El alcalde de Sada asegura que no hay “fundamento” para una nulidad tras aclarar “las dudas” de los Franco - La Audiencia Provincial de A Coruña, ante la que los Franco recurrieron el fallo que les condenó a la devolución al Estado del pazo de Meirás, solicitó documentación relativa a la propiedad de fincas al detectar un “error”. Fuentes judiciales informaron de que se pidió una documentación vinculada a los bienes relacionados con Francis Franco “y si sus participaciones las pasó o no a la empresa Pristina”.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la sentencia emitida en primera instancia en septiembre sobre la propiedad del pazo de Meirás, de manera que el inmueble las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en septiembre.

La Diputación coruñesa y los Ayuntamientos de Sada y A Coruñen se desmarcan del Estado y la Xunta y deciden recurrir ante el Supremo la sentencia que obliga a pagar a los herederos del dictador los gastos de conservación y mantenimiento de la propiedad declarada pública. "Se trata de dar la batalla política en los tribunales por un símbolo de la usurpación de la dictadura franquista". "Esta es una reivindicación del siglo XXI, recuperar el Pazo de Meirás sin tener que indemnizar al dictador y su familia"

El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

Entre gritos de "El pazo es del pueblo, franquismo nunca más", al son de gaitas y panderetas, unas 600 personas se reunieron este sábado ante las puertas de la propiedad de Meirás (Sada) que ocuparon Franco y su familia durante 82 años. Fue una acto cívico, con aires festivos, ante las verjas cerradas tras la negativa del Gobierno a permitir que esta manifestación, convocada por asociaciones por la memoria histórica, se celebrase en los jardines de la mansión. Estos abrirán formalmente al público el próximo fin de semana. El Ejecutivo, en poses

Tras pasar 82 años en manos del dictador Francisco Franco y de sus descendientes, el Pazo de Meirás es accesible por primera vez como propiedad pública. Por el momento solo se podrán visitar los jardines. Este sábado un acto formal, encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio por inaugurada esta nueva fase, aunque los ciudadanos no podrán entrar hasta el 1 de julio a las zonas verdes y los primeros días van a estar reservados para las asociaciones de memoria histórica.

La Justicia ha dado este viernes al Estado la custodia de los bienes del Pazo de Meirás que estaban judicializados, excepto las alfombras de los pasillos. Un auto del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, reconoce que todos los elementos objeto de controversia entre las partes pertenecen al inmueble y, por tanto, no pueden ser retirados.

A principios del mes de agosto la Diputación provincial de A Coruña, la Iniciativa Gallega de la Memoria, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y los ayuntamientos de Sada y A Coruña acordaron impulsar la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás para "reclamar la restitución de la propiedad" del edificio que desde hace casi 80 años está en manos de la familia Franco.

El presidente ha aclarado que "si puede acreditar vicios en esa donación, y esos vicios la invalidan", la Xunta estaría "muy satisfecha de que el pazo estuviera dentro del patrimonio gallego". Advierte de que la ley da la razón a la familia Franco, si bien dice que está a favor de crear una comisión de expertos para estudiar las posibilidades que tiene el Ejecutivo gallego de obtener el pazo.

La demanda de la Abogacía del Estado contra los Franco para intentar que Meirás pase al patrimonio público se apoya en un protocolo notarial de 1938 que, defiende el Gobierno, confirma que la posterior venta del complejo al dictador fue un "fraude". El Gobierno se ha apoyado en las investigaciones impulsadas por la Diputación de A Coruña, el Parlamento gallego y activistas por la memoria histórica para intentar demostrar que los Franco simularon un contrato para evitar que el inmueble pasase a ser patrimonio público.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tambien considera fraudulenta la "compra" de 1941.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el Gobierno sancione a la familia del dictador Francisco Franco “por los años de uso ilegal del Pazo de Meirás y por las evidencias del saqueo que han llevado a cabo al patrimonio español”. “Los descendientes del dictador han ocupado ilegalmente un pazo que era de propiedad pública, y eso debe tener una sanción tras la devolución del mismo”, sostiene el colectivo.

Condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

El pasado noviembre, dos meses después de la sentencia que otorgaba el inmueble al Estado, se inició el inventario del Pazo de Meirás, que contabiliza un total de 697 bienes

La resolución que firma María Elma Monzón ―sustituta de la jueza Marta Canales que ordenó la devolución del pazo al Estado con todos los muebles y accesorios― se produce apenas una semana después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el auto firmado por Canales y estimase el recurso de los Franco señalando que el Estado no tiene derecho a ninguno de los objetos porque lo único que había demandado era el derecho sobre una finca catastral

La Audiencia de Madrid decreta el archivo de la causa seguida en un juzgado contra la funcionaria de Patrimonio Nacional que elaboró el listado de bienes que la familia del dictador guardaba en el Pazo de Meirás.

La abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre 564 bienes muebles. Esta demanda llega tras la petición de la familia del dictador para llevarse esos bienes del pazo de Meirás que no fueron reclamados por el Estado.

La familia Franco puede meter el cazo para quedarse con un bien robado o recibir cuantiosas subvenciones públicas, pero las autoridades no pueden decir una palabra sobre el pazo. Partido Popular para defender su abstención en la moción del Ayuntamiento de Sada para reclamar la devolución del pazo: la Fundación Franco es legal, esto es una democracia y no Venezuela y el pazo nunca perteneció al pueblo de Sada. En otras palabras: el pazo es de los Franco y nada que objetar a que le den la gestión a la Fundación Franco. Todo lo demás, mentira.

Según ha denunciado a este diario un grupo de visitantes, uno de los guías impidió recorrer los salones a un joven con discapacidad motriz porque podía "estropearía el suelo" con la silla de ruedas.