Las entidades INTERcids (Operadores Jurídicos por los Animales), Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) y la asociación animalista Libera! estudian interponer medidas en vía administrativa y judicial ante la inscripción de la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural (BIC) en Andalucía. Las entidades alertan de que la montería y la rehala implican una serie de repercusiones negativas tales como el impacto sobre la biodiversidad.

Los médicos explican que la exhalación del humo llega más lejos que la respiración y que tiene un efecto aerosol. Ignacio Villaverde cree que la normativa ampara la decisión dentro de la protección de la salud pública

Tanto magistrados como el mayor sindicato policial ponen en duda las medidas que quiere aplicar la Comunidad de Madrid para contener el virus. La seguridad jurídica de los ciudadanos queda en el aire a falta de concretar más la norma, que entra en vigor el próximo lunes.

De forma unánime critican, además, la prórroga de seis meses que el Ejecutivo contempla para este estado de alarma, algo que consideran «abusivo» y «desproporcionado», por cuanto arrebata, además, al Congreso, su capacidad de control sobre el Gobierno.

La Asociación Mundial de Juristas, organización no gubernamental que aglutina a magistrados, jueces y abogados de más de 140 nacionalidades, ha elaborado un contundente pronunciamiento en contra de las próximas elecciones en Venezuela. "Nicolás Maduro ha organizado elecciones parlamentarias, obviando las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente electa en 2015", arguye esta organización. "Las elecciones incumplen las condiciones de integridad electoral exigidas en el orden interno y reconocidas en el Derecho Internacional

Políticos, juristas e historiadores, monárquicos y republicanos responden a EL PAÍS qué mensaje esperan del Rey tras un año marcado por la pandemia y los escándalos de Juan Carlos I

Juristas creen que primará la voluntad de Isabel Díaz Ayuso de disolver la Asamblea de Madrid para convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid sobre las mociones de censura presentadas por PSOE y Mas Madrid al tener efectos desde que se ha dictado el decreto de disolución pese a no haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

Se trata de una figura no regulada, que genera inseguridad jurídica y que se aplica sin perspectiva de género, incluso en aquellos casos en los que ha existido violencia de género, algo que prohíbe tajantemente los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres firmado por nuestro país. El hecho de que estos profesionales no estén regulados, ni tengan estudios específicos sobre violencia de género "no solo puede ser ineficaz, sino también lesivo para los menores o las madres y tiene consecuencias en la salud de las personas".

Uno recibe una sentencia favorable a la custodia compartida y tiene un subidón. Reflexiono sobre ese caso en concreto. Uno sabe que hay personas a las que caigo bien y otras, a las que no. Pero así es la vida. En mi ámbito profesional he obtenido, y sentido, respeto, cariño, elogios, seguridad y abrazos de verdad. Muchos abrazos. Pero también he recibido rechazo, críticas, injurias, calumnias, odio y lo peor: Envidia, mucha envidia.

Cerca de 500 movimientos y organizaciones operan en al menos 30 países de Europa para combatir al feminismo y los derechos LGTBI. Varias fundaciones feministas -Calala, Lunaria y Alquimia, que actúan como fondos que apoyan económicamente proyectos, asociaciones e iniciativas- han elaborado una investigación en la que detectan los actores, discursos y estrategias que se dedican a alentar el fundamentalismo político y "antigénero" y a atacar activistas en el continente. Entre ellos, asociaciones de padres, colectivos de juristas, iglesias.

El anuncio de la introducción de una enmienda a la Ley de Memoria Democrática para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 y poder perseguir, según

Cuenta Mireia Garrido que ella y sus cuatro amigas estaban muy ilusionadas con la escapada que habían organizado para Benidorm, donde esperaban descansar durante tres días en un piso alquilado; al final, el caos y suciedad con el que se fueron topando en ese inmueble les ha hecho volverse a Madrid con la sensación de haber sido estafadas. La indignación la ha recogido en la red social Twitter su amiga Sara Galindo, quien ha ido contando con todo lujo de detalles la pesadilla, como ella misma lo ha bautizado, en la que acabó siendo la estancia.

La fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, señalan que es importante "entender y respetar" la decisión de una víctima “que no quiere volver a pasar por el calvario" sufrido en los procedimientos judiciales. Lo hacen tras dos sentencias recientes (Estepona y Murcia) que han evitado que los violadores entren a prisión tras alcanzar un acuerdo con sus víctimas.

González-Trevijano fue designado presidente del Tribunal Constitucional en noviembre de 2021 y está pendiente de ser sustituido porque su mandato como magistrado caducó el 12 de junio de 2022. El tribunal de garantías está pendiente de que se renueven cuatro de sus miembros, dos por parte del Gobierno y otros dos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los firmantes aseguran que González se encuentra incomunicado, incluso para su abogado defensor y que se desconocen las pruebas que pudieran fundamentar su ingreso en prisión, lo que implica, a su juicio, una evidente vulneración del derecho de defensa, reconocido por la Convención Europea de Derechos Humanos.

La categoría jurídica de perro de caza no existe en España y los expertos advierten de que los jueces deberán interpretar todo todo el ordenamiento jurídico, incluidas las normativas europeas que, respecto a los canes cinegéticos, son más protectoras que la nueva legislación aprobada por el Congreso.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, es tajante: "En esta ocasión el Tribunal Supremo no ha actuado conforme a derecho, retorciendo la Constitución para condenar a la ministra, que estaba ejerciendo su libertad de expresión". Decir que la presunción de inocencia prohíbe acusar a alguien de cometer delitos si no está condenado previamente es una barbaridad; es contrario a la jurisprudencia tanto del TC como del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humano] y supondría el fin de las libertades de expresión.

Como personas dedicadas al periodismo y la información, nos preocupa y afecta la normalización del recorte de derechos y libertades que muchos gobiernos y medios occidentales han emprendido, una vez más, justificando esos atropellos en nombre de una supuesta guerra contra el terrorismo. Más aún cuando esa supuesta guerra la protagoniza un Estado cuyas acciones contra ciudadanos inocentes son, sin duda, la peor forma de terrorismo.

Un grupo de más de 100 juristas ha firmado un manifiesto en apoyo a la “amnistía, la democracia y la convivencia”, donde señalan su preocupación por la “desestabilización de las instituciones democráticas organizadas por la derecha, en todas sus vertientes social, política y judicial”.