En el marco de la campaña de movilización contra el TTIP, ha sido denunciada ante la opinión pública la creación de unos tribunales arbitrales que permitirían a las empresas transnacionales denunciar a los Estados cuando alguno de sus “derechos” fuera vulnerado -el 97% de la ciudadanía europea ya ha manifestado, a través de una consulta pública, que está en contra de establecer ese sistema de arbitraje privado-; el mecanismo de convergencia reguladora, sin embargo, no es tan conocido.
