Se le acusa de prestar presuntamente apoyo a una red para el ejercicio de la prostitución en el establecimiento, que permanece clausurado desde hace cinco días.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avisado a España que no puede denegar el permiso de residencia a alguien sólo por tener antecedentes penales y sin evaluar los delitos que haya cometido. Preguntado por dos tribunales de primera instancia de Barcelona y la subdelegación del gobierno español en la capital catalana por la legislación española de extranjería , el alto tribunal con sede en Luxemburgo ha concluido que no es compatible con la directiva europea correspondiente para que ésta exige que se consideren 'diversos elementos'.

CSIF denuncia que el servicio cuenta con más plazas vacantes que ocupadas y urge que se dimensiones la plantilla a la carga de trabajo. El sindicato alerta de que muchos de los trámites pendientes acabarán resolviéndose por silencio administrativo.

Edith Espinola, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es portavoz de la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) y del movimiento #RegularizacionYa.

El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, recuerda que "la valla de Melilla está construida sobre territorio español" y por tanto, "el que se sube a la valla ha entrado en España", así que le son de aplicación todas las garantías constitucionales.

Las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos sostienen que la circular emitida en 2012 por el Ministerio del Interior para frenar los controles policiales de identidad basados en perfiles raciales no ha erradicado esta práctica, aún vigente en muchas grandes ciudades españolas, por las que se selecciona a personas en función de su apariencia física para pedirles la documentación en el marco de controles de Extranjería.

El PP pretende legalizar las polémicas "devoluciones en caliente" a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite parlamentario, de forma que se de carácter legal a la expulsión de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla. Los populares han presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana y entre ellas propone una enmienda de adición mediante la cual pretende reformar esa Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera, algo hasta ahora ilegal.

La Ley de Seguridad Ciudadana entra en vigor el próximo 1 de julio y con ella, una reforma en materia de extranjería que impedirá a la policía quedarse con el pasaporte de los inmigrantes en situación irregular, como viene haciendo como medida cautelar cuando existe una orden de expulsión. Sólo podrá hacerlo si lo ordena un juez en un proceso penal.

Amina Hussein vive en Barcelona desde hace 10 años y tiene que renovar su permiso de residencia. Para tramitar sus papeles la administración española le demanda una serie de documentos que son imposibles de conseguir

La Comunidad Valenciana pone en marcha una oficina antifraude formada por 30 funcionarios que perseguirá la corrupción. El Consell aprueba este viernes su presupuesto de 1,5 millones de euros. Su misión será evitar delitos en las administraciones públicas y llevarlos a los tribunales. Contempla sanciones de 30.000 a 400.000 euros por negar información, dificultar investigaciones o realizar denuncias falsas. Su recién elegido director, Joan Antoni Llinares, destaca la protección al denunciante y que habrá un buzón para denuncias anónimas.

La autora denuncia que las condiciones de vida a las que están sometidos los temporeros que se dedican a la recogida de fruta son originadas por un modelo agrario intensivo e insostenible y una ley de extranjería que transforma personas en mercancías.

El resultado se salda con dos detenidos, uno por un delito de atentado contra agente de la autoridad, y otro por infracción a la Ley de Extranjería

El Ministerio del Interior libera a los últimos inmigrantes ante la imposibilidad de expulsarlos Los siete centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el anexo de Tarifa están vacíos por primera vez en más de tres décadas. Tras un periodo sin nuevas salidas, este martes y miércoles han sido liberados los últimos cuatro internos que aún estaban encerrados en el centro de Algeciras. Tres veteranos abogados especializados en extranjería consultados no recuerdan un precedente igual desde 1985, cuando se creó la figura jurídica de estos centros.

La Fiscalía sigue en la línea de otras piezas de la macrocausa e impide que se sienten en el banquillo hasta ocho de los diez agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Extranjería investigados por 59 delitos relacionados con la red de prostitución

La medida de más calado en materia migratoria del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha topado con la oposición del ministerio del Interior. El cambio del reglamento de Extranjería para facilitar los documentos a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a España de manera irregular ha vuelto a poner sobre la mesa dos enfoques opuestos en el mismo Gobierno para abordar la inmigración. En una reunión mantenida este viernes entre los ministerios que participan en la reforma quedó...

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la reforma del reglamento de extranjería que podría beneficiar a 16.000 jóvenes facilitando su tránsito a la vida adulta, y también para los extutelados que ya han cumplido hasta 23 años. Las entidades de Infancia y El Defensor del Pueblo llevaba más de un década exigiendo esta cambio para poner fin a las leoninas condiciones que mantenían en un limbo a miles de jóvenes

Pero el caso de Gabriel tiene una particularidad extra al tratarse de un ciudadano rumano, un país de la Unión Europea. La ley de extranjería en vigor sí permite la expulsión de España de ciudadanos comunitarios, pero no su internamiento en un CIE. Para José Javier Ordóñez, abogado de Migrastudium, el servicio jesuita a migrantes, el caso “es el colmo de la injusticia dentro de un centro injusto como ya es el CIE”. “Es excepcional y no tiene cobertura legal”, insiste el letrado.

El hombre cobraba entre 100 y 900 euros a cada individuo por el empadronamiento y ha sido acusado por la Policía Nacional de incumplir la Ley de Extranjería