El sueldo Nescafé priva del subsidio por desempleo a una vecina de Palma La Justicia le deniega las ayudas y tendrá que devolver lo cobrado durante cuatro años: 17.054 euros

El Gobierno español sigue sin pagar el subsidio de excarcelación a los expresos vascos a pesar de que el TC sentenció en junio la «inconstitucionalidad y nulidad» de la artimaña introducida en 2014. El Servicio Público de Empleo Estatal se lo deniega con los argumentos que el Constitucional dijo que vulneran «el principio de seguridad jurídica».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que está dispuesto a considerar la creación de un ingreso mínimo vital y a extender la prestación por desempleo y recuperar el subsidio para parados de larga duración mayores de 55 años "siempre que haya conocimiento de causa y se sepa qué prestaciones se hacen y quienes cobran".

El Sindicato LAB había denunciado ante los juzgados de lo penal de Bilbao por prevaricación a la dirección territorial del SEPE de Bizkaia. La denuncia fue presentada por la denegación a cuatro expresos de ETA del subsidio tras salir de prisión. Las resoluciones denegadas, según el sindicato, afectarían a casi 70 reclusos.

El Congreso rechazó la proposición defendida por Unidos Podemos para impulsar un nuevo subsidio agrario que elimine las peonadas como requisito para poder acceder al mismo. Acompañando su intervención elevando un manojo de espárragos como "reconocimiento a los jornaleros que están en Navarra" el diputado y exportavoz del SAT, Diego Cañamero, pidió la eliminación de la 'peonada' por ser "un requisito perverso que hace que el trabajador se humille". La propuesta únicamente encontró el respaldo de los diputados de Esquerra, Compromís y Bildu

Los subsidios por desempleo tendrán un aumento mínimo a partir de julio, de 426 a 430,27 euros. La subida se corresponde con el incremento del 1% en el IPREM aprobado en los Presupuestos Generales del Estado.

La Unión Europea (UE) y los Gobiernos comunitarios siguen facilitando subsidios al combustible fósil por valor de 112.000 millones de euros anuales, pese a su compromiso de eliminar estas ayudas para 2020, indica un informe difundido hoy del Instituto para el Desarrollo Exterior (ODI, en inglés) y la Red de Acción Climática (CAN).

la reforma de 2012 que ha endurecido las condiciones para acceder al subsidio y a la pensión, a los mayores desempleados de 52 años, subiendo la edad a 55 años y eliminando la sobre-cotización a la Seguridad Social que evitaba los recortes en la pensión.

Actualmente los conductores pagan más o menos el equivalente a 40 centavos de dólar, y eso fue después de que el presidente Nicolás Maduro elevó ligeramente los precios este año para ajustar el subsidio popular de combustible que ayuda a estabilizar la crítica situación política del país. Sin embargo, esos precios preferenciales también acercan a Venezuela a la quiebra económica. Debido a los escasos incentivos que tienen para ahorrar combustible, los venezolanos conducen mucho y así contribuyen a la liberación de gases de efecto invernadero.

La CEOE ha aprovechado su tradicional informe de evaluación sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para introducir un elemento más en la ecuación: la necesidad de que el Estado asuma el coste de las prestaciones no contributivas de asistencia a parados, es decir, la factura de la imbricada red de subsidios y ayudas que sirven para asegurar una renta a aquellos que han perdido ya el derecho a recibir el seguro del paro.

Una vez estén inscritos en el registro del Servicio Público de Empleo, podrán pedir una ayuda de 430 euros mensuales. Solo tres de ellos tendrían derecho a este subsidio de desempleo ya que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero están recibiendo ya un porcentaje de su sueldo aunque están suspendidos de empleo.

Los procesados por la violación de una joven que están desempleados se han dado de alta como demandantes de empleo y reclaman empezar a cobrar el subsidio para los liberados de prisión

La cronificación del desempleo entre los parados de mayor edad y la precariedad y la rotación de puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes, han dado un vuelco al sistema de protección social español y han hecho que ni siquiera dos de cada cinco inscritos en el Inem como demandantes de empleo cobren una prestación derivada de su cotización salarial. El resto se ven obligados a acogerse a subsidios asistenciales.

A cambio de decenas de miles de empleos tecnológicos, las ciudades le prometieron a Amazon la luna, y una sala de espera del aeropuerto, y derechos de nombramiento, y la oportunidad de embolsarse los impuestos de sus propios empleados. Los estados ofrecieron paquetes de incentivos por valor de 7 mil millones, 8,5 mil millones, 9,7 mil millones, cualquiera de los cuales habría establecido récords. Los enormes subsidios no son necesarios. Y los políticos deberían tener cuidado con las consecuencias de negociarlos en privado.

El Gobierno aprueba hoy un decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que incluye el subsidio para parados mayores de 52 años y el registro horario de la jornada laboral.

Disponemos de datos cada vez renovados sobre la pobreza, la precariedad laboral y las peores condiciones de existencia material de gran parte de la población, pero la realidad parece ser un factor completamente ajeno, a juzgar por lo que puede escucharse o leerse en distintos medios, a las propuestas que hay que tomar. La tendencia mayoritaria parece ser la de la más pura tradición inmovilista: hay que repetir lo conocido aunque se sepa que los resultados son peores que mediocres. ¿Qué hay que repetir? Los subsidios condicionados para pobres.

Los países del G20 casi han triplicado las subvenciones que conceden a las centrales eléctricas de carbón en los últimos años, a pesar de la urgente necesidad de reducir las emisiones de carbono que impulsan la crisis climática. El bloque de las principales economías se comprometió hace una década a eliminar gradualmente todos los subsidios a los combustibles fósiles.

Estos subsidios, a uno de los colectivos que más apoya a Trump, se suman otro paquete de 12.000 millones aprobado en julio del año pasado. Donald Trump sale por segunda vez en menos de un año al rescate de los agricultores afectados por su guerra arancelaria con China. Y lo hace, además, movilizando más dinero. El nuevo paquete de asistencia está valorado en 16.000 millones de dólares (14.300 millones de euros) y la gran mayoría se canalizará por vía de las subvenciones directas. El campo fue clave para la victoria del republicano en las elecci

Los viajes subsidiados por el Estado para personas mayores y estudiantes han llenado los autobuses en la República Checa, informó iDnes.cz. Los expertos dicen que el esquema del gobierno está alentando a los ciudadanos a utilizar los medios de transporte en lugar de sus automóviles.

Los gobiernos europeos a menudo parecen defender las políticas bajas en carbono. Sin embargo, en 2017, los países de la Unión Europea gastaron colectivamente 87.000 millones $ para subsidiar el costo de los combustibles fósiles. Sorprendentemente, en un momento en que el mundo necesita actuar para detener el cambio climático, esto es casi 2.5 veces más de lo que gastaron en 2010 .

Una propuesta legislativa elevada por una representante del Frente para la Victoria en el distrito porteño promete generar un arduo debate que, como de costumbre, se ganará fervorosas adhesiones y numerosas críticas. La legisladora porteña María Rachid propone "la creación de un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta (40) años" cuyo monto rondaría los $8.000. La noticia sobre la iniciativa, que adelantó el periodista Lucas Moran

Los legisladores que han perdido sus bancas debido a que no obtuvieron los votos ciudadanos cobraran subsidios de hast 10.000 dolares por mes durante el lapso de 1 a 3 años segun el caso

El Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aprobado en su reunión de este martes la reducción a 20 del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.