El Tribunal Constitucional (TC) apoyará la ponencia redactada del magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert. Entre otros, apoyará tres apartados muy cuestionables de esta norma impulsada por el exministro de Educación que ya fueron recurridos por el PSOE: las subvenciones públicas a los centros educativos que segregan a su alumnado por sexo; la potestad de los centros para seleccionar a su alumnado y segregarlo en “itinerarios académicos”; y aquella que incluye la clase de Religión en el currículo

El Consejo de Ministros aprobará este martes la norma que desmantelará el modelo educativo del PP: se eliminarán las reválidas y los itinerarios académicos según las capacidades, se dará prioridad en el régimen de conciertos a centros que no segreguen por sexo y la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos será obligatoria. La nueva ley, LOMLOE, llegará al Consejo de Ministros siguiendo el mismo texto que se aprobó en la última legislatura y que no llegó a debatirse por el adelanto electoral.

El Gobierno regional vuelve a encontrar una nueva argucia para sortear la ley estatal de Educación o Lomloe, en este caso para poder seguir enviando fondos públicos a los centros concertados Nelva y Monteagudo de Murcia, los dos únicos colegios de la Región que todavía segregan por sexos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya habían comenzado a posicionarse en esta cuestión, en concreto para mantener el concierto de los centros educativos que separan a los niños y niñas en instalaciones diferentes.

La nueva ley permite a las universidades privadas a declararse instituciones públicas y, como tal, recurrir a los fondos asignados al presupuesto del Estado en diversas formas, tales como fondos para la investigación científica. El opositor Partido Democrático, que ha dado permisos a docenas de universidades privadas en la última década, también criticó la nueva ley, diciendo que va a dañar a los hijos de los pobres.

El Ministerio de Educación se ha propuesto sacar para delante la que será la nueva Ley de Formación Profesional. Una norma de la que todavía se sabe más bien poco pero que apunta a hacer un 'lifting' -según las propias palabras de al Ministra Celaá- a este tipo de formación cada vez más demandada. Otro de los retos que se quiere abordar es ampliar el número de grados en algunas de las áreas más demandadas por el mercado, como inteligencia artificial o sistema informáticos. Algo que también debe llegar de la mano de nuevos profesores.

Según Casado "Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice: libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular, más materias comunes, inglés y STEM". Por su parte el gobierno defiende la norma que empodera a las mujeres, a través de su ministra Maria Jose Montero

La ley educativa en vigor desde 2021 (Lomloe) prohíbe a los centros recaudar dinero de manera obligatoria y exige que las actividades complementarias estén fuera del horario escolar

El documento base de IU propone ir reduciendo la concertada y avanzar hacia una educación laica

El autor repasa las dificultades de comienzo de un curso marcado por la aplicación de la Lomce,"Éste es el pastel que dejo Wert:una ley nefasta,aplicada por una Administración incompetente que pone en peligro la calidad educativa y un sistema público que tiene que tener como finalidad la equidad escolar y la cohesión social.La comunidad educativa y todas las fuerzas sociales,sindicales y progresistas deben inventariar las necesidades educativas y reclamar los cambios que aseguren una reversión de los recortes y la priorización de la red pública

El Ministerio de Educación ha enviado a las entidades sociales un documento con sus propuestas para modificar la ley Wert. Entre las medidas planteadas por Educación también proponen "un plan de repetición individualizado" para alumnos que lo requieran

El texto contiene una explicación detallada sobre la ley que consagra el laicismo en la educación pública andaluza. Trata de explicar de manera concisa y clara, sin tecnicismos, por qué una procesión de semana santa no se puede celebrar en un colegio en horario lectivo usando zonas comunes.

Entidades cívicas de los sectores de la enseñanza, los derechos civiles, la sociología y la cultura suscriben un manifiesto dirigido a los grupos parlamentarios para lograr un gran consenso en materia educativa

La Conferencia Episcopal cree que el Ministerio de Educación no ha querido "encontrar una solución positiva y asumible" y que la actual Ley de Educación "no nació de un pacto educativo y su urgente tramitación –en tiempo de pandemia y en estado de alarma– impidió una adecuada participación de toda la comunidad religiosa". La Iglesia española, con todo, confía en que las comunidades autónomas reviertan "lo establecido por el Ministerio en el ámbito de sus competencias" y doten a la Religión de "una ampliación razonable del horario del área".

El grupo designado para elaborar el informe previo al II Plan de Derechos Humanos considera, en el 'censurado' texto, que la Lomce no soluciona los problemas de segregación, discriminación ni abandono escolar temprano y censura la exclusión de los inmigrantes irregulares del sistema sanitario.

