En España había en 2021 más de 3,8 millones de viviendas vacías, casi el 14% del total, o lo que es lo mismo, una de cada siete. Son datos del último Censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que marca el mapa de los hogares y viviendas y, con una renovada metodología, el uso real que se hace de ellas. Mapa Interactivo.

El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que dicho impuesto no vulnera principios constitucionales. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la desestimación del recurso presentado por la Asociación Española de Banca (AEB) contra el Decreto 183/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre viviendas vacías de Cataluña y que desarrolla la Ley 14/2015, de 21 de julio, del citado impuesto.

Bruselas-Capital, con 4500 pisos vacíos, han decidido adoptar una iniciativa poco convencional: confiscar casas para luego arrendarlas. Sus problemas con la subida de precios, oferta menguante de pisos en alquiler asequible y "aguda crisis inmobiliaria", ha hecho resurgir una vieja herramienta de la que disponen sus municipios desde hace más de 10 años: Droit de Gestion Publique (DGP): "permite a un operador público gestionar viviendas desocupadas o insalubres para renovarlas y alquilarlas a precio reducido durante un periodo mínimo de 9 años".

En toda la ciudad de Londres existen más de 500 proyectos de edificios de gran altura en construcción, algo que debería ser buenas noticias para un país que está sufriendo una crisis inmobiliaria. Sin embargo, la realidad es que apenas va a suponer un beneficio para aquellas personas en busca de una vivienda digna, puesto que los inversores adquieren terrenos y recursos baratos para convertirlos en proyectos de construcción de viviendas caras y de alta rentabilidad. Se han demolido muchas viviendas públicas y de protección oficial, mientras...

Un total de 45 propietarios de inmuebles considerados “grandes tenedores" de Baleares han inscrito 859 viviendas vacías desde hace más de dos años para destinarse, según establece la Ley de Vivienda, a alquiler social. Así lo ha anunciado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons. La normativa obliga a que los grandes tenedores a inscribir sus casas vacías en el Registro de viviendas desocupadas. En caso contrario, serán sancionados entre 3.000 y 90.000 euros.