Más de 29 actores y actrices, entre ellos Lena Headey y Cynthia Nixon, participan en la serie de vídeos del Festival Palestino de Literatura. Leen hechos exhaustivos presentados por Sudáfrica en su caso ante la CIJ contra Israel. Se han publicado cinco vídeos, cada uno de ellos dedicado a un tema diferente del expediente, entre los que se incluyen "actos genocidas" contra palestinos, graves daños corporales y mentales, destrucción masiva de viviendas que provoca desplazamientos y privación de alimentos y agua a los palestinos de Gaza.

El Ayuntamiento de Esponellà (Pla de l'Estany, Girona) ha abierto un expediente contra el propietario de una vivienda por gastar durante el año pasado hasta 5.200 metros cúbicos de agua. La cifra sobrepasa -y bastante- el límite de 230 litros por habitante y día que establece la fase actual de preemergencia. El caso se ha podido detectar tras analizar los consumos de agua que hacen las viviendas de Esponellà. De entrada, el expediente se traducirá en una multa que puede llegar a ascender a los 3.000 euros.

La Junta Electoral de Galicia ha abierto un procedimiento sancionador contra la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia por enciar el pasado viernes de mensajes de texto a los móviles del personal sanitario gallego con anuncio "electoralista" en el que se les informaba de una subida salarial, acordada en abril de 2023, a dos días de las elecciones autonómicas del domingo.

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente por posible fraccionamiento de contratos del bipartito de gobierno de Elche. Se trata de las facturas que denunció el PSOE en el pasado mes de enero, y que puso en contacto de la agencia, que ha decidido abrir expediente para ver si finalmente procede una investigación. La denuncia viene por facturas por valor de 56.000 euros para compra de flores en un mes y medio, a finales de 2023.

Un portavoz de la asociación, Agustín Leal, tomó la palabra desde el escenario: “Sin la Guardia Civil seríamos la Venezuela de Chávez”, arguyó, tras cargar contra “la mentira y la traición de los que pretenden romper el Estado de Derecho”.

La Real Federación Española de Fútbol ha abierto expediente sancionador y ha apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones a los directivos relacionados con la causa judicial que lleva el juzgado 4 de Majadahonda; en concreto, el director de Servicios Jurídicos, Pedro González Segura; y el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado en un comunicado que “los expedientes han terminado sin la imposición de sanción pecuniaria mediante un acuerdo de terminación convencional” porque “las compañías han asumido su responsabilidad y han suscrito una serie de compromisos de no reiteración”. En resumen, tras más de tres años saltándose la ley, la administración competente las exime de pagar multa alguna porque se han comprometido a no seguir incumpliéndola.

La fiscal jefe de Madrid ordena trasladar la denuncia de una asociación jurídica por presunto delito de receptación a la Fiscalía del Supremo por ser Isabel Díaz Ayuso aforada.

La Comisión Europea ha enviado una segunda carta de emplazamiento a España en relación a las prórrogas de la concesión de la AP-9 hasta 2048, alertando del incumplimiento de las normas europeas de concesión de autopistas y dando un plazo de dos meses para responder. Este procedimiento nace de una denuncia de la asociación EN-COLECTIVO en julio 2019 y ya tuvo una respuesta similar por parte de Bruselas en el año 2021. Relacionada: www.meneame.net/story/aznar-cambio-ley-autopistas-tapar-prorroga-ilega

La Comisión Europea ha expedientado al Estado español por no transponer correctamente las normas europeas sobre el refuerzo de la presunción de inocencia. En este sentido, la Comisión constata que las medidas que el Estado español se ha comprometido a cumplir no aplican de manera correcta las normas europeas.

En esta resolución, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, se hace hincapié en la condición de "medio de comunicación de titularidad pública" que tiene Telemadrid, poniendo énfasis en que estas expresiones se produjeron en "periodo electoral". La regulación sobre los entes públicos establece el "deber de objetividad exigido en la actuación de las Administraciones".

Alberto González Amador multiplicó por diez el coste declarado de la obra después de que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid rechazase su primera declaración responsable. La reforma llevó a cabo importantes demoliciones en el inmueble pese a los informes contrarios de los técnicos.

“No vamos a filtrar ni un solo dato de ningún particular”, aseguraba Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, cuando los periodistas le preguntaban por los hechos denunciados por Reyes Maroto. “No somos la Fiscalía General del Estado ni Hacienda, hay que respetar la protección de datos”, decía sobre la entrega de información incompleta a la oposición por parte de la Junta de Chamberí.

Otro capítulo más se suma a la historia de las monjas cismáticas de Belorado. Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos se ha abierto expediente sancionador contra el convento por contar con un criadero de perros que no cumple la normativa al no contar con licencia de núcleo zoológico. La apertura de este expediente sancionador ya fue comunicada a la congregación religiosa y se encuentra en periodo de alegaciones.