Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los fármacos (...) La mayor parte de los costes de producción no han sido, pues, sostenidos por la industria farmacéutica, sino por el erario público.