El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado "inconstitucionales y nulos" varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta a finales de 2015, en los que se entraba a regular, entre otras cuestiones, la obligación de facturación de las eléctricas con base en consumos reales. El Gobierno central recurrió ante el TC tres de los artículos de esta normativa, al entender que vulneraban sus competencias.

Se trata de la primera vez que activistas de Greenpeace son denunciados bajo la ley mordaza, a pesar de la gran oposición social y política a esta norma. Greenpeace ha denunciado en diferentes ocasiones su aplicación, ya que coarta el derecho de protesta pacífica.

La nueva Ley de Cambio Climático es la que está impulsando el uso del vehículo eléctrico en España, buscando “decarbonizar” el país para 2050. Pero ¿está el país preparado para acoger esta revolución tecnológica y social? Los principales elementos que marcan esta ley afectan a muchos sectores. Y en este caso, el transporte ha sido uno de los más afectados.

El Ministerio para la Transición Ecológica lanza un proyecto de Ley que busca acabar con los denominados "beneficios caídos del cielo" que tienen las compañías energéticas que incluyen en la factura precio de emisiones de carbono pese a producir con fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero como las nucleares o las hidroeléctricas. La decisión llega en un momento que viene marcado por un incremento del precio de la factura de la luz del 43,8% respecto a 2020.

El sector energético ha sido el más beneficiado en Bolsa por la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, en detrimento de la banca.

El sector automovilístico se enfrenta a una transformación sin precedentes. Un escenario disruptivo que ya ha afectado a 35.000 trabajadores, solo en España, según avisa UGT. Pero no es un problema local, sino global. Y es que fabricantes de todo el mundo están a las puertas de este gran cambio como es el coche eléctrico. Una transición para la que están invirtiendo mucho dinero, pero también está siendo utilizada como argumento para despedir a miles de trabajadores.

Si en un primer momento las grandes compañías decidieron suspender los viajes de sus trabajadores a zonas declaradas de riesgo como China o Italia, en la última semana han comenzado a implementar medidas como la división de equipos para evitar que un eventual contagio de alguno de sus trabajadores afecte a los integrantes de puestos críticos para el funcionamiento de sus líneas de negocio.

El presidente de la Federación Española de Caza ve como un "día aciago para la democracia" la aprobación del anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal del Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos.

Refuerza su compromiso con Ucrania y anuncia un tiempo difícil para familias y empresas por la energía. Avanza un nuevo Pacto de Estabilidad.

Aragón ha iniciado el procedimiento para impugnar la nueva Ley de Contratos del Sector Público ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de las competencias autonómicas y por crear un régimen desigual para Navarra y el Pais Vasco

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Se establecen un conjunto de ayudas extraordinarias a favor de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que desarrollan su labor a favor de diversos colectivos especialmente afectados por la Pandemia de la COVID-19 como son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo gitano, los diversos colectivos...

'Más Vale Tarde' ha hablado con Jorge Morales de Labra, experto energético, para aclarar todas las dudas sobre el impuesto al sol, que quiere aprobar el Gobierno en su nueva ley de consumo. Con el nuevo impuesto al sol, se penaliza el autoconsumo eléctrico doméstico. "Su hubiese balance neto de intercambio, en ocho años ahorraría toda mi electricidad", explica. Asimismo ha explicado que "el pago a las centrales en 2014 y 2015 es por estar disponibles en caso de necesidad".

"Necesitamos un nuevo modelo de mercado para la electricidad, que realmente funcione y nos devuelva el equilibrio". La presidenta de la Comisión Europea asumió una realidad que hace no tanto parecía lejana para Bruselas. La invasión rusa de Ucrania ha provocado que a la UE le entren las prisas, bajo una crisis energética sin precedentes. Así, ya se plantea sin vuelta atrás una reforma del mercado energético que será, según de Ursula von der Leyen, una "intervención de emergencia" que, según ella, debería estar completada a principios de 2023.

El Gobierno tiene avanzado ya un mecanismo para atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de energía mediante plantas hidráulicas y nucleares, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor. Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos "beneficios caídos del cielo" para estas tecnologías del mix energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Si echamos un vistazo al (último) recibo, es fácil encontrarlo. El Impuesto Eléctrico (IEE) es un impuesto especial, al tipo 5,11269632%, que se aplica sobre la facturación de electricidad suministrada; esto es, sobre el término de potencia (contratada) y sobre el término de energía (consumida). Al ser el IEE un impuesto especial, está sujeto al IVA (21%); pagamos IVA también por el IEE. Luego el efecto del IEE (IVA incluido) equivale a un sobrecargo del 6,186%. Nada desdeñable.

Desde hoy la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la norma que reforma la contratación pública con nuevas obligaciones de transparencia, la eliminación de los procedimientos negociados por precio y la creación de un organismo de vigilancia, está en vigor. Con la aprobación de esta ley, España cumple la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

Recientemente publicaba aportaba datos que demuestran cómo una sola compañía retirando producción hidroélectrica y/o nuclear del mercado eléctrico puede incrementar sustancialmente su precio. Lo más grave no es que una sola compañía pueda determinar el precio al que pagamos un servicio básico más de 27 millones de consumidores. Lo más grave es que el Gobierno –éste y los anteriores– lo consiente, porque es completamente legal que un recurso público, como es el agua, sea gestionado a su discreción, gracias a oscuras concesiones cuasi centenarias

La puesta en marcha por parte del Gobierno USA de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) para incentivar iniciativas industriales verdes dotada con 369.000 millones de dólares está causando cierta preocupación en la industria europea ante un brusco giro por parte de muchas empresas en sus inversiones gracias a esas millonarias ayudas. Y es que debido a ello, EEUU ha captado, según datos de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa), el 50% de las inversiones mundiales para la producción de baterías para vehículos eléctricos.

Bruselas tiene abiertos varios expedientes a España, alguno con propuesta de sanción, por el retraso en la aplicación de directivas comunitarias.Economía asegura que pretende dar salida a estas regulaciones "con la mayor urgencia posible".Las normativas pendientes afectan a la venta de hipotecas, la comercialización de productos complejos o los medios de pago..

El Real Decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros incluye el polémico "impuesto al sol", impide que un ciudadano que no sea empresario cobre por la energía que vierte a la red, retira la prohibición a las baterías pero incrementa los costes fijos y de instalación, y da el poder a las eléctricas para conceder permisos y estudios de conexión.

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las gasolineras que más combustible venden a instalar al menos un punto de recarga de 50 kW de potencia (o más). Esta normativa, que afectará aproximadamente al 9% de las gasolineras españolas, podría iniciar su tramitación parlamentaria el próximo mes de marzo. La obligatoriedad incluida en la ley está en línea con la intención del Gobierno de lograr que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sea cero emisiones en 2050.