España se somete este miércoles al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos la ONU que, cada cinco años, evalúa la situación de los 193 Estados Miembros de la ONU para comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones en Derechos Humanos.

La Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público ha confirmado, además, que 5.558 personas han denunciado presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, de las cuales 834 han sido identificadas como menores de edad. De las supuestas víctimas, más de 1.900 han alegado lesiones por arma de fuego.

Las imágenes reflejan la tensión que se vivió en el momento. "¡Mira al nota, mira al nota!", claman los agentes, al mismo tiempo que el coche fugado pierde el control e impacta contra un coche patrulla

La pareja formada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han sufrido un escrache a la puerta de su domicilio protagonizado por una docena de personas que repartían panfletos de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, la misma que convocó la manifestación en las cercanías del Congreso en la que se vivieron momentos de tensión. El motivo era protestar por el rechazo de UP a tramitar la ILP promovida por esta asociación para blindar futuros incrementos salariales.

El anuncio de la suspensión de la Semana Santa en todas las localidades como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus ha golpeado especialmente a los sevillanos, que en estos difíciles días intentan sobrellevar la noticia como mejor pueden

Estos últimos días nos han dejado abundantes documentos gráficos sobre distintas actuaciones policiales en aplicación del estado de alarma. Y en muchas de ellas hemos podido observar un alarmante abuso de poder y brutalidad.

La plataforma antirracista recuerda cinco años después de la aprobación de la Ley Mordaza, que esta ley aún en vigor y que en el marco de la situación de crisis provocada por el COVID19, se está utilizando para imponer cientos de miles de sanciones sin que existan criterios claros para su aplicación

En este informe, publicado este martes por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales del cuerpo, José Antonio Nieto, indicaba los síntomas hoy ampliamente conocidos y advertía de que “en casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte”, citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

astejón pide «ayuda» policial para vigilar la seguridad de la desescalada durante el puente en Cartagena

"Si esto es la 'nueva normalidad' tenemos un serio problema", señalan desde Riders x Derechos.

La Delegación de Gobierno en Madrid desplegará este jueves un dispositivo en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca para hacer cumplir la ley después de que ayer trece vecinos fueran identificados para propuesta de sanción por saltarse la obligación de mantener un distanciamiento social durante la protesta que se produzco ayer contra el Gobierno. "Una cosa son las caceroladas que todo el mundo tiene derecho a manifestarse como quiera, pero otra cosa es incumplir las medidas del estado de alarma".

Juan Antonio González ('JAG'), excomisario general de la Policía Judicial, domicilió hasta el 1 de septiembre de 2014 la empresa Desarrollos Empresariales Cigales SL en un piso de Villarejo. Su acrónimo 'JAG' salió en documentos de la 'Operación Malaya' y constan grabaciones suyas con el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el comisario Villarejo al principio de 'Gürtel'. Tuvo la confianza de los ministros Mayor Oreja (PP) y de los fallecidos Alonso y Rubalcaba (PSOE).

El Gobierno Vasco ha sido condenado al pago de las costas en un procedimiento contra una de las seis personas de Stop Desahucios que fueron sancionadas por tratar de impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de alquiler social del barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. Stop Desahucios considera que esta sentencia es un "jaque mate a la 'Ley Mordaza'" y se pone así "punto y final" a aquella "represalia" del Gobierno Vasco, que hizo una "denuncia falsa", impuso una "sanción desproporcionada" y actuó "como juez y parte".

Pisarello ha avisado de que esta estrategia, que no es nueva, y que se conoce como "lawfare" (en inglés) o "guerra jurídica", consiste en la "utilización espuria de instrumentos jurídicos, no al servicio del Estado de Derecho y los valores garantistas, sino de la persecución y el asedio ilegítimo de los adversarios políticos", como ya se hizo, según ha señalado, con el procedimiento judicial que "contribuyó a destituir" al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Un empresario ha estado 3 años preso, acusado sin pruebas de financiar al yihadismo. La fiscalía se basaba en informes policiales con recortes de prensa, pantallazos de internet y hechos manipulados (por los periodistas o por los policías). El lunes fue absuelto por la Audiencia Nacional. Incluye pantallazos de la sentencia.

La muerte de George Floyd volvió a reavivar en Estados Unidos las protestas por la violencia policial contra la comunidad afroestadounidense. La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que el miércoles salieron de nuevo a las calles de Minnesota, donde se registraron actos de vandalismo, incendios y saqueo de comercios. Floyd, afroestadounidense de 46 años, murió el lunes y un video publicado después lo mostraba con dificultades para respirar en el piso mientras un policía blanco le presionaba el cuello con la ...

El uso de gases lacrimógenos, bastones, gas pimienta, puños, pies y vehículos contra los manifestantes provoca demandas y la condena internacional.

La lucha para romper el muro de negación e indiferencia del estado francés sobre la brutalidad policial radicalizada continúa

Los aprehendidos son los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, y las curadoras Anamely Ramos González y Claudia Genlui Hidalgo. Ramos ya fue liberada, y del resto aún no hay novedades.

La manifiesta desinformación, en forma de ocultación, resulta clave para que muchos ultraderechistas sigan formando parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil –y comandándolas–, ya que la ciudadanía es desconocedora de la verdadera magnitud del problema.

El Supremo confirma que en el montaje acusaron a la mujer de tráfico de drogas y de un delito por atentado con arma de juego por encargo de su exnovio y a cambio de dinero, lo que llevó a la víctima a estar 39 días en prisión.