El Poder Judicial amplió por cuatro meses la investigación en los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres, en su mayoría indígenas, perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. Las víctimas no solo reclaman celeridad, sino también resolver las deficiencias del sistema de justicia que les impide acceder a la verdad y reparaciones.