¿Qué necesito yo para montar un caso de Lawfare? Varias cosas a la vez: primero, un aparato judicial reorganizado a mi manera (con 'tecnócratas' vinculados a mí en espacios clave). Luego, elegir al culpable. A continuación, buscar pruebas (y aquí el orden es importante, ojo, primero señalamos al culpable, empezamos por la condena, y después, si aparecen, las pruebas, y si no aparecen, tendremos la condena igual).

Siguen saliendo a la luz los audios de la conversación entre el director de La Sexta, Antonio García Ferreras y el comisario Villarejo, en una comida en la que también participó el consejero de Atresmedia y presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals. En el fragmento desvelado por 'Crónica Libre' este martes, se escucha al presentador de 'Al Rojo Vivo' atribuyéndose la 'muerte' política del ex fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare

El “caso niñera” y todos los demás “casos” cumplen su función política más allá de que se archiven. Sirven para que, durante meses, decenas de “periodistas” machaquen con basura a Podemos en televisión, radio y prensa. El mediafare puede ser aún más eficaz que el lawfare.

La derecha, además de distintas asociaciones y colectivos, han buscado llevar a Podemos ante la Justicia con una cascada de querellas y procedimientos

Un documento con las "recomendaciones de la presidenta" de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pide declarar admisible una petición para investigar infundios contra cargos públicos por una supuesta trama de pederastia. Fuentes próximas a Montserrat afirman que el documento lo elabora "el secretariado y con criterios jurídicos, no políticos"

Esta situación de bloqueo viene propiciada por parte del sector conservador. Ocho de sus vocales habían anticipado esta semana su negativa a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. Esto es, un sistema de elección y votación que pueda generar hipotéticos “consensos”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de las reformas que ha aprobado el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018.

Cuando se habla de la utilización de la justicia con fines políticos, siempre hay dónde elegir: Brasil, Ecuador, Argentina... Los casos de lawfare se acumulan en América Latina.

En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a 19 meses de prisión a Isa Serra por un delito de atentado a la autoridad y lesiones durante un desahucio en 2014. Este miércoles, dos años y medio después, el mismo jurado notificaba a la coportavoz de Podemos que su condena comenzaba a ejecutarse ahora, lo que la inhabilita a presentarse en ninguna lista electoral hasta 2025. Esta condena es un ejemplo más del lawfare actuando contra políticos progresistas.

El Gobierno no quiere que el relato del PP respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acabe imponiéndose, como ha tratado en Bruselas el eurodiputado Esteban González Pons. Por eso el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, un documento que incluye las “19 excusas” que ha puesto el principal partido de la oposición para negarse a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se acerca a los cuatro años con su mandato caducado.

No se muerden la lengua. Pablo Iglesias y Pablo Fernández sobre el juez García Castellón.

I El despliegue de agencias de Estados Unidos para influir y controlar a jueces y fiscales en América Latina: La última semana de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de Mendoza el “Taller de Investigación y Persecución de Delitos Transnacionales Complejos en el Sistema Acusatorio”. En ese ámbito, de apariencia académica, se congregaron fiscales provinciales... La intrusión judicial es el modelo operativo más utilizado en las dos últimas décadas y viene acompañado de apéndices mediáticos modelados por las grandes usinas de comunicación.. .

Pablo Iglesias: Partido Judicial contra la democracia. Fuerza @CFKArgentina

Tomás Casas: Qué vergüenza que en el Canal 24 Horas estén entrevistando a un señor que está contando fake news sobre Pedro Castillo y dejándolo como si fuera un criminal, cuando se trata de un político víctima de lawfare de la extrema derecha en el Perú.

Marco Teruggi nos explica qué está pasando en Argentina y cómo los macristas están detrás del lawfare de Cristina Fernández de Kirchner.

Pablo Iglesias: "La trama que une a millonarios, jueces, empresarios mediáticos, periodistas y políticos de derechas en su cruzada contra CFK, representa uno de los paradigmas más completos para entender como funciona el lawfare"

Siguen las protestas en el Perú por el adelanto de elecciones y cierre del Congreso. En el séptimo día de marchas regionales, se han reportado nueve muertes en Apurímac, Arequipa, La Libertad y Ayacucho tras los enfrentamientos entre civiles y efectivos de la Policía Nacional en 13 de los 24 departamentos del Perú. (...) Se registran más de 10 heridos tras los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte.

“Tienen ustedes una relación muy tormentosa con la verdad. Es rigurosamente falso lo que dice, la Comisión no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el auto del TC”, le ha replicado el ministro, antes de volver a responsabilizar al PP de haber “tensionado hasta el límite” al tribunal, afectando incluso a su “reputación”, con un recurso que ha tenido unos efectos sin precedentes en los 44 años de democracia en España ni tampoco en ningún otro país europeo. Así se ha pronunciado Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Congreso...

Entre el Estado de Derecho y la ley de la selva hay una zona intermedia a la que ahora llamamos "lawfare". El lawfare, o utilización de forzadas excusas jurídicas para lograr objetivos políticos que de ninguna manera están amparados por la ley, respeta formalmente el presupuesto del Estado de Derecho pero lo vulnera materialmente porque en las decisiones adoptadas el núcleo, norte y finalidad es un interés político, y el Derecho no es más que un obstáculo a salvar o un ropaje, una apariencia.

El bloqueo recalcitrante del CGPJ en España —¡5 años caducado, con el pronóstico claro de colgarlo de la brocha hasta que los/as españoles/as “se rindan” y le devuelvan el Gobierno como si se tratara de su patito de goma!— expresa nítidamente su obsesiva estrategia de ocupación, primero, e instrumentalización, después, de los órganos clave del sistema judicial, pero no es banal ni inocua:

La justicia vuelve a llamar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por una causa archivada hace un año por “falta de rigor”, según palabras de la jueza.

Enrique Santiago ha denunciado ante el Grupo de Puebla el #lawfare de la derecha contra las fuerzas progresistas de todo el mundo y los graves casos sucedidos en España. No olvidamos el acoso judicial y mediático contra Antonio Rodrigo Torrijos para echar a IU del Ayuntamiento de Sevilla y contra PODEMOS y Pablo Iglesias para evitar la formación del actual gobierno.