Pública y concertada son los dos modelos de colegios sufragados con impuestos para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas. A priori, la única diferencia es que en el primero la gestión es totalmente pública y en el segundo son empresas o fundaciones las que ofrecen ese servicio. Pero en la práctica hay más, como la desigualdad entre la renta del alumnado que acude a cada una. En Cataluña la concertada solo asume el 15% de los escolares más pobres, menos de la mitad de los que le tocarían en una distribución equilibrada.

Ayuso propone volver a legalizar la cesión de suelo público a colegios concertados, contradiciendo a la Ley Estatal de Educación .La Comunidad de Madrid, bajo la gestión del Partido Popular, lleva años cediendo suelo público a colegios concertados de manera irregular. En algunos casos, incluso, con permisos que no caducan hasta el siglo que viene. Esta sería la situación del colegio SEI Virgen De La Soledad, en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre cedió la licencia a la empresa por más de 99 años, la cual no terminará hasta el 2108.

Entre 2007 y 2019, la privada y la concertada creció un 30% en Madrid, mientras que la educación pública apenas un 6%. Ayuso creará 103 nuevas clases de la enseñanza concertada en Madrid. Para el año que viene habrá 1000 profesores menos para atender al alumnado de la pública, que aumenta. Los desfaforecidos quedan fuera, para ellos destina 1,6 millones para un programa de refuerzo escolar en comparación con los 133 millones destinados a las becas para ricos.

Nueve de cada diez colegios privados concertados –teóricamente gratuitos por estar sostenidos con fondos públicos– cobran cuotas a las familias. En tres de cada cuatro de estos centros estas aportaciones son obligatorias, pese a que la ley las prohíbe explícitamente, según el VII estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa). En uno de cada dos colegios la cuota es superior a los 100 euros

La enseñanza concertada de Baleares dice sentirse "despreciada" por la cantidad que los presupuestos del Govern asignan a este sector en 2023: de los 1.100 millones presupuestados para Educación, "solo" 1,6 millones son para la concertada, algo que las patronales del sector consideran "totalmente insuficiente".

Unidas Podemos ha solicitado al Ejecutivo que recurra las últimas cesiones de suelo público autorizadas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para la creación de centros concertados, al considerar que incumple lo marcado en la LOMLOE. En la exposición de motivos de su iniciativa, Mena relata que el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid llevan, en poco más de siete meses, tres cesiones de suelo público para la construcción de centros educativos concertados en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro, valorados en 29 millones.

#concertadaREPAGO -La escuela privada-concertada ha sido, es y será el paso previo a la privatización total del sistema público de enseñanza. -Por encima de los intereses privados está el mantenimiento gratuito y universal de nuestros derechos fundamentales. -Porque es una educación que discrimina, que selecciona al alumnado con baremos oscuros, dejando fuera a amplios colectivos. Por tanto, es antidemocrática. -Porque sus docentes han sido elegidos a dedo y jamás han pasado por un sistema de selección algo más objetivo como unas oposiciones...

La cuestión es si debe existir una amplia red de centros públicos o si, por el contrario, estos centros deben ser subsidiarios de la educación concertada y privada. Según la LOMCE, las administraciones educativas no garantizarán plazas suficientes en centros públicos, como han hecho desde 1985, sino que “garantizarán la existencia de plazas suficientes” a secas. El gobierno actual apuesta deliberadamente por la red concertada y por ir relegando, progresivamente, la educación pública a un papel subsidiario.

Un artículo de Jesús Rogero-García y Mario Andrés-Candelas, “Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados” (REIS 147), afina los cálculos: un alumno en la pública le cuesta al Estado (a todo, no sólo al central) 5348€, pero en la concertada 2670 (el 49.9%); la familia, en cambio gasta 472€ si está en la pública y 1222 si en la concertada (el 258%).

Dos millones de alumnos y 130.000 profesores pertenecen a un sistema cuyas competencias están traspasadas a las comunidades autónomas y que tiene en la Iglesia católica a su principal receptor (...) "Me extraña que Pablo Iglesias haga esta propuesta, porque es una utopía, es irrealizable". La frase la pronuncia un dirigente de la federación de educación de UGT (...) "eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos..."

El CSI-F denuncia en una nota los constantes 'regalos' de González a la concertada. Concretamente, afirma que en los presupuestos del año que viene la Comunidad de Madrid destinará a este tipo de enseñanza “un 5,8% más respecto a 2014”, es decir, un total de 51 millones de euros más. Una situación que, dice CSI-F, contrasta con los constantes recortes que sufre la pública desde 2012.

(Compromís) Mónica Oltra: "Ningún niño que haya empezado en un concertado tendrá que cambiar de colegio".

La coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha denunciado que "el plan de la izquierda de acabar con la educación concertada pone en peligro más de 29.000 empleos, el futuro de 700 empresas y afectaría a 450.000 ciudadanos en nuestra Comunitat". En este sentido, ha insistido en que el PP "es el único partido que garantiza la libertad de los padres para elegir centro y modelo educativo para sus hijos.

El líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha asegurado este martes en su turno de réplica en el debate de investidura que espera que se pueda eliminar la educación concertada en Bachillerato para proteger la escuela pública porque, según ha dicho en respuesta a la candidata a presidir el Govern, Francina Armengol, su formación tiene "muchas dudas" acerca de cómo se aplicarán los servicios públicos.

Una hipotética supresión de la red de colegios concertados en la Comunitat Valenciana supondría --siempre que se conservara el mismo número de plazas escolares pero de carácter público-- un aumento del gasto anual de la administración de 43,8 millones de euros.

Les quitaron la retribución por decreto como a los funcionarios, pese a que no lo son, pero ahora el decreto de restitución del dinero ni les nombra. Los profesionales de la concertada quedan a expensas de cada comunidad autónoma, que no estarán obligadas a reponerles nada del 4,5% que les redujeron.