La amenaza del proteccionismo está siendo sobrevalorada, las Bolsas tenderán a digerir el asunto. La amenaza del proteccionismo es sólo una baza de negociación de Trump

Ante todo, mucha calma: el temido Reglamento General de Protección de Datos no es algo nuevo, entró en vigor hace nada menos que dos años, el 25 de mayo de 2016. El próximo jueves es que comienza a aplicarse de forma directa en 28 países, España incluida. "Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables", recuerda la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Y las nuevas reglas de juego no varían tanto de las actuales como parece.

Un mes después de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), muchas empresas españolas aún no saben cómo adaptarse a los nuevos preceptos o si estos les afectan o no. Un verdadero problema, dado que la normativa es de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo. Incluso las empresas que no están informatizadas y tienen sus archivos en papel tienen que cumplir con la ley de protección de datos.

La Agencia de Protección de Datos ha recibido un 33 por ciento más de reclamaciones desde que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos europeo, una subida que asociaciones de usuarios y consumidores valoran positivamente, aunque creen que todavía queda mucho por hacer. Desde el 25 de mayo, cuando entró en vigor el reglamento, al 3 de septiembre, la agencia recibió 3.740 reclamaciones por uso fraudulento de datos, por las 2.799 en el mismo periodo del año pasado. La normativa otorga mayor control al usuario sobre sus datos

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es una ocasión perdida para actualizar la protección de datos sin comprometer la agilidad de lucha ciudadana contra la corrupción y los abusos. Algunos de los artículos han suscitado polémica como un primer intento de establecer una especie de “Ministerio de la Verdad” y un “olvido digital” que podía borrar huellas de delitos. En un estado en que acceder a la justicia es un lujo en tiempo y dinero,ya sabemos lo que esto quiere decir: que solo habrá equilibrio para quienes

Silvia Pascual había sentado un precedente en la Comunidad Foral. Estaba reclamando cambios legislativos en Navarra para poder llevar a su perra de protección, Sugi, allá donde ella vaya. El caso de Silvia se remonta a veinte años atrás y la última petición de esta mujer era que hubiera una modificación legislativa en la Ley de Violencia de Género de Navarra, pionera en el Estado, que le permitiera llevar un perro de protección con ella. Desde que todo ocurrió, Silvia no ha podido salir sola a la calle, de esto hace más de 18 años.

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, por 341 votos a favor y ninguno en contra, la reforma de la Ley de Protección de Datos, ahora convertida en ‘Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales’, tras haber pasado el trámite en la Comisión de Justicia donde ya había recibido el apoyo de todos los grupos.

Por territorios, la cifra actual de mujeres con protección por violencia de género es de 2.304 en Bizkaia, 789 en Araba y 1.472 en Gipuzkoa. En noviembre de 2017 la cifra global de mujeres con alguna medida de protección era de 4.485: 2.081 en Bizkaia, 1.045 en Araba y 1.359 en Gipuzkoa. La Ertzaintza cuenta con un sistema de evaluación de riesgos que se elaboró conjuntamente con la Universidad del País Vasco, una acción considerada pionera en Europa. El riesgo se clasifica en cuatro niveles: básico, moderado, alto y especial.

Víctimas de violencia de género hay muchas más de las que aparecen o aparecerán nunca en las estadísticas. Se calcula que un 30% ni siquiera llega a denunciar. Sin embargo, un medidor de cómo evoluciona esta lacra en Castilla y León sobre víctimas que obtienen al año una orden de protección que les aleje de su agresor. Son los casos más graves, los que requieren medidas. Son historias con nombres y apellidos de mujeres cuya seguridad corre riesgo. Cada día cuatro castellanas y leonesas consiguen una orden de protección o una medida cautelar.

El pasado 12 de marzo de 2019 se aprobaron una serie de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Siendo un factor de mucho interés social queremos informar y enunciar sus principales características y novedades.

La confirmación se produjo anoche, ya tarde, tras la reunión mantenida entre la agrupación local de Protección Civil y el concejal de seguridad y emergencias Federico Alarcón. No se llegó a ningún acuerdo por lo que, la totalidad de los voluntarios de Protección Civil de Torrevieja presentaron su dimisión con efecto inmediato.

A pesar de la presión internacional para que nuestro país recogiera una normativa que ampare a trabajadores y funcionarios que denuncian ilegalidades de su empresa,ha tenido que ser Europa la que recogiera esta protección. La regulación europea parte de la premisa de que existe un interés general en que este tipo de situaciones se denuncie y sean de conocimiento público. La directiva se puede trasponer de dos maneras: a regañadientes y copiando literalmente o mejorando las protecciones previstas para los denunciantes..

Google moverá las cuentas y los datos de sus usuarios británicos de servidores en la UE a los EE. UU., colocándolos fuera de las fuertes protecciones de las leyes de privacidad ofrecidas por los reguladores europeos. Esto dejará información personal sensible de decenas de millones no cubiertos por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y, por lo tanto, con menos protección y alcance de la policía británica. UK quedaría dependiente de la “Cloud Act” de EEUU para solicitarles datos. En español: bit.ly/38I0HX2

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Institut Catalá de la Salut (ICS) y a una treintena de entidades sanitarias concertadas que suministren a los médicos equipos individuales de protección frente al COVID-19 para que desempeñen su trabajo "en condiciones de seguridad". En un auto, estima parcialmente la demanda de medidas cautelarísimas que el pasado viernes presentó el Sindicato de Médicos de Cataluña para que se urgiera a las autoridades sanitarias a facilitar a los facultativos equipos de protección individual.

Navarra ha recibido esta mañana un total de 51.000 unidades de protección sanitaria individual -mascarillas médicas, quirúrgicas y ropa de protección- para hacer frente al coronavirus, que han sido donadas por la región china de Gansú, con la cual la Comunidad Foral mantiene relaciones comerciales y de hermandad. Agradecimiento directo: twitter.com/salud_na/status/1244947916478914560 En las cajas nos han dejado un mensaje: "Los malos tiempos traen verdaderos amigos" ¡Muchas gracias, amigos!

...los pacientes más graves de covid-19 en Reino Unido. /// Ante las cifras de afectados en continuo aumento, los gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo buscan recursos para atender de la mejor manera la crisis generada por la pandemia de covid-19. En ese contexto, los médicos están trabajando bajo una gran presión, en muchos casos arriesgando sus vidas. Y a muchos de ellos no se les permite hablar con los medios de forma pública. Ese es también el caso de Reino Unido...

Las residencias privadas Ballesol cobran a los mayores material de protección pese a que la Generalitat Valenciana les entregó artículos gratis, Las residencias privadas Ballesol han incluido en la última factura mensual un pago extra de 30 euros para los usuarios en concepto de "gastos que corresponden a la partida por compra de material preventivo para salvaguardar la protección necesaria de los residentes" ante la pandemia de coronavirus.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto cuatro sanciones diferentes a Vodafone España por un importe total de 8,15 millones de euros por la realización de acciones de marketing y prospección comercial a través de llamadas telefónicas y envío de comunicaciones comerciales electrónicas. La Agencia Española de Protección de Datos da un plazo de seis meses a Vodafone España para que acredite que se ha ajustado a lo dispuesto en el Rreglamento y la Ley Organica de Protección de Datos.