Miles de personas, entre ellas los bomberos forestales de la comunidad, han vuelto a mostrar de manera multitudinaria su rechazo absoluto hacia la gestión de los incendios que ha realizado la Junta. Con esta situación de fondo, se han celebrado protestas durante toda la semana por la comunidad autónoma, pero Zamora se ha llevado la palma y se ha echado a la calle este jueves día 28 ante una pésima gestión que ha provocado un desastre sin precedentes para su tierra.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado en rueda de prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompió el acuerdo del cierre perimetral junto a Castilla y León y Castilla-La Mancha en la propia declaración institucional de los tres presidentes en la que ella intervino en último lugar. "Había un acuerdo claro sobre la delimitación perimetral, entendimos que tenía que ir a dos fines de semana y había un acuerdo, pero no parece que la declaración posterior se hiciera evidente el acuerdo"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reivindicado este viernes que «León tiene todo el derecho del mundo como reino histórico para tener una comunidad propia». Las dos opciones a las que se enfrenta el territorio pasan por «seguir callados y sumisos» o «reivindicar que León ocupe el lugar que le corresponde en este país».

La Junta de Castilla y León ya ha puesto fecha al confinamiento general de la ciudadanía. El próximo 15 de noviembre. Es decir, dentro de 16 días. Y así se lo ha pedido al gobierno, que es quien tiene la potestad para adoptar esta medida en virtud del modelo de estado de alarma establecido por Pedro Sánchez en el Real Decreto 927/2020. Si para el 15 de noviembre el contagio no sólo no ha crecido, sino que no ha descendido, en Castilla y León, el ejecutivo autonómico entiende que se ha llegado al abismo del confinamiento total de la población.

La memoria histórica ha vuelto a la primera línea de debate en Castilla y León durante los últimos meses, con la intención de la Junta, en virtud del acuerdo entre PP y Vox, de aprobar un Decreto de Concordia que sustituya al Decreto de Memoria Histórica de abril de 2018. En este contexto, muchos pueblos de Castilla y León se niegan a retirar algunos vestigios del período franquista que han sobrevivido a la Ley de Memoria Histórica nacional de 2007 y al Decreto autonómico de 2018. En muchos casos, con las más variopintas excusas.