PSOE y Podemos denuncian que PP y Ciudadanos están dilatando la tramitación de enmiendas para evitar que se apruebe esta legislatura.Esta ley que tiene como objetivo garantizar el derecho a una educación inclusiva a todo el alumnado de la comunidad y llegó a la cámara regional el pasado mes de mayo de la mano de 42 ayuntamientos madrileños de distinto signo político. "Parece que la atención a la diversidad no es una prioridad para los grupos conservadores". "El PP y Ciudadanos de forma irregular y antirreglamentaria han boicoteado la tramitac

En Argentina, el debate social se inundó de menciones a la Educación Sexual Integral (ESI), ya que empezó a discutirse en el Congreso una reforma a la ley actual. De las muchas cuestiones que atraviesan este debate, destaca una: actualmente, es obligatoria para todos los establecimientos educativos (incluso los de gestión privada), pero existe la posibilidad de aplicarla de manera discrecional, pues hay un artículo en la ley que permite a cada institución adaptar el contenido a su “ideario institucional” y a “las convicciones de sus miembros”.

¿Qué país de Europa impide que haya alumnos que puedan estudiar en su lengua materna, siendo esta además la oficial en todo el país? ¿Qué partidos supuestamente progresistas pueden defender un modelo educativo que genera profundas desigualdades entre alumnos castellanohablantes y catalanohablantes? ¿Qué tiene de moderno, en pleno siglo XXI, apuntalar un sistema monolingüe impidiendo uno trilingüe? Son preguntas que se hacen muchos ciudadanos en Cataluña y en toda España desde hace años y que se repiten estas semanas.

La ley educativa es lo de menos. Lo importante, seamos sinceros con esos niños a los que supuestamente queremos educar, es que viven en un país en eterna disputa

El Tribunal de Justicia de Madrid ratifica las cautelarísimas solicitadas por CCOO y reitera la suspensión de la circular sobre la educación por ámbitos en la ESO.

El hachazo a la pública en 2011 tuvo como respuesta una de las mayores movilizaciones vividas en la educación madrileña y en la defensa de los servicios públicos: la Marea Verde. Un movimiento que de la mano de toda la comunidad educativa logró que un 80% del profesorado secundara las huelgas de educación. El gobierno regional se asustó. Tanto como para reactivar toda su maquinaria neoliberal y acompañar los recortes de un relato totalizador para emponzoñar la imagen del profesorado de la pública. Aquí comienza nuestro primer acto.

Ninguna de las ocho leyes educativas anteriores ha provocado tanto rechazo como el generado por la Lomloe entre padres, profesores, escuelas y sindicatos.

Nueva huelga de la educación pública, convocada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores. La jornada de protesta cuenta con el apoyo explícito de Podemos e Izquierda Unida.

La Educación sigue siendo un arma política más. Mientras los ciudadanos siguen reclamando un pacto de Estado en esta materia, lo que ocurre en la práctica es que cuando cambia el signo político en la Moncloa, se prepara un nuevo texto con modificaciones a la anterior propuesta educativa.

"Todas las reformas son complejas, pero todas deben centrar el debate en la evidencia, propiciar un diálogo continuado entre los actores involucrados y aprobarse con el mayor consenso posible". Son palabras de Diana Toledo Figueroa, analista de Políticas en la Dirección de Educación de la OCDE que este miércoles ha presentado en Madrid el informe Política educativa en perspectiva 2015: hacer posibles las reformas.

Les dicen “La patota culturosa” porque leen, actúan, son músicos, estudiantes, emprendedores, pensadores. Un grupo de alrededor de 15 hombres que están cumpliendo pena en la cárcel de Punta de Rieles y reclaman que se respete y garantice su derecho al acceso a la educación terciaria y universitaria. A raíz de la experiencia de uno de ellos, estudiante presencial de materias del tercer y cuarto semestre de Ingeniería, al que llamaremos José (todos los nombres son ficticios), elaboraron un proyecto de ley que crea, en la órbita del Instituto Naci

El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023, tal y como lo ha anunciado Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la ministra de Igualdad ha asegurado que la normativa madrileña es "regresiva", al limitar y vulnerar derechos que ya están reconocidos en la legislación estatal.

Después de cuatro años, en los que el PP ha conseguido tener en su contra a toda la comunidad educativa y a todas las fuerzas políticas y a 20 días de las elecciones generales, finalmente ha comprendido que es necesario “llegar a acuerdos”. El partido del Gobierno se ha comprometido a convocar un Pacto de Estado por la Educación si alcanza La Moncloa en la próxima legislatura.