La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a las duras críticas de los empresarios contra el acuerdo para que la Inspección de Trabajo tenga más control sobre los despidos colectivos, que ha sido tachado de “traición” por las patronales. “¿Cuál es el problema de que la Inspección examine las causas de los ERE si todo se hace bien?”, ha respondido Díaz esta tarde. “Entiendo que la patronal española está de acuerdo con la defensa de la legalidad”.

Estas intervenciones detectan la aplicación de salarios inferiores a los que marcan los convenios, impagos y jornadas de trabajo superiores a las acordadas por las que reciben remuneraciones incompletas que no cotizan ni tributan. Esa cifra no refleja el número de trabajadores que se encuentran en esas situaciones, sino el de los que la sufren y han sido detectados por los inspectores y subinspectores en el desarrollo de sus tareas de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral.

Los hechos fueron descubiertos en noviembre de 2015 durante una inspección realizada en un olivar del término de Badajoz. Por vía administrativa la multa habría sido de 290.000 euros, pero curiosamente la Inspección de Trabajo decidió enviar el caso a la vía penal.

Dicen quienes les han visto que guardan una figura humana bastante reconocible. Nada raro. Habrá que fiarse de esos testimonios porque el resto coincide en afirmar que jamás ha avistado a un inspector pese a que no le vendría mal que se diese una vuelta por su empresa. Algunos de estos funcionarios podrían contestar que tienen la opción de denunciar lo que deseen para ponerse en marcha. Otros comentarán que para qué, si las resoluciones no son concretas. También pueden alzar la voz quienes piensan que los inspectores trabajan para el gobierno.

La Inspección de Trabajo ha detectado que hay 20.000 empresas en las que se podría estar utilizando el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de manera fraudulenta. Los inspectores del...