está interesado en las grabaciones que tratan sobre los casos Gürtel y Brugal..

La Audiencia de Alicante fija para abril de 2020 el juicio contra Javier Morató, su mano derecha, Juan Roselló, su cuñado, Francisco Artacho, el exedil de Contratación Fernando Penella, el empresario Ángel Fenoll y su hijo Entre los ocho encausados se encuentran también la mujer de Roselló y un técnico municipal: el fiscal pide en total 58 años de prisión por haber defraudado 11,9 millones de euros a Calp y se les acusa de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo.

El empresario Enrique Ortiz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta el grueso de los hechos recogido en la acusación inicial. Básicamente, que negoció cambios en el planeamiento urbanístico de Alicante con la intención de lograr un beneficio en terrenos de su propiedad a cambio de la entrega de diversas dádivas (entre ellas, dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper o viajes a Creta, Ibiza y Andorra) a los dos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

El tribunal debe dilucidar, al término del proceso, si los exalcaldes del PP Díaz Alperi y Sonia Castedo concedieron un trato de favor el promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta.