Las pensiones crecerán menos que los salarios entre 2040 y 2070, por lo que una mayor proporción de personas tendrán su prestación topada a la pensión máxima. Esto permitirá un ahorro, aunque no es suficiente para compensar el previsible exceso de gasto. La última reforma de las pensiones (2021-2023) conlleva un aumento del gasto público en comparación con el escenario previo, principalmente por la revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al aumento de los precios.

El gasto público de España alcanzó el año pasado un total de 461.124 millones de euros, lo que representó en 2014 el 43,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje inferior a la media del 48,1% observada en la Unión Europea y del 49% entre los países del euro, según reflejan los datos publicados por Eurostat. España destinó en 2014 una cifra de 9.924 euros de dinero público por habitante, un 24,5% menos que la media de la UE y un 32,1% inferior a la media por habitante de la eurozona.

El CPS británico, think tank impulsado por el entorno de Margaret Thatcher, ha publicado un interesante informe sobre la progresiva reducción del número de hogares que viven del gasto público a base de cobrar ayudas sociales de diversa índole. El parámetro que permite medir esta cuestión es la llamada tasa de dependencia, un indicador que mide cuántos hogares reciben más beneficios públicos (en efectivo o en especie) de lo que pagan en impuestos.

El Gobierno central gastará al menos 77 millones hasta 2016 en publicidad. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia han anunciado este martes la suscripción de un acuerdo para el gasto en publicidad institucional por un valor estimado de 77 millones de euros. La vigencia de este programa abarca dos años.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que en 2015 el gasto público disminuirá en un 3,2%.

La situación de Grecia y su posible salida del euro vuelven a estar sobre la mesa apenas tres años después de su rescate soberano por parte de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Su renovado salto al primer plano de la actualidad ha revivido el debate acerca del origen de su ruina económica y financiera entre quienes acusan a la austeridad pública de todos los males -Syriza y Podemos, entre otros- y quienes apuntan al insostenible crecimiento del gasto público gestado años atrás.

Desde que se alcanzó el máximo en 2010, 221.715 millones de euros, el recorte ha sido equivalente a 19.017 millones. Ese es el ‘tajo’ real que han dado las distintas Administraciones al consumo público, principalmente en el año 2012, el primero de la legislatura, y cuando las elecciones generales y territoriales estaban todavía muy lejos. De hecho, nada menos que el 67% del recorte del gasto se produjo ese año, algo que puede explicar que España continúe siendo uno de los tres países de la Eurozona con mayor déficit público.

El Ministro de Hacienda en funciones vuelve a meter la tijera a los presupuestos presentados por él mismo antes de las elecciones, y llega a afirmar que "no afectará a gasto social, ni a desempleo, ni a becas", y que "la reducción se centrará en gasto de ministerios".

El gasto público total en educación creció en España de 2000 a 2009 un 36%, pero con la crisis económica comienza una senda continuada de descenso hasta acumular una caída del 15% desde entonces hasta 2014, año en que experimenta un ligero repunte, según un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La educación pública sufre mucho más las consecuencias que la concertada.

El gasto del conjunto de las Administraciones Públicas en España se situará en el 40,4% del PIB el próximo año; 7,7 puntos menos respecto al máximo de 2012. La media de los países de la UE está en el 45.5% del producto interior bruto. Entre los países con más proporción de gasto público estarán Francia (56%), Dinamarca (52%) e Irlanda será el país con el menor (26%)

El gasto público crecerá, pero lo hará menos que el PIB nominal, lo que significa que su porcentaje en el total de la economía nacional se sigue reduciendo. En concreto, el gasto sin ayuda financiera presupuestado se incrementa un 1,6%, lo que supondrá el 40,5% del PIB, el dato más bajo desde el año 2007. En 2017 el gasto alcanzó el 41% del PIB.

Holanda gasta lo mismo respecto al PIB que España (41,9%). Dinamarca, Suecia y Austria gastan 7 y 8 puntos más. Pero esos 4 países (los frugales) dicen que gastamos mucho y que tenemos que recortar si queremos ayudas europeas. Y como siempre digo a los que creen que seremos mejor país si recortamos gasto público: mirad la tabla y preguntaros, ¿a qué países queréis que se parezca España, a los de arriba de la tabla o a los de abajo? En Países Bajos tienen una renta básica y gastan (en porcentaje del PIB) más que ningún país europeo.

El autor rechaza la tesis de que a mayor gasto de la Administración, sin tener en cuenta la deuda pública, mejora la economía de un país, y alerta de nuevas crisis y más paro si se sigue esta receta.

El récord de ingresos de las Administraciones Pública en 2022 no se ha empleado para dar un tijeretazo al déficit público ni para reducir la deuda que encorseta el futuro de la economía, sino para aumentar el gasto y en particular el coste de las nóminas de funcionarios y políticos pese a las recomendaciones de Bruselas de no elevar el gasto presupuestario estructural.

Finlandia es el país de la Unión Europea (UE) que realiza un mayor gasto público, según el informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El gasto de las administraciones públicas creció en el primer trimestre del año un 4,4% tras el retroceso, no menos sorprendente, de un 3,9% en los últimos tres...

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha señalado que disminuir el gasto público en el país ante una posible crisis causada por la caída del precio del petróleo sería "la mayor torpeza", ya que generaría una disminución de la actividad económica y desempleo.

Supuestamente, el Alto Comisionado para la Marca España, su Oficina y su Director “no suponen incremento del gasto público, y los gastos derivados de su funcionamiento se imputarán al presupuesto de gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”. ¿En qué quedamos, hay gastos o no hay gastos? ¿En concepto de qué? ¿Cuánto?

Una hipotética supresión de la red de colegios concertados en la Comunitat Valenciana supondría --siempre que se conservara el mismo número de plazas escolares pero de carácter público-- un aumento del gasto anual de la administración de 43,8 millones de euros.

La propuesta de blindar el Estado del bienestar busca impedir que en futuras crisis se recorten los gastos "sociales". Sin embargo, si se prohíbe recortar el gasto público, en una futura crisis el Estado solo podría aumentar más los impuestos y/o la deuda pública. Si no hay recortes y, en cambio, se suben los impuestos y aumenta más la deuda pública, la economía tardará más en recuperarse y generar empleo. Así, la idea de blindar el Estado del bienestar es profundamente antisocial, pues haría que las crisis sean más largas y profundas.

Sus asesores esperan que los líderes del G7, incluido el presidente de EEUU Barack Obama, respalden recurrir al gasto público para estimular el crecimiento mundial. “La única manera de que la economía crezca cuando la inversión y el consumo privados se estancan es a través del gasto público”, dijo el viernes el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso. Los esfuerzos de Japón y otros países por alcanzar un consenso acabaron en saco roto por la oposición alemana. Volverán a intentarlo en la próxima reunión.

La economía española creció un 0,8% en el primer trimestre gracias al consumo de los hogares y al gasto de las Administraciones Públicas, que mostraron aumentos trimestrales.

El gasto público español será del 41,6% del PIB este año, cinco puntos menos que la media de la UE-28, que se situará en el 46,5%, y cuatro puntos por debajo del dato registrado en España en 2013 (45,6%), según los datos de la Comisión Europea divulgados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) recogidos por Europa Press.

Las medidas económicas que, hasta ahora, ha anunciado el Gobierno del PSOE comprometen cerca de 2.000 millones de euros extra en gasto público. El pasado viernes, los socialistas anunciaron su intención de restaurar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares, tras la suspensión que tuvo lugar en 2012. Su coste se estima en cerca de 500 millones de euros al año.