La Guardia Civil se ratifica en que hay indicios para actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, según publica El País. La UCO considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado que PSOE y Ciudadanos hayan dado "pábulo" al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) para tratar de "embarrar" el "terreno de juego político" y lamenta el "ruido" y el "daño" que le ha provocado este relato "sin fundamento jurídico" de dicho documento de investigación pese a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la propia Fiscalía hayan dicho que "no hay nada" contra ella.

El técnico de la Asamblea de Madrid que realizó el informe a favor de adjudicar la cafetería al Grupo Cantoblanco dijo a la Guardia Civil que desconocía numerosa documentación de la oferta de la competencia, la sociedad Clece, y alegó que no se lo había pasado el Secretario General de la Asamblea. Durante el interrogatorio, la UCO le mostró el documento completo de la oferta de Clece. Isaac Arturo Zubiri García formaba parte del Comité de Expertos para la valoración de las ofertas presentadas junto con la Jefa del Servicio de Relaciones Externa

La Guardia Civil investiga a Yolanda Estrada, concejal del PP de Pozuelo, por el fraccionamiento de contratos. Concretamente,la Guardia Civil investiga las adjudicaciones dadas a las empresas Back RVS Producciones Culturales S.L, Digital Plane S.L y Croma 21 Producciones Técnicas entre los años 2006 y 2014..el Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó a las tres empresas,y en los mismos periodos de tiempo, contratos para cubrir las mismas necesidades..la UCO encontró tres contratos diferentes para el alquiler de sistemas de sonido e iluminación para..

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo este martes contra una presunta trama asentada en la cúpula de UGT en Asturias que desvió fondos del Montepío de la Minería, la mutualidad de los mineros. La operación se está desarrollando en Oviedo y Gijón. La investigación está liderada por la Fiscalía Anticorrupción y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo.

El Congreso de los Diputados ha decidido mayoritariamente instar al Gobierno a aumentar el número de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Lo ha hecho a través de una Proposición No de Ley registrada por Unidos Podemos y que ha contado con el sí de todos los partidos políticos salvo el del Partido Popular, que se ha abstenido, y el PNV, que ha votado en contra.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando esta mañana una batida anticorrupción que afecta a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que abarca numerosos registros y prevé detenciones, según han informado a EL PAÍS fuentes de la investigación

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hacían el seguimiento de Katrin, la mujer del nuevo capo de la Camorra del clan Polverino de Marano, Giuseppe Simioli, alias Petruociolo, dueño y señor del tráfico de hachís de Nápoles, sabían que ese día podía ser crucial. La Guardia Civil ya buscaba a Giuseppe Simioli desde 2009, año en el que el Instituto armado arrestó en Tarragona a Domenico Verde, un jefe de paranza o célula del clan Polverino.

¿Quién sabía que el PP de Rita Barberá llegaba presuntamente 'dopado' a las elecciones? ¿Se barría debajo de alfombra o había consentimiento desde las altas esferas del partido? Esas preguntas son capitales para la investigación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha hecho una valoración al respecto.

La UCO pidió ocho días antes de que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.

El PP de Madrid pagó en negro "y de manera encubierta" a proveedores de los actos de la campaña electoral de 2011. Esta es la conclusión que extrae la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe sobre la trama Púnica aportado a la Audiencia Nacional hace dos días.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado un nuevo informe al sumario del caso Púnica en el que atribuye un delito de tráfico de infuencias a Eduardo Zaplana por haber mediado para que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella contratara los servicios de empresas de imagen y reputación online investigadas en este procedimiento.

El juez Manuel García-Castellón da crédito a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y reactiva la línea de investigación del caso Púnica que compromete a Cristina Cifuentes, actual presidenta madrileña e integrante del comité de expertos que “de manera preconcebida” habría concedido el citado contrato al grupo del empresario Arturo Fernández.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insiste al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, debe ser investigado en el ‘caso Púnica’ por haber mediado entre cargos del PP para que favorecieran a la trama, principalmente a los empresarios investigados David Marjaliza y Alejandro de Pedro.

Los coches de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a luchar contra la corrupción están en una "situación preocupante". La "escasa renovación" de su flota en los últimos años hace que los vehículos de los investigadores acumulen una "excesiva antigüedad" y tengan "averías frecuentes". Todo ello les ha provocado "una clara cobertura incompleta de las necesidades".Esta es la denuncia que han incluido los propios agentes en un escrito remitido al Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar al expresidente

El Ministerio del Interior baraja la posibilidad de remover al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) -el área de la Guardia Civil que por su papel de Policía Judicial persigue los casos de corrupción, entre otras actividades delictivas- para situarlo al frente de un puesto de nueva creación con el que el Gobierno pretende potenciar la investigación de los casi 400 asesinatos de ETA que años después siguen sin resolverse.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practiquen una prueba pericial y analicen los datos de los móviles que fueron obtenidos de los teléfonos del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, respectivamente, para determinar qué juez alertó a los integrantes de la trama 'Púnica' de que estaban siendo investigados, según un auto del que informa vozpopuli.com.

tanto el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón, como las fiscales Anticorrupción, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospechan que el ex dirigente del Partido Popular acumuló una importante fortuna que todavía no han podido detectar y que supera con creces los 1,3 millones encontrados en Suiza.

La UCO rastrea pagos realizados en un club de alterne de Sevilla (Club D’Angelo) con cargo a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corriente de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un organismo de la Junta de Andalucía dedicado a la organización de cursos de formación y al que un juzgado investiga por fraude millonario en la adjudicación de contratos. La juez investiga a la Faffe por adjudicar irregularmente contratos por al menos 9,46 millones.La GC intenta acceder desde julio de 2016 a la documentación

El sumario muestra las intrigas del ex presidente de la comunidad y de su amigo, el ex ministro valenciano, para comercializar diversos productos con la ayuda de un controvertido intermediario financiero. Es la tesis de la UCO (Unidad Central Operativa), de la Guardia Civil