Corresponden a la minuta del despacho Squire Patton Bogs por representar a España en la causa abierta en un juzgado de NY por el capitán del buque.

El pasado miércoles, los juristas de Laie Advocats se encontraron el despacho allanado. Alguien había removido y tirado por el suelo los expedientes de algunos casos que llevan desde este bufete. Pero solo habían robado los portátiles de dos abogados especializados en derechos laborales que, justamente, son los que llevan el caso de Las Kellys Barcelona, la asociación de camareras de piso que reivindica mejores condiciones laborales en el sector. Las Kellys se enfrentan a uno de los pesos pesados del sector hotelero de Barcelona: Pau Guardans,…

Tal día como hoy, hace 17 años, un Prestige roto en dos mitades se hundía a 234 kilómetros de la costa gallega tras una errática singladura que evidenció tanto la falta de escrúpulos del entorno empresarial del viejo petrolero como la falta de ideas de la Administración española para afrontar una amenaza como esta. Cinco días antes, el pequeño juzgado de Corcubión iniciaba una instrucción judicial que duró diez años en la que tuvo que enfrentarse a un procedimiento con múltiples ramificaciones internacionales.

Dos joyerías aragonesas llevan casi un lustro enfrentándose en los tribunales por la explotación comercial de una serie de joyas elaboradas a partir de esos escuetos trazos que una de ellas, Monge, conocida por su céntrico establecimiento de la plaza del Pilar, había patentado hace ya unos años.

La Cámara de Comercio de Valladolid no ha presentado aún el plan obligatorio de viabilidad para tratar de evitar su extinción, algo que contempla la ley después de varios ejercicios negativos y una deuda que supera los ocho millones de euros. El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, obliga a que cuando una cámara incurre en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos debe ponerlo en conocimiento de la Administración y acompañar su informe de un plan de…

La nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving, conocida un día después de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH, ha decepcionado al sector financiero y a los emisores de estos plásticos. No así a los consumidores y a los bufetes de abogados, que como reconoce la propia banca, “la sentencia no solo no crea jurisprudencia como se esperaba, sino que no soluciona la cuestión de cuál es el límite máximo de interés para este tipo de plástico vinculado a un crédito..."

El titular dejó escrito en su testamento la falta de información sobre al deuda que iba generando la tarjeta. Wizink deberá abonar a su viuda el importe tras contratar este producto en 2002. Un cliente zaragozano ha conseguido vencer, tristemente, después de fallecido, a la entidad que le colocó una tarjeta de crédito con intereses propios de la usura. En su testamento recogió la falta de información sobre al deuda que iba generado la tarjeta del tipo 'revolving' y tras su muerte, su viuda siguió litigando. Ahora, el Juzgado de 1ª Instancia núm

Una suboficial de la Guardia Civil de Sevilla gana un pleito que anula una resolución de un general, uno más de las muchas batallas judiciales que lleva desde que denunció corrupción La brigada pide ahora a la directora general un expediente al coronel que la humilló.

La Justicia británica desestima el recurso presentado por London P&I Club y avala la sentencia del Tribunal Supremo español que obliga a la aseguradora a abonar 885 millones por el desastre ecológico. El Gobierno español ha dado un paso más para recuperar parte de los 2.355 millones de euros en pérdidas que provocó en 2002 el desastre ecológico del Prestige, un barco que al hundirse derramó miles de toneladas de productos petrolíferos.

Las demandas contra la Seguridad Social cada día son más y los juzgados de lo social continúan atascados pese a la llegada de un refuerzo

En efecto, la financiación privada de litigios ajenos es una práctica creciente a través de la cual una serie de personas que actúan como inversores independientes, financian a alguno de los contendientes o, incluso a un grupo de afectados para presentar una demanda colectiva, cubriendo los costes del proceso o cualesquiera otros gastos en los que dicha parte pueda incurrir. Todo ello, a cambio de un porcentaje de lo obtenido en caso de resultar ganadores en el proceso, explica Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group.

Anthony J. Russo y James C. Kelly son los letrados que firman una demanda presentada por cuatro clientes con la intención de que sea colectiva y se sumen más demandantes contra la cadena de comida rápida con sede en Miami. Su acusación se centra principalmente en el tamaño de su hamburguesa más famosa y que, según el texto legal, se infla en la publicidad hasta en un 35% con respecto a la que reciben los comensales en sus restaurantes.

El presidente de un despacho de abogados y peritos médicos, especialistas en negligencias médicas, accidentes de tráfico, en la defensa legal del daño cerebral, lesiones medulares y amputaciones, explica la situación que se encuentran los afectados al reclamar una indemnización o una incapacidad laboral al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El origen del pleito es la publicación de un artículo titulado "Cierto olor a quemado" en el periódico La Opinión de A Coruña hace muchos años, en 2003. El texto describía supuestos problemas entre funcionarios de justicia y el juez, al que dedicaba duros adjetivos. También criticaba a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en esa ciudad.