Los nuevos criterios, que afectarían a la actividad de los últimos cuatro años, se asemejarían a los que se aplicaban hasta ahora para los coches de empresa. De ser así, los costes tributarios anuales podrían ascender, de media, a unos 250 euros por cada dispositivo, sumando cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF. Mientras que las cotizaciones las asumiría prácticamente en su totalidad la empresa, el IRPF corre a cargo del trabajador.