«La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar», artículo 119 de la Constitución española (CE). La Constitución dice lo uno y lo otro, ofrece diferentes opciones al entendimiento y a su interpretación; y este gobierno lo interpreta estableciendo unas #Tasas judiciales, atacando derechos de forma restrictiva, con perjuicio para la ciudadanía y para la esencia misma de la Justicia.

El ministro de Justicia defiende que las detenciones de la operación Mate están basadas en "indicios suficientes" El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que la detención de los doce abogados de ETA en el marco de la 'operación Mate' están basadas en "indicios suficientes". "Cuando se ha llevado a cabo una detención de este tipo es porque existe indicios suficientes para ello", ha sentenciado. Así lo ha manifestado Catalá a preguntas de los medios en Toledo minutos antes de participar en los cursos de postgrado en Derecho para jur

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás en la pretensión del Gobierno de permitir a Interior realizar escuchas sin autorización previa de un juez en casos de "especial gravedad". En una entrevista en la Cadena SER, el titular de Justicia ha afirmado que si ese punto supone un "elemento de tensión" en la negociación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Gobierno está "dispuesto a negociar".

Combinar la tecnología con ideas brillantes que ayuden a gestionar la justicia y hacerla más ágil, de estas iniciativas que surgen periódicamente se alimenta nuestra administración de justicia. La plana mayor de operadores jurídicos rindió homenaje a diferentes iniciativas impulsadas desde nuestros juzgados españoles que ayudan a que el servicio público de justicia sea más eficaz.

Miles de juristas denuncian en Twitter la "Justicia tardía" difundiendo providencias con juicios señalados para 2019 Más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, han 'bombardeado' la red social de Twitter con decenas de imágenes en las que denuncian la lentitud de la Justicia y en la que se muestran providencias con juicios por despido señalados para 2019. El aluvión de quejas muestra fragmentos de resoluciones de distintos juzgados españoles, donde se fijan juicios y vistas de conciliación para 2016, 2017...

El Ministerio de Justicia está ultimando su propuesta para revisar el vigente sistema de tasas judiciales impulsado en su momento por este departamento cuando todavía lo dirigía Alberto Ruiz Gallardón. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los planes de Justicia, el Ministerio está preparando una modificación que beneficiará a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.

El alcalde del Partido Popular de la localidad toledana de Gerindote, Julián Morales, tiene el dudoso título de ser el segundo regidor de España al que la Justicia le interviene las cuentas por negarse a ejecutar una sentencia, firme desde 2010(...)tanto despotismo y pasotismo hartaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, finalmente, han dado un golpe en la mesa con la anunciada intervención.

El Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto".

El acoso judicial al que se ve sometido este abogado es proporcional a la lucha que realiza, de forma altruista y cotidiana, en contra de las sentencias que no se ajustan a derecho y comunicaros también que como protesta contra las mismas se manifiesta cada lunes, desde el pasado 4 de agosto de 2014, frente a la Delegación de Justicia de Palencia. Y continuará haciéndolo “sine die” o hasta que se resuelvan estas y otras muchas injusticias que cada día se están originando por los que han elegido y tienen la profesión de hacer justicia.

El PP celebra este domingo en Madrid un nuevo foro titulado Más Justicia, Mejor Sociedad en el que participará el ministro de Justicia, Rafael Catalá, los vicesecretarios Javier Arenas y Carlos Floriano, así como la presidente del partido en la región, Esperanza Aguirre. Todo, en una semana marcada por la misteriosa desaparición del sumario de los ordenadores de Luis Bárcenas.

En sólo dos años se han recaudado 600 millones por tasas judiciales que tenían que haber financiado la justicia gratuita. Pero ni ha sido ni será así, según afirma el Gobierno. Andalucía y Valencia piden financiación y en Madrid se rebela el turno de oficio.

Espacio Público organiza un debate sobre la justicia con importantes especialistas como los también jueces Manuel Ruiz de Lara y Joaquín Bosch, o los abogados Gloria Elizo, Jaume Asens y Antonio Segura. Moderará nuestra compañera Julia Pérez. El punto de partida: la ponencia de Carmena en la web de debate donde propone reinventar la justicia.Deshumanizada, poco independiente, lenta, oscura, burocrática. Así define la jueza Manuela Carmena la justicia en nuestro país en la ponencia que abrió el debate en la página web de Espacio Público.

