"No se puede cambiar una amnistía 40 años después”. Los expertos en Derecho Constitucional no ven posibilidades de que la enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática abra la puerta a investigar ni a juzgar crímenes franquistas previos a la Ley de Amnistía de 1977, dado que el principio de irretroactividad que recoge la Constitución no lo permitiría. La enmienda supone introducir en la ley de 1977 que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables...

En la política en ocasiones hay coincidencias tan insólitas que obligan a pensar mal incluso cuando no se tienen ganas. Hay tres partidos que proclaman que la amnistía ya está pactada: lo dice el PP, lo dice Vox... ¡y lo dice Esquerra Republicana! PP y Vox denuncian el pacto de la amnistía porque no la quieren, pero, sobre todo, porque piensan que centrando el debate en la amnistía hacen más difícil el acuerdo de una mayoría parlamentaria favorable a la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez.

Una mayoría de españoles rechaza conceder la amnistía a los políticos independentistas aunque eso suponga que no haya acuerdo de investidura y se tengan que repetir elecciones. El rechazo a la amnistía es generalizado entre los votantes de todos los partidos, pero en los de izquierdas se asume la medida si sirve para lograr un Gobierno de PSOE y Sumar. El PSOE tiene entre sus electores a un 36,3% que rechaza la amnistía aunque suponga repetir comicios.

La amnistía al procés siempre fue una línea roja para Pedro Sánchez, para el PSOE y para toda la parte socialista del Gobierno, sin fisuras ni matices. La amnistía era “claramente inconstitucional”, una medida “implanteable”, una “imposición” de los partidos independentistas que el Ejecutivo no podía aceptar. Porque “la amnistía es el olvido”, decía el ministro de Justicia, y España no debía olvidar lo que ocurrió en Cataluña en 2017. Esa postura firme del Gobierno, que fue constante durante el último lustro, cambió súbitamente el 23 de julio,

a Comisión Europea no dispone todavía de una evaluación preliminar sobre la ley de amnistía. En contra de las informaciones que han circulado a lo largo de este martes, el portavoz de Úrsula Von der Leyen, Eric Mamer, ha negado que se haya evaluado positivamente la ley de amnistía. "La Comisión no dispone de una evaluación preliminar del proyecto de ley de amnistía presentado por el Parlamento español. La Comisión ha recibido hoy el proyecto de ley de las autoridades españolas y acaba de iniciar su análisis", ha asegurado en su cuenta de X

La proposición de la ley de amnistía del PSOE asegura que la amnistía está “lejos de ser una figura inconstitucional”. En un documento presentado por el Gobierno al Consejo de Ministros en junio de 2021 para pedir los indultos a los condenados por el procés, aseguraban que esta medida era “claramente inconstitucional”. Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, explicó que la ley de amnistía es “constitucional sin ningún género de dudas” [min 8:23].

Francisco Granados regularizó dinero negro con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Así lo confirman fuentes internas de Hacienda que aseguran que el antiguo número dos de la Comunidad de Madrid, ahora imputado por formar parte de una red de corrupción política que vendía concesiones públicas, se benefició de esa amnistía tanto a título individual como mediante una sociedad. Según esas mismas fuentes, Francisco Granados presentó dos declaraciones tributarias especiales (DTEs) para aflorar dinero negro...

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado este martes a la Agencia Tributaria que aclare al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco qué implicados en la 'Operación Púnica' se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. En un comunicado, los técnicos explican que algunos de los 51 detenidos -entre los que se encuentra el ex secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados- pudieron haberse acogido a la amnistía, con la que evitarían las sanciones administrativas o penales por los delitos fiscales

Los defraudadores a los que perdonó el Gobierno ni siquiera pagaron el 10% que se anunció. Relacionada: www.meneame.net/story/rato-acogio-amnistia-fiscal-2012-declina-hacer-c www.meneame.net/story/funcionarios-jueces-embajadores-acogidos-amnisti

Génova difunde un argumentario de 14 páginas en el que se compara la decretada por Rajoy con la de los socialistas en 1985 y 1991La consigna es que la del 91 "sí era amnistía porque suponía un perdón total de la deuda" y era opaca "porque el contribuyente no se identificaba". El documento, de 14 páginas, explica que la decretada en 2012 es "una regularización extraordinaria" y que no supone una amnistía porque "no implica el perdón total de la deuda".

Ante la brecha del fraude, Podemos anuncia una primera medida como es el análisis en profundidad de la “procedencia lícita” de los fondos que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno del PP en 2012. Según los datos oficiales, 30.000 defraudadores afloraron 40.000 millones de euros al módico precio del 3%, pues solo pagaron 1.200 millones. Podemos llevará a la reforma de la Constitución la prohibición de las amnistías fiscales. Pero sus expertos asumen que es muy difícil transformar las tendencias de plomo en conductas de oro de la noche a

Aunque han sido muy críticos con amnistía fiscal de Montoro, su opinión es muy diferente cuando se habla de la amnistía fiscal planteada por Yanis Varufakis en Grecias. "Allí los ricos pagan seis veces más de lo que Montoro regaló a sus amigos, como Rato. Aquí acabaron pagando al 3%, allí se está hablando del 20", ha dicho Iñigo Errejón.

Que Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal no era un secreto. En 2012, el exdirector del FMI habló con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para avisarle de que tenía alrededor de cinco millones de euros en Suiza, tanto suyos como de su familia, que quería traer a España, pidiéndole consejo al respecto. Según confirman fuentes del entorno de Rato, Montoro no puso inconveniente alguno, recordándole que ese era el objetivo de la amnistía fiscal aprobada y garantizándole la confidencialidad en el marco de la misma.

Amnistía Internacional denuncia ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí contra escuelas en Yemen Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un comunicado que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí han atacado escuelas en Yemen, violando así el Derecho Internacional Humanitario e impidiendo que miles de niños y niñas yemeníes puedan acceder a la educación.

El presidente Nicolás Maduro, aprobó este sábado un plan nacional de derechos humanos, que estará vigente hasta 2019, como "escudo" contra la propuesta de amnistía a políticos presos que impulsa la mayoría opositora en el Parlamento. "¿Quieren saber cuál es el escudo más poderoso que vamos a tener contra la ley (...) de amnistía criminal? Es el plan nacional de derechos humanos que estamos aprobando hoy", dijo Maduro en un acto para honrar a las víctimas de El Caracazo, un estallido social que este sábado cumple su 27 aniversario.

Con los votos de la actual mayoría parlamentaria, la Asamblea Nacional venezolana ha aprobado un Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. En él se amnistía un amplio abanico de hechos punibles cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la ley, relacionados con actividades muy diversas, siempre que se hubieran cometido por motivación política.

Habrán oído con asiduidad que en Venezuela hay presos políticos. Bueno, es lo que dicen los medios de comunicación en España una y otra vez. También, y no por casualidad, en otros países occidentales que comparten intereses comerciales con el empresariado español; y para los que el Gobierno venezolano es un hueso duro de roer que no cede a las fuertes presiones y amenazas (ver el golpe de Estado de abril de 2002) 1 de este poder económico.

El pacto PP-C's sobre endurecimiento de la amnistía fiscal no llegará a ningún puerto. Los delitos han prescrito y Hacienda carece de información para hacer las liquidaciones. La Administración tributaria no dispone de la información necesaria para comunicar a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una propuesta de liquidación.