La mujer llegó hasta el Supremo que admitió a trámite su recurso de casación. El tribunal sostiene que el contrato de la trabajadora ha tenido una duración «injustificadamente larga» debido a la absoluta inactividad de la administración demandada para el cumplimiento de su obligación de convocar y ejecutar los procesos adecuados para que las vacantes pudieran ser cubiertas de forma indefinida. Impone costas de 800 euros a la Xunta.

El Tribunal Supremo ha establecido que, a efectos del cómputo de los servicios previos en la Administración de los trabajadores fijos discontinuos, debe tenerse en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral, incluidos los periodos en los que no ha habido trabajo efectivo. En una sentencia fechada el pasado 6 de marzo la sala de lo contencioso ha desestimado un recurso de Hacienda contra una fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de octubre de 2022 que daba la razón a un trabajador.