Las CPPs son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este lunes que se restablecerá el servicio militar civil con el objetivo de llegar a 10.000 nuevos reclutas hasta 2030, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. "El Gobierno considera que es urgente prepararse para una activación del servicio civil. La autoridad de Protección Social y Preparación (MSB) se encargará de llevar a cabo los preparativos para la activación del deber civil para los servicios de rescate municipales"

La administración de justicia es el servicio peor valorado por los ciudadanos, según la encuesta de calidad de los servicios públicos publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que los servicios relacionados con la seguridad ciudadana son los más valorados. Según la encuesta, el 66% de los ciudadanos se sienten poco o nada satisfechos con la justicia mientras que un 18% se considera bastante satisfecho y solo un 3%, muy satisfecho, unos datos que ya venían dándose en recientes estudios del CIS.

Lo que había hasta ahora eran conjeturas”, afirma Fátima Aguado, secretaria internacional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tras la filtración de tres documentos secretos de trabajo que sirven de base para las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE UU y la UE, las conjeturas se convirtieron en certezas. “Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas estadounidenses”, dice.

El documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EE UU, Australia, Japón, México y Canadá. Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás.