Con 32 empleados a su cargo, cobra más que el presidente del Gobierno, los ministros, y otros responsables de entidades estatales de mayor dimensión. Hasta ahora, la entidad había incumplido la Ley de Transparencia, que entró en vigor a mediados de diciembre.

Acuamed, Arpegio, Mercasevilla… Muchos escándalos de corrupción se originaron en entidades públicas.El último informe de Transparencia Internacional lo dejaba muy claro: la corrupción en la contratación desde empresas públicas es “bastante generalizada”, como refleja “claramente” el caso Acuamed. España tiene 58 puntos sobre 100 en el ranking de corrupción, una posición preocupante, peor que la mayor parte de vecinos europeos. Hasta la propia Comisión Europea ha pedido a España que adopte medidas urgentes para mejorar los procedimientos de la..

Rocío Mosquera dirigía la Sanidad gallega cuando la Xunta negó tratamientos de hepatitis C a varios pacientes, caso por el que la fiscalía acusa a dos de sus altos cargos de un delito de homicidio imprudente

El holding público ya ha consumido una cuarta parte de ese colchón de seguridad en lo que va de año con inyecciones en Navantia y Cofivacasa. El pasado 1 de marzo el Consejo de Administración del hólding estatal decidió dar un préstamo participativo de 215 millones de euros a Navantia para cubrir el desequilibrio patrimonial de 26 millones de euros que se puso de manifiesto al cierre del ejercicio de 2018. Con esta nueva inyección de recursos, el Estado ha empleado ya más de 800 millones de euros desde el año 2015

El Gobierno revoca la congelación de puestos de alta dirección en el sector público empresarial instaurada en tiempos de Montoro y abre la puerta a ensanchar sus cúpulas directivas aún cuando presenten pérdidas.

Por primera vez, el Gobierno publica el número total de entes públicos que existe en España. La cifra oficial roza las 19.000 entidades de todo tipo. El Ministerio de Hacienda ha desvelado un secreto hasta ahora desconocido: el número total de entes (empresas, sociedades y organismos de todo tipo) que aglutina el sector publico en España. Y la cifra oficial no es baladí. Según el inventario de entes del sector público, el país cuenta con 18.921 entes públicos.

Así podría comenzar y terminar la breve historia de Remolcadores del Noroeste (Renosa). El presidente de la SEPI y exdiputado del PP, Ramón Aguirre, la entregó anteayer por 2 millones de euros a tres empresas privadas. Renosa tenía cinco trabajadores, un remolcador, facturaba 1,5 millones al año, con un beneficio neto de medio millón anual. Los astilleros públicos requerían su servicio para mover los buques sin que se dispararan los costes. Pero eso se acabó, sin duda "por urgentes razones de interés económico y social".

En este artículo, Juan Ramón Rallo analiza el impacto que ha tenido sobre todos los contribuyentes la privatización de empresas públicas como Telefónica, Repsol, Iberdrola, etc. así como la conveniencia de estatalizarlas de nuevo.

La nueva alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha impedido esta mañana al exalcalde, Arturo Torró, acceder a los despachos de la empresa pública de la ciudad, Iniciatives Públiques de Gandia. Torró se ha presnetado en la sede de IPG por la mañana con otros empleados con la intención de recoger «nuestros enseres personales» y se ha encontrado con que dos policías locales le impedían la entrada, tanto a él como al resto de trabajadores, muchos de ellos personas ligadas al Partido Popular.

Los populares entraron en la empresa con ímpetu reformador, pero sus resultados cuando ya han pasado 3 años hablan más de una evolución tranquila en la primera empresa pública por número de empleados. Sorprende como en una empresa con recortes de facturación y gastos de personal, la retribución del consejo de administración y del comité de dirección haya subido, y de manera notable.

Tussam, Emasesa y Lipasam han presentado alegaciones casi idénticas, y el mismo día, al Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Sevilla. Se amparan en que ese aspecto no se contempla ni en la ley estatal ni en la autonómica, que prevén expresamente el deber der secreto y la confidencialidad. Argumentan también que las decisiones de sus órganos sociales no competen solo a Sevilla sino también a otros ayuntamientos.

La SER accede al sumario del caso Acuamed, empresa pública dependiente de Agricultura Un informe de la UCO de la Guardia Civil sostiene que Arcadio Mateo, exdirector general, era quien "promovía, organizaba y dirigía" los hechos delictivos.

El descontrol que desencadena el largo periodo de un Gobierno en funciones llega a las empresas públicas con insólitos episodios de deslealtades y traiciones. La presidenta de Sepi

Susana Aguilar, hasta ahora directora regional de la empresa de exportación de armamento, se ha desvinculado de la filial de Sepi con una excedencia voluntaria. Su hermano Fernando Aguilar fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo del año pasado y está imputado en el escándalo de corrupción que afecta a la firma. Ambos son cuñados de Cristina Cifuentes, aunque en el entorno de la presidenta madrileña aseguran que no tiene ninguna relación con ellos.

El organismo ha detectado lagunas de información, deficiencias en la evaluación de riesgos, provisiones calculadas de manera errónea y funciones de los supervisores sin definir.

Con datos referidos a 2014, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre autonomías donde los resultados han sido especialmente malos, como la Región de Murcia con unas pérdidas de casi 2.000 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 66 personas que estaban imputadas en cinco piezas separadas del caso Madeja sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo a cambio de sobornos a funcionarios.

Ignacio López Cano, secretario Ejecutivo de Movimientos Sociales de los socialistas, presidirá Salvamento Marítimo en sustitución de Juan Luis Pedrosa, ex alcalde popular de PontevedraCon este nombramiento, Pedro Sánchez ya habrá situado al 44% de su Ejecutiva federal en el Gobierno o en otros cargos públicos dependientes del EstadoMás de una docena de personas vinculadas al partido van a dirigir empresas estatales con una retribución global estimada de más de 2,3 millones anuales

La Junta dice en una respuesta parlamentaria "no haber podido encontrar evidencias" del proceso de selección de Antonio Muñoz, subdirector jurídico de la Empresa Pública Turismo y Deporte Andaluz. Preguntado por este periódico, Muñoz ha dicho que "no tiene nada que decir" sobre el asunto

Una docena de cargos nombrados por Mariano Rajoy en empresas del sector público mantienen sus puestos tras el frenesí de nombramientos que propició la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. En Indra, se mantiene a propuesta del holding estatal SEPI el exministro Juan Carlos Aparicio, y en Enagás permanece Marcelino Oreja, su consejero delegado. El cómputo no incluye a consejeros del Ibex como Ana Palacio, Isabel Tocino y Fernández de Mesa, que entraron en Enagás y Red Eléctrica con la etiqueta de "independientes", más difíciles de cesar

Los investigadores de la trama Púnica tienen indicios de que ese contrato se utilizó en realidad para financiar trabajos de reputación personal de dirigentes del PP. Silvano Corujo, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción, reitera que el expresidente Ignacio González ordenó recaudar un millón de euros para el partido.Silvano Corujo, exdirectivo de ICM, la segunda empresa pública más relevante de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que Indra resultó adjudicataria en 2011 de un contrato sin pasar por la mesa de contratación que él presidía.

EH Bildu, ERC, Compromís, Más País, Junts per Catalunya, CUP, BNG y Nueva Canarias han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre las empresas públicas españolas que participaron en la construcción del AVE a La Meca, tras los reiterados rechazos de la Mesa de la cámara a investigar a Juan Carlos I por las supuestas comisiones que cobró por esas obras.

La sombra de la privatización sobrevuela la empresa pública más rentable de la comunidad autónoma, Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), que en 2020 cumplirá 30 años de historia con una media de más de 15 millones de euros de beneficios el último lustro y hasta 20 en varios ejercicios, y una facturación de más de 100. Independientemente de que desde el Gobierno de Andalucía se haya negado con más o menos rotundidad esta intención, la plantilla ve una señal que suscita sus sospechas: cada vez hay menos trabajadores...