El sector de las residencias de mayores está cada vez más controlado en España por un grupo de empresas privadas en manos de fondos de inversión y de multimillonarios españoles y franceses. También la Iglesia católica gestiona cientos de residencias. Las fundaciones y asociaciones no religiosas y las cooperativas tienen un papel muy limitado, con una única excepción: Gestión de Servicios Residenciales (GSR), una cooperativa del grupo vasco Mondragón que cuando comenzó la pandemia se encargaba de 19 geriátricos.

La residencia Vitalia de Leganés, en la que han fallecido 43 ancianos a falta de un día para que termine el mes de marzo, envió una carta a la Consejería madrileña de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, el pasado día 26 en la que pedía auxilio ya que 49 de sus residentes tenían síntomas de contagio por coronavirus. Cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó el sábado, dos días después, se topó con once cadáveres en su cámara mortuoria abarrotada. Vozpópuli ha tenido acceso a la carta remitida por la directora del centro.

La muerte de 64 ancianos en la residencia Fiella de Tremp (Lleida) llega a los juzgados. La Fiscalía de Lleida ha presentado este jueves en el juzgado de primera instancia de Tremp una denuncia contra el centro por los delitos de homicidio imprudente, trato degradante y contra la seguridad en el trabajo.

El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López, responsable de los centros sociosanitarios y residencias de la región, ha presentado la dimisión por estrictos "motivos de salud". En la carta, remitida al consejero el 19 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, asegura que renuncia al puesto a partir del 30 de junio

El centro ha confirmado este lunes nuevas cifras sobre el alcance del coronavirus.

El PP denuncia el caso y pide a la Junta Electoral que esclarezca las «actuaciones» que la sociedad pública ha adoptado contra el director de la oficina de Correos en el municipio «por su modus operandi ilegal». Señala a este responsable por «no haber procedido a la identificación personal y directa» de los solicitantes del voto por correo ni tampoco en el momento de la entrega de la documentación.

Exactamente 7.578 personas estaban a la espera de tener una plaza en un residencia pública o concertada a través de la Comunidad de Madrid. Una cifra casi cuatro veces superior a la que reconocía ese departamento hace unos días cuando hablaban de unas 2.000 personas. En centros de día la lista de espera es de 3.245 personas y en servicio de ayuda a domicilio de 13.773, mientras que 8.559 personas están pendientes de ser valoradas. Unos números que evidencian que no se está cumpliendo la Ley de Dependencia.

Han muerto varios ancianos, hay múltiples casos de contagio y la plantilla denuncia en un video que no les facilita medios el Gobierno de Aragón, que tomó el control de este geriátrico hace diez días. Dicen que la situación ha ido a peor desde que el Gobierno aragonés tomó el control de este geriátrico privado hace días. El Ejecutivo autónomo dice que el centro «funciona con normalidad» y que está evaluando las necesidades de material de ese geriátrico.

La CIG puso el foco en el hecho de que la consejera de Política Social y los altos cargos del departamento utilicen protección FFP2 en sus comparecencias y visitas protocolarias a centros "donde el personal trabaja en atención directa las 24 horas sólo con máscaras quirúrgicas". Del mismo modo, recordó que el presidente de la Xunta apostó por regularizar el uso de máscaras FFP2 en espacios con riesgo de contagio.

La mayoría de las infracciones, muy graves, tienen que ver con la nula higiene, la falta de personal, el deficiente control alimentario o las inmovilizaciones de ancianos sin prescripción médica.

La gestión privada fue otorgada para 45 años porque se rehabilitó el edificio, del siglo XIX, y todavía quedan 27 años de concesión

Los registros de coronavirus se disparan un 66% en la última semana.

¿Qué pasa cuando no es posible decir adiós? ¿Cuando el momento que habías previsto tantas veces —la despedida, la muerte, la ceremonia del funeral— llega de una forma que parecía inconcebible? Escenarios imaginados que quedan enterrados, de un plumazo, por el coronavirus.

Rondando los 60, a punto de jubilarse y en su mayoría solteras, un grupo de amigas del malagueño barrio de la Victoria se juntaron con un plan: envejecer juntas en comunidad, cómodamente, pero sin perder su independencia. Así nació el primer cohousing de España. Una forma de vida en cooperativa que ya entonces, sin tirar de neologismos, resultaba utópica. Treinta años después, la idea de tomar las riendas del propio envejecimiento sigue resultando revolucionaria.

“Hay quienes se lavan las manos para limpiarlas y quienes lo hacen para ensuciar el agua y eludir sus responsabilidades”. Primero la gente estaba harta de Cataluña y el procés; luego de las idas y venidas del coronavirus y ahora de Madrid: es que solo se habla de eso, dicen, como si en el resto del país no ocurriese nada. Esa incautación de la actualidad es un doble triunfo, aunque sea eventual, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

- Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores. - Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas - El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar. - El Ministerio de Derechos Sociales también coordina las intervenciones de la UME en las residencias de mayores

Un informe sobre las residencias de mayores en Canarias desvela que en varias de estas instalaciones se han encontrado con sarna, ratas, chinches y falta de atención en centros de mayores en Canarias: “La conmoción es indescriptible, ya que no se quiere ver lo que ocurre dentro”, por desgracias tampoco en el resto de España

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha denunciado este viernes que "la nefasta gestión que la Junta de Andalucía está llevando a cabo para el control de la pandemia" del coronavirus "en las residencias de mayores andaluzas ha tenido como resultado que, en los últimos 20 días, 42 mayores hayan fallecido en residencias" de la comunidad.

Los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid han pedido disculpas por los gritos machistas que profirieron."Lo sucedido no representa los valores y la educación que se imparte en nuestro centro, que siempre ha sido ejemplar, consiguiendo lo mejor para todos los que vivimos y han vivido la etapa universitaria en este colegio mayor", han expresado los residentes en una misiva dirigida a las estudiantes del colegio mayor femenino y difundida por la Orden de San Agustín, que gestiona el centro masculino.

Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros. Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas. El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.

Una residencia de mayores de Madrid puso el viernes en la calle a una mujer de 69 años que llevaba casi seis años viviendo en ese centro. Alrededor del mediodía, los sanitarios y trabajadores sociales se encontraron a la mujer sentada en un banco cercano. Fueron avisados por la residencia, el centro Los Nogales Hortaleza, en el este de la capital española. La empresa, una cadena con diez hogares de mayores en Madrid, alega que la mujer era una usuaria problemática que había incumplido el código de conducta.

La Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familiares (Ademaf) envió el pasado domingo un correo electrónico a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia para avisar de que el agua de los grifos de la residencia Parque de los Frailes salía sucia. Los trabajadores dicen que la situación viene desde hace una semana y que ha provocado un brote de gastroenteritis entre los mayores, incluso con derivaciones al hospital.