Es la segunda dimisión después de trascender que la entidad repartió al menos un millón de euros de la cooperación al desarrollo entre empresas, en ocasiones a dedo y sin publicidad.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que en enero de 2014 un agente sancionó a un vehículo de Autoescuelas El Pilar por no llevar su conductor el cinturón de seguridad. El multado se citó con un capitán de la Guardia Civil "con el que al parecer tiene buena relación" porque "básicamente no quería pagar". Posteriormente, al agente, con veinte años de carrera y sin mancha alguna.

Jesús López Brea admite que por dos veces Montserrat le pidió ayuda para que Triana ganara la plaza. "me comentó que tenía que darle los exámenes -a su hija-, y le dije esas cosas Isabel no las hará ni yo se lo voy a pedir"

El hombre que cazaba con el rey emérito y que acumulaba coches de lujo hasta terminar sesteando en el chalé del Pequeño Nicolás, es hoy el hilo conductor de una cadena de favores entre los presidentes madrileños.

El diputado de ERC añade que esta empresa "no acredita gran experiencia y, por eso pregunta a Defensa por qué la considera la "más adecuada" para hacerse con este contrato.

Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ordenó en una decisión sorprendente ‘revisar’ la sentencia que obliga a los bancos a asumir el pago del impuesto de las hipotecas, fue durante dos años, de 2015 a 2017, profesor en CUNEF, el Colegio Universitario de Estudios Financieros. La noticia sería una mera anécdota si no fuese porque se trata de una escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca, que es parte interesada en toda la polémica.

El Ayuntamiento de Cartagena contrata a la empresa ADN Urbano SL, cuyo administrador fue director de comunicación y proyectos del Ayuntamiento de Murcia hasta la moción de censura. A través de la fórmula del contrato menor el Ayuntamiento de Cartagena adjudicó estos servicios a la empresa del que fuera responsable de comunicación en la portavocía del Gobierno de la Región de Murcia y Director de Comunicación y Proyectos del Ayuntamiento de Murcia en el Partido Popular, Gerardo Sánchez.

Los cincos ex miembros de Vox que presentaron este lunes su dimisión atacaron directamente al presidente y a la vicepresidenta de Vox Salamanca en una nota de prensa donde aseguraban que “desde la obtención del cargo de procurador” e “igualmente colocados en puestos públicos bien remunerados tras las pasadas elecciones de Castilla y León, alguno de ellos con su sueldo complementado por el partido, pero sin dedicar un minuto más que nosotros al mismo” utilizan el partido “para fines personalistas inaceptables de ámbito social y de amistad”

El expresidente francés Nicolás Sarkozy está bajo custodia policial desde este martes por la mañana en la Brigada Anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, donde ha acudido a prestar declaración por un supuesto caso de tráfico de influencia.

El PSOE ha exigido la dimisión 'inmediata' del alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, después de que el juez que investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación en la compraventa de una finca rústica entre los años 2004 y 2007 le haya citado a declarar este viernes en calidad de imputado.

La trama Púnica ha llamado a la puerta de Eduardo Zaplana. La UCO de la Guardia Civil atribuye al exministro de Trabajo un delito de tráfico de influencias por mediar en una operación entre el conseguidor de la confabulación corrupta, Alejandro de Pedro, y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. El objetivo de la operación, como en otros casos: realizar servicios para mejorar la imagen de la exedil.El nuevo informe incorporado a la causa concluye que Zaplana, a instancias del también investigado Antonio Alonso Conesa, medió para que el empresario

El Tribunal de Apelación de Lisboa ha emitido un fallo en el que descarta la existencia de delitos de tráfico de influencias en la conocida ‘Operación Influencer’, el escándalo que propició la renuncia del ex primer ministro portugués, António Costa. Según informaron fuentes locales este miércoles, la corte ha rechazado la apelación presentada por la Fiscalía contra las medidas cautelares impuestas a los principales implicados en el caso, determinando que los hechos investigados “no constituyen por sí mismos la comisión de ningún delito”.

El caso es que el alcalde López de la Manzanara ha hecho suyo el slogan que blandía María Dolores Cospedal en la campaña electoral autonómica de 20011: “Si buscas empleo, vota PP”. Tanto es así que, según la Asociación de Parados de Manzanares, se realizan contrataciones sin convocatoria pública tal y como exige la legislación vigente. “Entre dichas contrataciones, como denunció nuestra asociación, se encontraban personas vinculadas al Partido Popular, miembros de su ejecutiva local”

Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex, investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga.

El magistrado José de la Mata rechaza separar la investigación sobre el clan familiar del expresidente catalán al considerar que la investigación sobre los delitos continuados podría parecer "menos grave". Los Pujol contaron con la participación y la colaboración de otras personas investigadas, como es el caso del empresario Luis Delso Heras, que generaban "para los primeros toda clase de pagos y comisiones ilícitas". Y el dinero de las mordidas "se parapetaba", prosigue el juez, en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra..

El presidente popular,que el 1 de marzo de 2009 ganaba sus primeras elecciones autonómicas, lleva una década minimizando sentencias que constatan todo tipo de ilegalidades cometidas en la Xunta durante su mandato. Su estrategia en este tiempo es la de tratar las sentencias como si fuesen críticas partidistas de la oposición e incluso lamentar que los medios de comunicación publiquen las condenas contra la Xunta pero no las veces en que los tribunales dicen que cumple con su deber y actúa como debe.La condena más significativa en estos diez años

La dirección del PP acordó abrir un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de septiembre, lo que contradice lo afirmado este jueves por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, quien afirmó que la decisión se había tomado tras las declaraciones efectuadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que acusó directamente a Pablo Casado de haber puesto en marcha una operación para desprestigiarla con acusaciones falsas.

En su auto, la juez parte de un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan, que compitió sin éxito contra la agrupación empresarial México Minorbis, trasciende "cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía".

En Noviembre de 2013 Carlos Fabra presumió orgulloso ante la prensa de que la justicia no había encontrado ninguna irregularidad en toda su obra política. Días antes la Audiencia de Castellón había condenado al expresidente de la Diputación y del PP provincial a cuatro años de prisión por fraude fiscal, pero le absolvió de los delitos de tráfico de influencias. Fabra compareció solo, sin plañideras.

El Tribunal Supremo confirma la pena de tres años de cárcel para el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos. En una resolución, los magistrados ratifican la condena por haber hecho uso de su cargo para retirar multas a sus familiares. La Audiencia de Barcelona había condenado al ex alcalde por un delito de tráfico de influencias, tal como pedía la Fiscalía y la acusación popular, pero había conseguido eludir la cárcel a través de un recurso de casación en el alto tribunal. Ahora, la sentencia inhabilita al ex alcalde de cualquier cargo público.