La Audiencia Nacional ha condenado a la nieta mayor de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú, a abonar 500.000 euros por impuestos impagados a Hacienda después de declarar en el IRPF como ganancia patrimonial 57.000 euros y no el beneficio real, que cifra en más de 6,7 millones. La duquesa Carmen Martínez-Bordiú debió haber declarado esta cantidad al vender en 2006 las 42 participaciones de una inmobiliaria que le había donado su madre. De esta manera, logró engrosar sus cuentas en 9,9 millones de euros. Martónez-Bordiú declaró que los inmu

El escándalo del máster de Carmen Montón esconde vínculos y favores que complican su horizonte si, como todo apunta, el caso termina en los tribunales. En noviembre de 2010, cuando la ya exministra estaba supuestamente cursando el máster en Estudios Interdisciplinares de Género del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que lideraba Leire Pajín (Bibiana Aído era secretaria de Estado de Igualdad en esa cartera) adjudicó un contrato de 399.000 euro

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha sancionado con 17.000 euros a la empresa Libertad Digital por las declaraciones que realizó el periodista Federico Jiménez Losantos sobre los alemanes. En particular, se considera probado que el periodista utilizó expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que pueden incitar al odio y a la discriminación por razón de nacionalidad. El artículo 4.2 de la LGCA establece unos límites a la comunicación audiovisual plural..

Esta historia comienza con unas siglas: F.L. Primera anomalía: la víctima se esconde. F.L. , siguiendo los pasos de otras víctimas de abusos sexuales, envió una carta al papa Francisco. En la carta daba detalles de cómo el sacerdote Don José Manuel Ramos Gordón abusó de él, de su hermano y de otros dos compañeros cuando estudiaban en el Seminario Menor de la Bañeza

La UDEF informa de irregularidades en la concesión de ayudas entre la Junta de Andalucía y la empresa Santana Motor en 2010. Según los agentes, al Administración concedió 36 millones de euros a la empresa jienense para un nuevo modelo de todoterrreno, un vehículo que nunca llegó a fabricarse. Además, tampoco se devolvió esa subvención y la fábrica pese a todo acabó cerrando sus puertas.

La Audiencia Nacional ha ratificado una condena de dos sentencias de 30.000 euros cada uno (60.000 euros en total) que fueron impuestas por la AEPD o Agencia Española de Protección de Datos a dos empresas de telemarketing subcontratadas por Jazztel. Estas se encargaban de realizar llamadas de televenta ofreciendo los servicios de la firma a clientes que incluso habían pedido expresamente que se les excluyera de este tipo de llamadas.