El informe de la contratación pública estatal de 2012 del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en todos los ministerios.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.

El BOE recoge hoy el informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas. El documento recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas. De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012,..

El 7% de los directivos españoles espera aumentar la contratación en el segundo trimestre, frente al 86% que no prevé cambios y el 4% que estima que reducirá personal en sus empresas. Restando el porcentaje de empresarios que prevén incrementar su plantilla del porcentaje que espera reducirla se obtiene la proyección de empleo neto, que para el segundo trimestre se sitúa en el +1%, tres puntos menor que la del primer trimestre y dos puntos inferior a la del cuarto trimestre de 2015.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha propuesto a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid que se inspire en el decreto del Ayuntamiento de Madrid para incluir cláusulas sociales en la contratación pública, algo que ha rechazado la titular de Hacienda.

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha elaborado y publicado la “Guía para la definición de actividades de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación pública” para asistir a los poderes adjudicadores en la redacción de los requisitos relativos a los Organismos de Evaluación de la Conformidad y los certificados o informes que estos emiten, así como a reconocer cuándo los requisitos mencionados se cumplen.

Hoy, 18 de abril de 2016, es el último día que tienen los estados miembros, entre ellos España, para trasponer tres directivas europeas aprobadas hace dos años y que tienen entre sus objetivos hacer más eficiente, transparente y homogeneizar las normativas sobre contratación en la Unión Europea (UE). Llegada la fecha límite, España no ha hecho los deberes.

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer viernes el acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica, que trata de fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos y que como novedad plantea favorecer su procedencia renovable –eólica o solar, principalmente–. Por primera vez se tendrá en cuenta y se puntuará el origen renovable de la electricidad.

La Unión Europea ha puesto su punto de mira en la contratación pública española. Considera que su opacidad es más elevada que en la UE y pide cambios normativos.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado al juzgado de Madrid que investiga el origen de su fortuna que archive la pieza separada sobre la contratación de su excuñado Santiago Alarc.

El Supremo ratifica una sentencia del TSJ de Madrid que pone coto al abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas

El expresidente del Govern de las Islas Baleares, Jaume Matas, acudirá hoy a los tribunales por el juicio de las piezas separadas del caso Palma Arena, referentes a la contratación de los arquitectos del velódromo. Matas se enfrenta a una pena de cárcel total de cuatro años,ya que le piden dos años de prisión por cada pieza,y está acusado por delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental.. contrató presuntamente de manera irregular al arquitecto Ralph Schürmann para la construcción del velódromo en 2004. Tras el abandono de Schürmann..

El informe revela que en RTVE no existe un reglamento interno de contratación de personal, lo que favorece, entre otras cosas, la formación de las polémicas ‘redacciones paralelas’. La auditoría también denuncia la falta de control sobre los contratos temporales, lo que provoca que, transcurridos tres años desde la incorporación de los periodistas, Televisión Española tenga que convertirlos en trabajadores indefinidos.

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves de la semana pasada la 'Ley de Contratos con el Sector Público', norma que lleva a los ordenamientos jurídicos españoles las Directivas europeas de contratación del sector público y que da más transparencia al sector con un incremento de los controles sobre la corrupción, morosidad y revisará la libre concurrencia.

El Comité de Siemens Gamesa en Agoitz denuncia «fraude» en la contratación temporal .De las 350 personas que integran la plantilla 175, un 50%, están con contrato eventual, y de estos 175 contratados eventuales, 155 lo son a través de empresas de trabajo temporal, según ha asegurado el Comité de Empresa.

La decisión del Gobierno de Kenia de acelerar la contratación de 100 médicos cubanos ha sido mal recibida por el sindicato local del sector de la Salud, que denuncia la situación de desempleo de unos 1.200 médicos kenianos. "Esto no es justo. Aproveche esos recursos para actualizar nuestras habilidades médicas, ajuste mejores condiciones de trabajo, mejor pago de sueldos y luego ajuste la ley que guía la prestación de servicios (de los médicos). No necesitaremos médicos importados", escribió un usuario en el perfil oficial del gobierno en red

La Comisión Europea tiene a España en el punto de mira por las miles de denuncias que ha recibido por el abuso de la contratación temporal en el sector público. Según datos del Ministerio de Sanidad de 2017, la temporalidad en el sector sanitario estaría sobre el 30 por ciento.

El anunciado incremento del salario mínimo a 900 euros mensuales —que debe ser aprobado por un real decreto antes de que finalice el año— ha provocado un terremoto en el mundo de la contratación pública. En particular, en sectores como el de la seguridad y vigilancia privadas, la limpieza de edificios públicos o el transporte de viajeros por carretera, cuyos salarios, en muchos casos, están muy por debajo de esa cuantía.

Las pymes constituyen más del 98% de las empresas de la Unión Europea, el 99,88% en nuestro país, a pesar de lo cual, según estudios recientes en España, el 70% de los recursos de la contratación pública se adjudican a las 10 mismas empresas, que sólo representan el 0,01 de nuestro tejido empresarial. Sobre esta ausencia de pymes en la actividad contractual de las administraciones quiere actuar la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025.

Según las previsiones de las principales empresas de trabajo temporal, en este periodo se va a producir un incremento de la contratación entre el 4,5% y el 8,3% con respecto a 2017.

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha ratificado la sanción impuesta por la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por la contratación irregular de su asistente personal.

La contratación indefinida a mayores de 45 años registró en 2018 la cifra más elevada en 12 años, con más de 370.500 contratos, un 17,9% más que en 2017, según un informe de Randstad en el que se analizan los datos del Servicio Empleo Público Estatal (SEPE) comprendidos entre 2006 y 2018. Tras subir un 11% en 2007, los contratos fijos firmados por mayores de 45 años descendieron más de un 42% durante cuatro años consecutivos, hasta registrar la cifra más baja en 2011 (128.388 contratos).

Únicamente el 0,5% de los gastos de las empresas en costes salariales van destinados a pagar indemnizaciones por despidos improcedentes; es decir, 1 de cada 200 euros. Tampoco el precio del despido está entre las preocupaciones del 95% de los empresarios a la hora de contratar, según refleja la Encuesta de Coste Laboral, elaborada por el INE. “Por lo cual, que abaratar el despido es un incentivo para la contratación indefinida es uno de los mitos que no se sostiene por los números y que, sin embargo, permitió dos reformas laborales".