La Fiscalía General del Estado ha sido noticia esta semana por haber liderado la llamada ‘operación Púnica’, que ha provocado ya la detención de más de 51 personas, entre ellas Francisco Granados y alcaldes de toda España. En medio de esas pesquisas, el organismo ha tenido serios problemas con su sistema informático.

Las delaciones de los directivos de Mediapro que han reconocido los sobornos parecen no ser suficiente prueba para que la fiscalía neoyorquina actúe contra su jefe y propietario del grupo español de medios

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han acordado comenzar a trabajar de manera conjunta para intentar frenar, en la medida de lo posible, los graves ataques que está recibiendo el colectivo de cazadores a través de las Redes Sociales. La ONC comenzó a trabajar hace meses para abordar este problema, que considera de extrema gravedad ante la escalada de violencia que se está registrando en diversos ámbitos...

La fiscal Concepción Sabadell ha concluido este miércoles la exposición del informe de conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción con respecto a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que la actuación de la red corrupta liderada por Francisco Correa tendrá una "costosa reparación social" y que se ha atentado contra el "Estado de Derecho"...

La fiscal general, Dolores Delgado, ha salido al paso de las críticas sobre la actuación del Ministerio Público en relación al rey emérito, Juan Carlos I. Delgado ha dicho que los fiscales que investigan a Juan Carlos de Borbón "no han dejado de trabajar" y ha sostenido que ha sido "gracias a esta investigación" por lo que el exjefe del Estado ha "aflorado" una cantidad "importante y que era inimaginable". "Es la primera vez que se investiga a un exjefe de Estado y lo hace la Fiscalía con un equipo de fiscales altamente cualificados."

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado en costas a la Fiscalía General del Estado por haber negado al fiscal Ignacio Stampa acceso a la documentación donde figuraban las «sugerencias» que el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, estaba enviando al fiscal Jefe de Madrid para que siguiese investigándole por revelación de secretos, cuando él pedía cerrar el asunto.

“Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (…) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar“, ha afirmado. La fiscal ha reaccionado así durante una rueda de prensa que ha convocado tras una sentencia del Supremo en la que se le otorga a la Defensoría del Pueblo competencias propias del Ministerio Público.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, encuentran varias lagunas en el comunicado de archivo de la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre la veracidad y cuantificación de las regularizaciones complementarias del IRPF del rey emérito Juan Carlos I, por lo que solicitan que se haga pública una mayor información de los decretos que han motivado el archivo del Ministerio Público.

Desde la PAH hoy mismo han intentado paralizar, sin éxito, el desahucio de Raquel y sus cinco niños en el madrileño barrio de El Pozo. "Hoy de nuevo el capital financiero, con Goldman Sachs a la cabeza, participa de una nueva forma de control de la vivienda y de utilización de la misma para fines antisociales. La nueva estrategia pasa por la creación de grandes empresas encargadas de la gestión de viviendas en alquiler". Estas empresas están en manos de especuladores que "participan de la compra masiva de grandes paquetes de vivienda pública".

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha defendido hoy, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del ‘caso Nóos’ (ver vídeo), que “la única respuesta judicial posible” para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

De esta manera, la figura del "delito de odio", que supuestamente fue introducida en el codigo penal para "proteger a colectivos vulnerables o minoritarios" será ahora usado para proteger a los grupos fascistas y criminalizar a los antifascistas. Anteriormente ya se intentó estirar el chicle del delito de odio para aplicárselo a quienes protestaban contra la poilicía, si bien varias sentencias han concluido que 'no puede haber delito de odio contra la policía por no ser “grupo vulnerable”'.

Elena Herrera. El estado de alarma no ampara por sí mismo la suspensión del derecho de reunión y manifestación, aunque su ejercicio sí puede verse limitado o restringido por razones de protección de la salud pública frente al riesgo de contagio. Es lo que sostiene el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo en un documento enviado a todos los fiscales del país ante el "considerable" número de consultas realizado principalmente a raíz de las convocatorias a protestar contra la gestión del Gobierno.

La Fiscalía General del Estado ha contestado a María Mercedes Bueno Morales, coordinadora de la plataforma Foro Internacional de Víctimas por las Desapariciones Forzadas Infantiles, con el compromiso de analizar los 58 casos denunciados “para determinar el alcance penal” de los hechos. Además, las víctimas exigen "responsabilidad para aquellos que decidieron ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo, entregándolo a terceros", siendo dicha acción un delito internacional de "desaparición forzada infantil".

Un escrito a los fiscales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha ordena que se remitan más datos. Ello permitirá “proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela” que el ministerio fiscal les debe dar.

La Fiscalía Anticorrupción no veía clara desde un principio la investigación abierta contra los empresarios del 1-O y que culminó el pasado 28 de octubre en una macrooperación con 21 detenciones y 31 registros. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar,ni prisión provisional, ni retirada de pasaporte, ni comparecencias periódicas al juzgado, para ninguno de los detenidos, a pesar de que habían pasado dos noches en los calabozos de la Guardia Civil y se negaron a declarar.

La Fiscalía General del Estado ha remitido este jueves un oficio a todos los fiscales territoriales de España, en el que pide que le remitan las distintas sentencias que hayan supuesto una reducción de penas con condenas firmes por violencia de género tras la entrada en vigor de la nueva ley, así como los informes de los emitidos por los representantes del Ministerio Público en cada caso.

Las sospechas sobre algunos movimientos que, de forma más o menos directa, ha llevado a cabo el Ejecutivo regional en torno a esta asunto se incrementaron cuando la que fuera conselleira con el actual líder nacional del PP dejó la política en 2020 (siendo diputada autonómica) para integrarse en los órganos directivos de Greenalia. Beatriz Mato entregó su acta de parlamentaria ese año, después de que su intento por hacerse con la alcaldía de A Coruña se quedase en el limbo.

Entre los 35 acusados figuran dirigentes terroristas como como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, se enfrentaban a una petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía y otros diez de inhabilitación absoluta por integración en ETA. La Asociación de Víctimas del terrorismo y Dignidad y Justicia anticiparon este acuerdo del que han formado parte y que pasa por la reparación del sufrimiento de las víctimas.

El presidente en funciones y candidato del PSOE al 10-N, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que "la Fiscalía depende del Gobierno" al ser preguntado por la extradición del 'expresident' Puigdemont y su promesa en el debate electoral de "traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia". Estas declaraciones del líder socialista en una entrevista en RNE han vuelto a poner el foco en el rol de los fiscales y a su autonomía a la hora de actuar como garantes de la legalidad. Unas palabras que contrastan con las de la ministra

Consuelo Madrigal instruye a los fiscales provinciales sobre cómo oponerse a la investigación de la magistrada Argentina por los crímenes franquistas Una orden interna de la fiscal general acusa a Servini de un interés “ajeno” a la justicia y recuerda la causa contra Garzón por actuar como ella Defiende la Ley de Amnist&iacute

La Fiscalía General del Estado está desmantelando el gran "trampantojo" de los independentistas en el exterior y levantando alfombras. Así pagaron millones de euros para sembrar cizaña. En torno a DIPLOCAT, la red exterior de embajadas catalanas, el fiscal cuantifica el pago al lobby internacional -en el que participaron entre otros Julián Assange y la viuda de John Lennon, Yoko Ono- en 2,3 millones de euros en lo que va de 2017.

La orden de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido inmediata tras conocerse el resultado positivo de una prueba contra el virus practicada a uno de los agentes judiciales que se encargan de repartir la documentación y la distribución de escritos entre los distintos despachos.