Profesores y sindicatos educativos han mostrado preocupación contra el Ejecutivo de Madrid después de que hayan sido estos profesionales los que han tenido que hacerse cargo de la corrección de pruebas censales y diagnósticas realizadas a cursos de Primaria y Secundaria en toda la comunidad pese a que,como reza en el Portal de Transparencia, esta tarea iba a recaer en una empresa privada a la que se le iba a adjudicar un contrato valorado en 1,2 millones de euros. Los docentes sobre los que ha recaído esta tarea no han sido recompensados