El ex mandatario marfileño se ha declarado no culpable en la apertura del proceso en La Haya que lo juzga por la violencia post electoral de hace cinco año que se saldó con 3.000 muertos. Se le acusa de asesinatos, violaciones, actos inhumanos y persecuciones. Es la primera vez que este tribunal que funciona desde el 2003 juzga a un ex presidente.

Ahmad al Mahdi al Faqi es el primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes patrimonio de la humanidad en Tombuctú (Mali)

La Corte Penal Internacional perseguirá el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos por parte de empresas y gobiernos que afecta a miles de personas.

El Gobierno de Filipinas amenazó hoy con retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) si este organismo investiga las miles de muertes que se atribuyen a la "guerra contra las drogas" del presidente filipino, Rodrigo Duterte. Esta, que goza de un apoyo popular cercano al 90 por ciento entre los filipinos, ha causado más de 7.000 muertos, según estimaciones, más de la mitad a manos de policías durante redadas contra presuntos traficantes y toxicómanos.

La denuncia realizada por cinco países latinoamericanos y Canadá en contra del gobierno de Nicolás Maduro crea una situación inédita en el tribunal creado para juzgar los crímenes de lesa humanidad.

Francia fue denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por "crímenes contra la humanidad”, debido a los ensayos nucleares que realizó en Polinesia durante décadas. La denuncia fue entregada ante la CPI el pasado dos de octubre, precisó durante una reunión de Naciones Unidas el dirigente independentista polinesio Oscar Temaru, quien la presentó. “Se lo debemos a todas las personas muertas por las consecuencias del colonialismo nuclear”, declaró el también expresidente de Polinesia, archipiélago francés

En una terrible decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI decidió no conceder a la Fiscalía la solicitud de abrir una investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Afganistán y en el territorio de otros Estados Partes implicados en el programa de tortura de Estados Unidos. Decenas de miles de víctimas en Afganistán, junto con las víctimas de tortura en los Estados Unidos, instaron a la CPI a autorizar la investigación.

Cómo la justicia universal se configuró como instrumento de dominación imperial. La Corte Penal Internacional (CPI) no investigará los crímenes de Estados Unidos en Afganistán, es decir su política de torturas a prisioneros, los bombardeos de objetivos civiles, como bodas y hospitales, así como la destrucción de infraestructuras. Todo ello a pesar de que según la investigación preliminar de la propia CPI, “había motivos para pensar que allá se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Explicación sencilla y clara de los delitos juzgados por el Tribunal de la Haya: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Antes de que el descubrimiento de los fondos ocultos del rey emérito provocase un terremoto y antes incluso del 'caso Urdangarin', la hemeroteca ya revelaba un hecho que encaja en el puzle: personas cercanas a Juan Carlos de Borbón acabaron con una condena o se arriesgan ahora a ello por delitos siempre de guante blanco. Nombres como el de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el príncipe Zourab Tchokotoua, Alberto Alcocer, Juan Miguel Villar Mir o Mario Conde aparecen en la lista.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre las acciones en Ucrania a petición de 39 países. Este es un paso importante en la condena mundial de la invasión rusa... es extremadamente difícil demostrar la intención de cometer crímenes de guerra... Si la CPI emitiera una orden de detención contra Putin, este no podría viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido

“Los delitos contra el medio ambiente, su marco penal, no alcanzan a reflejar la extrema gravedad que tiene un delito de ecocidio”, apunta por su parte Adán Nieto. Este catedrático de Derecho Penal de la UCLM forma parte de un grupo internacional de juristas que aboga por la puesta en marcha de una Convención Internacional sobre el Delito de Ecocidio para que este se sitúe al lado del genocidio en el derecho penal internacional. “Cuando hablamos de ecocidio hablamos de un grave daño, una escala superior, de atacar las bases de la vida."

En julio, un panel internacional de especialistas en derecho publicó la definición jurídica del término y determinaron que el ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. Stop Ecocidio Internacional y otras plataformas defienden que se modifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el ecocidio como quinto crimen.

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, Dimitri Medvedev: "es completamente imaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Ónix lanzado por un buque ruso desde el mar del Norte contra la sede del Tribunal de La Haya", ha escrito en esa red, "todos estamos a merced de Dios y de los misiles". Medvedev continúa su escrito con todo tipo de críticas y menosprecios a las organizaciones internacionales, de la ONU a la OTAN, y habla de "consecuencias monstruosas" por la decisión de la Corte Penal Intern

Rusia considera que los planes de Ereván de adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son absolutamente inaceptables en medio de «las recientes órdenes ilegales y jurídicamente nulas» que este ente emitió contra dirigentes rusos. Según el ente de Exteriores ruso, los colegas armenios fueron advertidos sobre las consecuencias extremadamente negativas que tendrían sus posibles pasos para las relaciones con Moscú.

El Ministerio del Interior de Rusia declaró en busca y captura a Piotr Hofmanski, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), que ordenó el arresto de Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. También fueron declarados en busca y captura la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez, y el juez del CPI, Bertram Schmitt.

La CPI acusa a Putin de "deportación ilegal y traslado de población", mientras que a Netanyahu se le acusa de: - Hambre de civiles como método de guerra. - Causar intencionalmente grandes sufrimientos, daños graves a la integridad física o la salud, o tratos crueles como crimen de guerra. - Asesinato intencional o asesinato como crimen de guerra. - Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra. - El exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por hambre, como crimen contra la hum

La viceprimera ministra Chrystia Freeland reacciona a la decisión de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de detención contra dirigentes israelíes y de Hamás. Dice que Canadá mantiene que la CPI es una institución importante pero que es inapropiado comparar a los líderes democráticos de Israel con los líderes terroristas de Hamás.

Ucrania ha buscado una vía indirecta basada en un tratado del que ambos países son parte: la Convención contra el Genocidio, cuyo artículo noveno establece que "las controversias (...) relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio (...) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes". Los presuntos perpetradores piden a la Corte que "estudie y declare si actos de genocidio han sido cometidos en las provincias de Luhansk y Donetsk".

Dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel, y ello desde muchos años. La justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino, que tiene enlutadas a tantas familias palestinas, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.

La máxima instancia judicial de la ONU se declaró este viernes competente para juzgar la mayoría de cargos de un caso presentado por Ucrania sobre la invasión rusa iniciada en 2022, en el que exige reparaciones a Moscú. Ucrania inició el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, unos días después del incio de la invasión, el 24 de febrero de 2022. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó en parte la operación militar por el presunto «genocidio». El que estaría cometiendo el…