Víctimas de violencia de género hay muchas más de las que aparecen o aparecerán nunca en las estadísticas. Se calcula que un 30% ni siquiera llega a denunciar. Sin embargo, un medidor de cómo evoluciona esta lacra en Castilla y León sobre víctimas que obtienen al año una orden de protección que les aleje de su agresor. Son los casos más graves, los que requieren medidas. Son historias con nombres y apellidos de mujeres cuya seguridad corre riesgo. Cada día cuatro castellanas y leonesas consiguen una orden de protección o una medida cautelar.

El pasado 12 de marzo de 2019 se aprobaron una serie de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Siendo un factor de mucho interés social queremos informar y enunciar sus principales características y novedades.

La confirmación se produjo anoche, ya tarde, tras la reunión mantenida entre la agrupación local de Protección Civil y el concejal de seguridad y emergencias Federico Alarcón. No se llegó a ningún acuerdo por lo que, la totalidad de los voluntarios de Protección Civil de Torrevieja presentaron su dimisión con efecto inmediato.

A pesar de la presión internacional para que nuestro país recogiera una normativa que ampare a trabajadores y funcionarios que denuncian ilegalidades de su empresa,ha tenido que ser Europa la que recogiera esta protección. La regulación europea parte de la premisa de que existe un interés general en que este tipo de situaciones se denuncie y sean de conocimiento público. La directiva se puede trasponer de dos maneras: a regañadientes y copiando literalmente o mejorando las protecciones previstas para los denunciantes..

Google moverá las cuentas y los datos de sus usuarios británicos de servidores en la UE a los EE. UU., colocándolos fuera de las fuertes protecciones de las leyes de privacidad ofrecidas por los reguladores europeos. Esto dejará información personal sensible de decenas de millones no cubiertos por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y, por lo tanto, con menos protección y alcance de la policía británica. UK quedaría dependiente de la “Cloud Act” de EEUU para solicitarles datos. En español: bit.ly/38I0HX2

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Institut Catalá de la Salut (ICS) y a una treintena de entidades sanitarias concertadas que suministren a los médicos equipos individuales de protección frente al COVID-19 para que desempeñen su trabajo "en condiciones de seguridad". En un auto, estima parcialmente la demanda de medidas cautelarísimas que el pasado viernes presentó el Sindicato de Médicos de Cataluña para que se urgiera a las autoridades sanitarias a facilitar a los facultativos equipos de protección individual.

Navarra ha recibido esta mañana un total de 51.000 unidades de protección sanitaria individual -mascarillas médicas, quirúrgicas y ropa de protección- para hacer frente al coronavirus, que han sido donadas por la región china de Gansú, con la cual la Comunidad Foral mantiene relaciones comerciales y de hermandad. Agradecimiento directo: twitter.com/salud_na/status/1244947916478914560 En las cajas nos han dejado un mensaje: "Los malos tiempos traen verdaderos amigos" ¡Muchas gracias, amigos!

Las residencias privadas Ballesol cobran a los mayores material de protección pese a que la Generalitat Valenciana les entregó artículos gratis, Las residencias privadas Ballesol han incluido en la última factura mensual un pago extra de 30 euros para los usuarios en concepto de "gastos que corresponden a la partida por compra de material preventivo para salvaguardar la protección necesaria de los residentes" ante la pandemia de coronavirus.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto cuatro sanciones diferentes a Vodafone España por un importe total de 8,15 millones de euros por la realización de acciones de marketing y prospección comercial a través de llamadas telefónicas y envío de comunicaciones comerciales electrónicas. La Agencia Española de Protección de Datos da un plazo de seis meses a Vodafone España para que acredite que se ha ajustado a lo dispuesto en el Rreglamento y la Ley Organica de Protección de Datos.

Código QR para enseñar en establecimientos donde te pidan el certificado COVID. Si lo escaneas aparece el siguiente mensaje: La protección de Datos personales es un derecho fundamental recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española y regulado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), y la Ley de protección de datos (LOPD) la normativa en protección de datos se complementa con la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, de 14 de noviembre. Si usted insiste en seguir pidiéndome el certificado de vacunación…

A lo largo de 2021 han ocurrido muchas cosas en las empresas y en muchos aspectos hay cuestiones que se han dejado en segundo plano. La protección de datos podríamos decir que ha sido una de ellas si tenemos en cuenta la cantidad de cambios de muchas organizaciones con el teletrabajo, por ejemplo. Por eso 2021 ha sido un año de récord en multas y vamos a ver las 11 sanciones más altas establecidas por protección de datos en el año pasado.

El BOE de hoy recoge una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) que hace pública la lista de empresas que, durante 2021, recibieron multas que suman más de un millón de euros. Son Vodafone (8.150.000 euros), BBVA (cinco millones), EDP (tres millones) y Mercadona (2.520.000 euros). La mayoría de las sanciones son por incumplimiento del Reglamento general de protección de datos (RGPD). La cifra más alta, los más de ocho millones a Vodafone, corresponde al envío de emails publicitarios no solicitados, la transferencia de

El Ministerio del Interior resolverá en 24 horas las peticiones de protección temporal de los ciudadanos ucranianos, que incluyen la autorización de residencia y trabajo, y pueden solicitarse desde este jueves en comisarías y centros de recepción habilitados.Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden firmada por el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, entra en vigor el mismo día de su publicación y establece que las solicitudes de protección temporal se tramitarán mediante

La población ucraniana que huye de la guerra recibe en Suiza el estatus de protección «S», que hasta ahora nunca se había utilizado. Suiza muestra así una apertura sin precedentes, que la profesora de Derecho de la Universidad de Friburgo Sarah Progin-Theuerkauf aplaude. En Suiza, de momento, han acudido a registrarse más de 3.100 víctimas de la guerra, pero la Confederación está dispuesta a acoger con los brazos abiertos a unas 60.000 personas. El viernes (11 de marzo) el Consejo Federal (Gobierno) decidió concederles una protección...

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tiene potestad para investigar el posible espionaje por parte del CNI a líderes del procés, como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, a través del software Pegasus. Aseguran que "la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, en su artículo 2, excluye de su aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, una exclusión recogida porque así lo contempla el Reglamento en el margen que deja a los Estados en sus…

Proteccionismo en auge. La guerra y la inflación han llevado a 23 países a recurrir al proteccionismo alimentario. Este fenómeno está creando el caos en los mercados mundiales de alimentos provocado por la guerra en Ucrania, con los gobiernos reprimiendo las exportaciones de productos básicos, incluidos cereales, aceite de cocina y legumbres. El aumento brutal de los precios y, en algunos casos, la amenaza de disturbios sociales han llevado a limitar las ventas en el extranjero o establecer restricciones, como impuestos o cuotas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. La norma autonómica sustituirá a la actual, en vigor desde 1995, para actualizar e incorporar las nuevas realidades en relación con la protección de los intereses