Cuando la generación nacida en los 90 se pregunte dónde terminó el dinero procedente del plan de recuperación económica más ambicioso de la historia, quién se embolsó los miles de millones del fondo ‘Next Generation’, probablemente haga arder alguna de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Especialmente el edificio de PriceWaterhouseCoopers, expresión megalómana del Gobierno de las ‘Big Four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC).

Ningún sector parece escapar de la lupa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el pasado noviembre las Big Four fueron sorprendidas con la visita de los inspectores. La redada afectó, de forma simultánea, a Deloitte, PwC, EY y KPMG y buscaba realizar un control horario. Así, el organismo dependiente de la cartera liderada por Yolanda Díaz, Trabajo y Economía Social, continúa persiguiendo la vulneración de las jornadas laborales que, es de sobra conocido, tiene lugar en el sector de la consultoría.Hasta 80 horas semanales se alcanzaban

"Tenemos que analizarlo con calma, pero sería deseable que se entendieran los matices de un modelo como el nuestro. No pueden aplicarse a una firma de servicios profesionales los mismos criterios en relación con las horas que a una fábrica"

Ha pasado casi un año desde que la Inspección de Trabajo empezara a investigar en España a las cuatro grandes consultoras tecnológicas (Deloitte, PwC, KPMG y EY) por incumplimiento en los horarios laborales de sus trabajadores. El organismo ha terminado la investigación y ha empezado a comunicar a las llamadas big four las sanciones que tiene previsto establecer.

Las políticas públicas de emprendimiento vascas pueden sintetizarse en la fábula de una torre situada en el corazón mismo de Bilbao que, mágicamente, solucionará los problemas de innovación de la industria. Desde la energía, la automoción y la manufactura avanzada hasta la gastronomía, con startups sobre 'foodtech'. La realidad es que las nuevas empresas que se moverían rápido para romperlo todo nunca llegaron, solo los costes de levantar un mausoleo a las puertas giratorias entre las grandes consultoras y altos cargos del PNV.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron "engañados", puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio". La causa se inició en la Audiencia Nacional en octubre de 2017.

El magistrado afirma que la ampliación de capital de 2016 se llevó a cabo gracias a la “colaboración” de los auditores al validar una imagen del banco “irreal”. Así, da por acreditado que la información que se emitió al mercado estaba “conscientemente alterada” al no reflejar determinadas provisiones, que “habrían arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados”.