Demoledor informe. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, pinta un panorama para la justicia andaluza de burocracia, papel y personal mal repartido. “Sigue paralizada la modificación de plantillas y reordenación de efectivos, lo que impide romper con una rígida estructura de trabajo”, denuncia el TSJA en la memoria de 2014 presentada ayer en Granada.

Esta decisión genera jurisprudencia sobre el alcance de la llamada justicia universal después de la reciente reforma legislativa, impulsada por el PP. Los casos del genocidio en el Tíbet y los ataques al movimiento religioso Falung Gong fueron investigados en la Audiencia Nacional y archivados. Los afectados recurrieron ante el Supremo, que ha confirmado el archivo. Relacionada: www.meneame.net/story/varapalo-supremo-ruz-no-razonar-justicia-univers

El subdirector del gabinete de la comisaria de Justicia, Daniel Braun, ha admitido a la Asociación Libre de Abogados, a la Asociación Madres contra la Represión y a Izquierda Unida que no descarta llevar a España ante la Justicia europea por no cumplir las directivas relativas al derecho de traducción e interpretación y la de derecho de información en los procesos penales de 2010 y 2012.

El goteo incesante de resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE para tratar de esclarecer las dudas acerca de la legalidad del sistema hipotecario español sigue su curso. Esta mañana, el abogado general Szpunar, ha dictado unas conclusiones en las que propone al Tribunal de Justicia que en su futura sentencia respalde nuevamente a los deudores hipotecarios.

Ayelet Shaked es la nueva ministra de Justicia de Israel. Es ingeniera informática y está considerada la parlamentaria más bella del país. Pero también está siendo noticia por sus polémicas declaraciones o propuestas de leyes con las que ha tratado de debilitar al Tribunal Supremo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, trató de impedir que Shaked se hiciera con la cartera de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la difusión de imágenes de los detenidos, conocida popularmente como la 'pena de telediario'.Así lo ha trasladado el titular de Justicia a representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. No es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos.

El PSOE, al que corresponde el departamento de Presidencia, Justicia e Igualdad, ha colocado al frente de la Dirección General de Justicia a Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, una funcionaria que durante su etapa como secretaria general del Servicio Canario de Salud estuvo imputada por los escándalos en los concursos públicos de los servicios de ambulancias y de hemodiálisis.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "posiblmente, el proyecto sí fue megalómano", en referencia a la Ciudad de la Justicia. Además ,ha apuntado que "no fue una medida que estuviera en el programa" y que se puso en marcha por la petición de "todos los estamentos de la Justicia".

El Campus de Justicia de Madrid continúa dando que hablar. A los 105 millones de euros malogrados y al contrato con el arquitecto Norman Foster que no aparece, hay que sumarle un nuevo frente: la utilización de la sociedad que desarrollaba el complejo para contratar informes sin utilidad. Los datos y la disposición de dicho informe son idénticos a los publicados en la página 8 del anuario del CGPJ de 2011 'La justicia' dato a dato. Solo cambia el color del gráfico.

El Partido Popular se ha opuesto hoy en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) al Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil para que las ONG medioambientales tengan acceso a justicia gratuita en su labor de defensa de la naturaleza. Como ha explicado el senador socialista Antonio Rodríguez en su defensa de la enmienda, la iniciativa parte de la base de que el incremento de las tasas y cotas de los juicios han tornado “impracticable” el acceso a la justicia para estas ONG, con arcas muy modestas.

Para averiguar cuánto gastaba la administración de justicia en innecesario software propietario he buceado en los presupuestos generales del estado sin hallar partida en ellos en la que se detallen con claridad los gastos en licencias de software que soporta nuestra administración de justicia. Sé que los funcionarios usan Word (y debo presumir que no es software pirata) y sé que los sistemas de gestión procesal usan bases de datos Oracle por cuya renovación de licencias este año se han pagado entre 171.415,47 y 207.412,72 euros.