La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), ha denunciado que la "lentitud de reacción" de la...

Las resoluciones, todas ellas firmes, censuraban las "ventajas" que los concursos concedían en forma de puntos añadidos a las empresas que ya eran concesionarias del servicio, así como el perjuicio que ocasionaban a las mercantiles nuevas valorando "insuficientemente" aspectos como las tarifas.

La CNMC prorroga por un año la explotación de una guardería en su sede en Barcelona que adjudicó en 2015 a la empresa Grupo Mis Pollitos SL. Su administradora única fue socia de la esposa de Ignacio González en un negocio de guarderías que el expresidente madrileño pretendía utilizar para blanquear fondos. Competencia dice que es consciente del riesgo "reputacional", pero argumenta que no prorrogar el contrato habría supuesto cancelar el servicio..

Una empresa de cuyo consejo es secretario Andrés Ayala, presidente de la oficina anticorrupción del PP, se adjudica una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Cartagena hasta 2030

La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana señala que, con Ribera Salud, la gestión es más eficiente: más barata para las arcas públicas y con mayor calidad percibida por parte de los pacientes.

Según un informe elaborado por el Observatorio Sostenibilidad, en los próximos 10 años, a 45 centrales les caduca la concesión, que revertirá al Estado a través de las confederaciones hidrográficas. De hecho, ya hay algunos pequeños saltos en el Ebro que han pasado provisionalmente a la confederación de esta cuenca (por un periodo máximo de dos años), a la espera de ver qué hace el Ejecutivo con ellos.

Grupo Sedesa -ese año en manos de Ezentis,pero con control de Vicente Cotino- transfirió al empresario condenado por financiar ilegalmente al PP Enrique Ortiz una parte de Savia Gerocentros. La operación,que no está siendo investigada por la justicia,la financió Bancaja siendo José Luis Olivas -también implicado en las mordidas de Erial- presidente de la caja valenciana.Entre junio de 2010 y noviembre de 2011 Ezentis se hizo con la propiedad de Sedesa sin invertir capital directamente,justo cuando se hizo la operación de venta de las participac

El mercado hipotecario ha acelerado su desplome en julio. Los bancos concedieron préstamos por un importe un 22,3% inferior al del mismo mes del año pasado, un cifra que viene precedida de casi el 21% de descenso de junio.

Las concesiones de autopistas se rigen en España por un principio básico para sus intereses: nada, absolutamente nada podrá alterar el equilibrio financiero de sus contratos. Si las administraciones públicas titulares de las infraestructuras que gestionan modifican con alguna orden o mandato las condiciones de su negocio, tendrán que recibir a cambio una compensación. Y esa reparación consta entre las medidas extraordinarias que el Gobierno central adoptó el 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus

"La colaboración público-privada es fundamental y bien coordinada la gestión, con transparencia y controlada, funciona", ha dicho, para preguntar si "con la crisis sanitaria que tenemos es de verdad el momento de empezar con la reversión de uno de los servicios públicos que ha demostrado ser más eficiente".

El dictador adjudicó el vial con su Gobierno en Meirás para una autopista que se decía tendría hasta moteles y casas de cambio.

HEMEROTECA, noticia del 2018. "Hemos decidido que se libere de peaje", ha anunciado el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista en el diario 'El País', según el cual esta decisión afecta directamente a tres autopistas (AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total. Además, según el rotativo, crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021.

España no dispone de un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones. Este registro mantendrá actualizada la información de las explotaciones para la gestión de los datos de estas centrales, automatizará toda modificación en los certificados y las inscripciones del Registro de Aguas y tendrá actualizado en tiempo real la situación de los embalses, captaciones de agua y sus diferentes usos. Es el caso de la presa de Ricobayo (Zamora). Su concesión caducaba en el 2010, pero fue ampliada en 1990 sin que se publicara en BOE.

Néstor Rego recuerda que la Unión Europea consideró "ilegales" las prórrogas de PSOE y PP y asegura que los nacionalistas no pararán hasta "conseguir acabar con esta estafa"

Trasladará este viernes su propuesta completa a Pedro Sánchez y, si el Gobierno insiste en rechazarla, la propondrá en el Congreso en busca del apoyo de otros partidos.

La Comisión de Evaluación Financiera, con la que la Comunidad esquiva el control de la Oficina Nacional de Evaluación, será la encargada de medir la rentabilidad de proyectos como la Ciudad de la Justicia.

El de los puertos deportivos es un negocio abstruso envuelto en una maraña legal. Ocupan dominio público, por lo que tienen que operar con una concesión. Además, se superponen legislaciones de Costas y de Puertos. Para terminar de complicarlo, los puertos deportivos son competencia autonómica, pero el dominio público es estatal. En 1988 la Ley de Costas estableció un plazo general de 30 años que venció en julio de 2018. En general, los puertos han seguido operando bajo las interpretaciones legales que más les favorecen.

La ley ‘olvida’ que desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta la promulgación de la Constitución Española en diciembre de 1978 pasan tres años en los que Juan Carlos I es el jefe del Estado,un periodo en el que el rey emérito tomó decisiones que ahora se han reconocido ilegales porque reconocían y exaltaban a Franco y al franquismo.El ejemplo más claro está en la supresión de títulos nobiliarios. Solo llevaba seis días como jefe del Estado cuando Juan Carlos I dió muestras públicas de afecto y reconocimiento a Carmen Polo y Carmen Fr

Vox presiona para entrar en el Ejecutivo y allá donde no lo consigue, los acuerdos programáticos con el PP evidencian que los de Feijóo asumen el marco ideológico impuesto por Vox para llegar al poder. En Baleares, el caso del adoctrinamiento en las aulas, la derogación de la ley de Memoria, la autorización de menores en las corridas de toros o la supresión de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. La "violencia de género", que aparece en múltiples ocasiones en el programa del PP, desaparece en el documento firmado con Vox