La exministra francesa de Justicia Rachida Dati salió hoy al paso de las acusaciones de haber destinado dinero público a su uso personal cuando estaba en el gabinete, unas incriminaciones que la ahora eurodiputada cree que provienen de su propio campo político y que ella rechaza.

Se da la circunstancia de que el Gobierno ha esperado al mes de agosto, cuando medio país está de vacaciones, para publicar el listado de las subvenciones del Ministerio de Educación y Cultura. El año pasado, sin ir más lejos, las ayudas se aprobaron y concedieron en septiembre. El reparto de los 1,3 millones es bastante desigual. La más agraciada es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que se lleva 658.507 euros. A continuación aparecen la Fundación Pablo Iglesias, con 366.502 euros...

Pnv ha pedido al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, a ofrecer “una disculpa” y una explicación por su “nefasta gestión de los dineros públicos”..el Tribunal de Cuentas del Estado haya condenado a Alonso y Maroto por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas, al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado..

Flightech es una empresa fundada por Francisco Gayá de la que es accionista el ministro Morenés. Ha recibido de la Administración préstamos blandos y ayudas públicas por 4,3 millones desde 2006, está en quiebra técnica y no ha vendido ni un dron.

Jorge Fernández, el concejal de Ganemos en esta localidad castellano-manchega, ha asegurado que casi la totalidad de los cargos públicos invitados a este aperitivo eran socialistas. Por su parte, el Ayuntamiento niega que lo haya financiado.

A falta de la más que previsible aprobación del Parlamento de Cantabria, el Gobierno regional que preside Miguel Ángel Revilla ha decidido contratar publicidad en el Racing de Santander por un máximo de 4 millones. El presidente regional estima que esta cantidad no supone un "coste extraordinario" y que la comunidad recuperará "con creces a medio plazo". El club tiene una deuda con Hacienda de 9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha multiplicado hasta los 63,06 millones de euros la suma de fondos públicos reclamados en procedimientos contables durante 2015 por casos de mala gestión, una cifra cuatro veces superior a la del año anterior.

Carreteras con un 20% del tráfico previsto, atracciones turísticas que pierden medio millón de euros al año, modernas estaciones de autobuses que sirven para guardar columpios viejos... Galicia está plagada de proyectos fallidos ideados en época de bonanza y que ahora atraviesan serios problemas de sobrecostes y mantenimiento.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en prisión, no tuvo reparo en ordenar que sus litigios contra periodistas se llevaran desde los gabinetes jurídicos públicos, para no asumir riesgos ni costes cuando uno tras otras sus demandas fueran desestimadas. Ser profesional de la Comunicación y caer en desgracia al PP de Madrid supuso consecuencias serias para la libertad de expresión de medios y periodistas durante la época de Aguirre y de González.

Las diversas ayudas públicas suman 56.865 millones de euros, de los cuales el Banco de España da por perdidos 42.590, más del 80% del dinero público destinado a sanear la banca española.

Carles Puigdemont aseguró en Bruselas que gastar dinero público en un referéndum declarado ilegal no es un delito de corrupción. Y con ello, intentó frenar la Orden Europea de Detención para no ser entregado a España. En un escrito presentado el pasado 4 de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa del expresidente catalán, ejercida por el abogado flamenco Paul Bekaert, argumenta que la denuncia presentada contra él por la Fiscalía española contiene "indebidamente la tipificación de corrupción"

A muchos nos preocupa que nuestros impuestos se usen de forma indebida para financiar corruptelas, aeropuertos vacíos u otras inversiones de dudosa utilidad social. En teoría, los gobiernos deberían distribuir los recursos públicos siguiendo criterios de eficiencia y equidad. Pero, no nos engañemos, los políticos buscan mantenerse en el poder y a menudo los cálculos electorales también juegan un papel clave en el reparto de fondos públicos.

Las Administración general del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado "innecesarias" y que, a menudo, han sufrido cuantiosos sobrecostes. Así se pone de manifiesto en un estudio que publicará el próximo día 15 en su página web la Asociación de Geógrafos de España (AGE) y que ha sido realiza

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal le ha pagado el viaje en avión y parte de los gastos y dietas de un “viaje institucional” a Uruguay y Argentina. Consideran que se trata de unas vacaciones sufragadas por el consistorio ya que Pisarello es argentino (nació en Tucumán) y del mes que estará en los países sudamericanos tiene hasta 14 días sin actos agendados. Por su parte, el Ayuntamiento justifica que el número dos de Ada Colau ha asumido el costo del pasaje y el alojamiento de su familia, tal y como publica El País.

Las asociaciones de mujeres son "chiringuitos" con los que las feministas hacen negocio. Lo que nunca nombran ambas formaciones, que han pactado en Andalucía un sistema de ayudas a mujeres con embarazos no deseados, es de las cientos de asociaciones antiabortistas que están detrás de estas prestaciones. Algunas, además, también reciben dinero público. Es el caso de cinco de las más activas, que han recibido desde 2014 al menos 1,8 millones de euros de diferentes administraciones públicas

El Tribunal de Cuentas concluye que entre 2011 y 2017 la Generalitat pudo usar indebidamente fondos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero. El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado hoy un informe sobre la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017, en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero a través de estas "embajadas".

El ministro de Transición Ecológica de Francia, François de Rugy, se vio este miércoles envuelto en una polémica tras haber sido acusado públicamente de ofrecer lujosas cenas privadas durante su cargo como presidente de la Asamblea Nacional a cargo del contribuyente. En la denuncia, realizada por el medio Mediapart, el ministro y su esposa, Séverine de Rugy, aparecen en mesas lujosamente decoradas, con grandes langostas y botellas de vino valorizadas en 500 euros.

Los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, CUP y Podemos (en el que se integran los 'comuns' de Ada Colau) frenaron este miércoles una investigación sobre el posible uso de subvenciones públicas por parte de partidos políticos con representación en el Parlament para sufragar gastos en la preparación y organización del referéndum ilegal del 1-O.

En estos días, se ha hablado mucho sobre la condicionalidad, aludiendo a las exigencias de Bruselas a los gobiernos potencialmente receptores de los recursos movilizados por las instituciones comunitarias. En las líneas que siguen propongo una reflexión diferenciando la "mala" de la "buena" condicionalidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, Jaime Malet, cree que para que la economía española pueda "reinventarse" cuando pase la pandemia, serán necesarias grandes inversiones de dinero público, pero gestionado privadamente, en sectores como la salud o la atención a los mayores. Una organización que tendría que ser una especie de banco de infraestructuras o banco de construcción nacional, con dinero público y también privado, gestionado totalmente de forma privada, y que tenga una serie de prioridades o sectores específicos…

La Comunidad destina 260 millones al año a financiar plazas en geriátricos que explotan entidades privadas; de ellos, 166 se los reparten los 12 grandes grupos.Los tres principales grupos en Madrid –Amavir, Orpea y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de los centros que tienen en la región El Gobierno del PP aprobó en 2001 un plan para construir 32 residencias y garantizó por contrato a sus gestores privados que recibirían dinero público durante medio siglo.La gran desproporción: los geriátricos madrileños tienen el 13% de las plazas…