El informe de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política de la Asamblea de Madrid relata las prácticas del PP al frente de la Administración y señala a Esperanza Aguirre como principal responsable. Describe cómo el PP colonizó las instituciones y empresas públicas de Madrid para ponerlas al servicio de intereses partidistas y empresariales. El silencio de los comparecientes, las trabas del Gobierno regional o las investigaciones judiciales no han permitido a los diputados profundizar en algunos casos.

En Maldita.es nos pusimos en contacto con las consejerías autonómicas competentes en servicios sociales para preguntar si las competencias en los centros sociosanitarios, entre los que están incluidos las residencias de mayores, eran suyas antes y durante el estado de alarma. Comunidades autónomas gobernadas por el PP y Ciudadanos, como Castilla y León y la Región de Murcia nos dijeron que durante el estado de alarma las competencias han seguido siendo suyas.

Es cierto tambien que Asturias ha mantenido un ritmo muy elevado de aplicación, con administraciones en fines de semana y festivos que no todos los territorios han gestionado de la misma forma. Pero ninguna de estas razones ha convencido al diputado del Partido Popular en el parlamento andaluz, Rafael Caracuel, que tiene otra explicación para los resultados asturianos de vacunación (con datos de este martes ya eran 85.121 las personas plenamente inmunizadas en el Principado y 133.000 habían recibido al menos una dosis); se trata del comunismo.

El presidente de la Comunidad de Madrid no va a la presentación de la nueva Operación Chamartín, que acaba con el desarrollo diseñado con la exalcaldesa Madrid Nuevo Norte duplica las viviendas públicas hasta 2.100 (un 20% del total) y se vertebrará sobre un gran parque. La marcha del plan se ha frenado porque el Gobierno regional dice que aún no ha recibido toda la información para emitir el informe medioambiental. Nuevo presidente, viejas políticas por parte del PP de la Comunidad.

La Comunidad ha encontrado 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ya indaga si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y de 34 más de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad, que luego contrataban con empresas que hacían las ca

El PP mueve ficha en materia de memoria histórica. Ante la votación prevista para este miércoles en el Senado, donde se decidirá si se acepta o no la moción presentada por el Grupo Socialista para reformar la Ley de Memoria Histórica y facilitar la exhumación del dictador Francisco Franco, el partido liderado por Pablo Casado ha propuesto una enmienda con la que condiciona su apoyo al proyecto.