El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. El exministro de Justicia está imputado en el caso Lezo por la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad panameña. Anticorrupción apuntó a que se produjo un desvío de fondos porque se pagó por esa compañía mucho más de lo que costaba realmente. Su antiguo equipo en la Comunidad de Madrid ha defendido que la compra fue legal con la que generaron 200 millones de euros de beneficio.

Aunque como presidente de la Comunidad de Madrid era el máximo responsable, Alberto Ruiz Gallardón ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que desconocía los detalles de la sospechosa compra de Inassa en 2001, que supuso un desembolso de 73 millones de dólares, pagados a través de una empresa interpuesta en Panamá, un paraíso fiscal.

El expresidente madrileño insiste en que la compra de Inassa fue beneficiosa para los madrileños y se hizo con los informes jurídicos a favor. Ha negado haber cobrado comisiones derivadas de un sobreprecio y se ha mostrado molesto con la pregunta. Asegura que no conocía los detalles de la compra aunque ha insistido en que "las cosas se hicieron bien y de acuerdo con la ley"..

El Canal de Isabel II ha hecho historia en Colombia, aunque por motivos que no invitan a sentirse orgullosos. Su filial Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) se ha convertido en la primera compañía sancionada en el país latinoamericano por un caso de soborno trasnacional, en relación con la adjudicación de contratos en Ecuador en el año 2016.

Pedro Calvo advierte de que el juez Manuel García-Castellón no ha llamado a declarar al parlamentario José Ignacio Echániz, que participó en la compra de Inassa, y apunta a la posibilidad de que el instructor quiera evitar que el Supremo se haga con la causa.

Solicita información de los secretarios generales del gobierno regional en 2001 para citarles como testigos por esta operación del Canal de Isabel II. El magistrado continúa con las pesquisas en la pieza número 1 de la trama con el fin de averiguar cual era la verdadera información que disponía el gobierno de Gallardón de la operativa, la cual costó 73 millones de euros a la empresa pública de aguas y estuvo, según denuncia la Fiscalía, plagada de irregularidades.

La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe de 31 páginas, reclamado por el juez Manuel García-Castellón, en el que se analiza el patrimonio del exalcalde y expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, así como el de otros imputados en el 'caso Lezo', según consta en un escrito que tuvo su entrada en la Audiencia Nacional el 8 de agosto.

Santiago García Benavides, imputado en el 'caso Lezo', reconoció haber percibido en 2001, mientras disfrutaba de una excedencia, el dinero por la venta de las acciones de la firma colombiana al Canal de Isabel II. Declaró que "era y sigue siendo militar", explicó a preguntas de la fiscal que entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de director de Seguridad en el Ministerio de Economía y Hacienda, y en esta última fecha, en 1997, se incorporó "a instancias de Aguas de Barcelona, a solicitud de ellos, en una entrevista aquí en Madrid, a Colombia..

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si varios exmagistrados cobraron mordidas por ayudar a Inassa en un litigio judicial. Uno de ellos pudo recibir 200.000 dólares.

Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Suramérica, compró al contado un apartamento en República Dominicana -escriturado a nombre de su hija- mientras se llevaba a cabo el presunto “saqueo” de una empresa colombiana (Triple A de Barranquilla) controlada accionarialmente por la filial con la que la empresa pública madrileña ejecutó su expansión en diversos países latinoamericanos (Inassa).

Ana Cuenca explica que "en breve" solicitará que se dicte un auto de procedimiento abreviado para después presentar el escrito de acusación contra el expresidente madrileño y los otros cargos que presuntamente cobraron una mordida de 5 millones de euros.

Un abogado, al que el Canal de Isabel II encargó investigar la actuación de sus directivos desplazados a Colombia,reconoce que en la operación "había algo raro" y que algunos empresarios "hicieron un buen negocio". El Canal compró en 2001 Inassa,que era propietaria de un alto porcentaje de las acciones de la empresa Triple A de Barranquilla (Colombia). Pero Triple A,filial de Inassa,escondía en el momento en el que el Canal entró en la compañía la particularidad de que tenía firmados unos contratos paralelos con unos empresarios locales..

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Inassa.

El desembolso total que hizo el Canal de Isabel II con la compra de Inassa en 2001 no fue de 73 millones de dólares sino que ascendió a 97,4 millones. Así lo concluye Hacienda en un informe pericial incorporado al caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional y que viene a ratificar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la adquisición de la colombiana en 2001 conllevó un "sobreprecio injustificado".

La Fiscalía Anticorrupción ultima su escrito de acusación en la pieza separada número 1 de caso Lezo donde pedirá hasta siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravada para varios de los ex miembros de la cúpula del Canal de Isabel II en dicho procedimiento. La adquisición de Inassa por el ente público estuvo “plagada de ilicitudes”, recogía el auto de procesamiento del instructor.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los 6 y 7 años para cada uno de los 22 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que aprobaron la adquisición de la mayoría de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de dólares en 2001, y una indemnización conjunta de 20 millones de euros. Entre estos investigados a los que la Fiscalía pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno autonómico de Gallardón de aquella época, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo.

En segunda instancia, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría confirmó la sanción e inhabilidad impuestas a los exgerentes de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla, Triple A. Se trata de Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, quienes mientras estuvieron en el cargo, concluyó el Ministerio Público, favorecieron a Inassa, una filial de la española Sociedad General de Aguas de Barcelona. Navarro no podrá ejercer cargos públicos por 12 años y Serrano por cuatro.